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Año XIII, 29 de noviembre de 2021

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Gobierno insiste en persecución policial contra el pueblo mapuche

Después de una nueva sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, los parlamentarios resaltaron que se estén considerando elementos políticos para tratar el conflicto. No obstante, desde el Ejecutivo se mantienen firmes en la postura de mantener la presencia policial para, a su juicio, frenar la violencia.

Tania González

  Miércoles 30 de noviembre 2016 20:09 hrs. 
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La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado continuó con el análisis de las políticas y medidas adoptadas para hacer frente a los actos de violencia asociados al denominado conflicto mapuche, en las regiones del Biobío y La Araucanía.

A la sesión secreta fue invitado nuevamente el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, para dar cuenta de las operaciones de la institución. También participaron el Ministro del Interior, Mario Fernández, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott y fiscales regionales, más representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia Drogas e Investigación Criminal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador por La Araucanía (PPD) Eugenio Tuma destacó dentro de los temas que no fueron tratados con reserva en la instancia, el que Carabineros reconociera factores del conflicto que no pueden ser resueltos por las fuerzas de orden, sino por decisiones políticas del Estado.

“En Carabineros están considerando también otras razones por las cuales tenemos un conflicto en La Araucanía que no necesariamente es la violencia. Señalan que unas de las razones pueden ser la mayor preparación de los jóvenes indígenas, el mayor compromiso con su cosmovisión, la presencia masiva de forestales que dañan las fuentes de agua y los recursos hídricos de las comunidades, el deterioro de la biodiversidad, la falta de representación indígena en distintos niveles. Esta visión es nueva y no la conocíamos desde Carabineros”.

Asimismo, el parlamentario puso en relieve la versión de la Fiscalía en orden a que particularmente en la región de la Araucanía, el estándar de pruebas que los tribunales solicitan es más alto para los policías y persecutores en relación a hechos de violencia.

El senador Tuma sostuvo que el Ministerio del Interior mantiene su postura de que a través de la persecución policial y el aislamiento a los violentistas, se puede bajar el nivel de hechos de violencia, no obstante, a su parecer el conflicto sigue latente.

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe, integrante de la Comisión Especial de Seguridad, se refirió a las iniciativas legales que se están planteando en las reuniones con fuerzas de orden público.

“La creación de un estatuto de protección de víctimas y testigos, porque hemos tenido casos de testigos que están amenazados, por lo que se pierde un elemento de prueba en los juicios. En segundo lugar, una modificación a la Ley Antiterrorista para darle más facultades que incluso las que tienen hoy los policías, las que asignamos en la Agenda Corta Antidelincuencia con agentes encubiertos y otros”.

También se le pidió al Gobierno que le pusiera suma urgencia al proyecto de Dilación de Audiencia que está en tercer trámite legislativo, en Comisión Mixta, y que evitaría el aplazamiento de los juicios.

En base a este trabajo de las autoridades y al realizado en el pasado,  el werkén de la comunidad autónoma Temucuicui, Jorge Huenchullán, expuso que el trato hacia los pueblos originarios se ha limitado a mesas de trabajo asistencialistas, ajenas a las demandas de las comunidades.

“Las visitas que han hechos los ministros a la zona son de reuniones con los policías y con el Consorcio Agrícola o el Forestal, a ellos se les ha puesto atención. Aquí han venido a colocar cámaras de vigilancia, implementar equipos tecnológicos para perseguir mapuche, traer más inteligencia y más policías para militarizar territorio mapuche. Ese ha sido el actuar de este Gobierno y de los anteriores”.

El dirigente mapuche además criticó la propuesta del Ejecutivo de indemnizar a las familias de víctimas de violencia rural, puesto que en su opinión, son causas inventadas por los dueños de fundos para que les compren tierras, abandonar y comprar en otros lugares.