Diario y Radio U Chile

Año XII, 19 de septiembre de 2020

Escritorio MENÚ

Exigen aprobación de proyecto de ley que reconoce la violencia obstétrica

La urgencia de la situación de las mujeres que sufren este tipo de violencia, ha provocado todo un movimiento a favor de que se visibilice la violencia obstétrica y que exista una ley que las proteja de las vulneraciones en esta materia.

Victoria Viñals

  Martes 24 de enero 2017 15:27 hrs. 





En diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos incorporó por primera vez en su informe anual, un capitulo dedicado exclusivamente a la violencia obstétrica. A partir del caso de Lorenza Cayuhán, se analiza esta materia para concluir que es una situación preocupante y que Chile debe adoptar medidas para resguardar los derechos de las mujeres en esta área.

“Este caso sintetiza varios problemas de derechos humanos preocupantes. Por un lado, el de la deshumanización del sistema carcelario, que impacta, en este caso, a una mujer embarazada. Por otro lado, las condiciones del parto de Lorenza permiten revisar el tema menos discutido en Chile, de la violencia hacia las mujeres que, en el marco del embarazo, el parto y el puerperio, ejercen los agentes de salud (…) La violencia hacia las mujeres en el ámbito de la salud tiene múltiples expresiones, y se da en ámbitos de especialidad variados, entre ellos, por ejemplo, en las consultas ginecológicas o en la atención obstétrica. En este último ámbito se ha comenzado a estudiar la violencia durante el proceso reproductivo y las formas y consecuencias que esta adquiere”, se lee en el informe.

La urgencia de la situación de las mujeres que sufren este tipo de violencia, ha provocado todo un movimiento a favor de que se visibilice la violencia obstétrica y que exista una ley que las proteja de las vulneraciones en esta materia.

La sociedad civil organizada en la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento, acaba de elevar una petición en change.org para exigirle al Estado que se comprometa con este tema.

“Nos parece que esta situación requiere el máximo interés de toda la sociedad civil, del Estado y de quiénes estén involucrados directamente en su atención sanitaria. La violencia obstétrica, es violencia de género y una vulneración de los derechos humanos fundamentales de mujeres y niños/as (…) Exigimos que en nuestro país, así como lo han hecho Venezuela, Argentina y México, exista una ley que establezca los derechos de la mujer gestante en relación con su atención antes, durante y después del parto, y modifique el código penal para sancionar la violencia obstétrica”, puede leerse en la causa.

“Estamos trabajando desde mediados del 2016 con un grupo de parlamentarios en un nuevo proyecto de ley. El que actualmente duerme en el Congreso, es un proyecto que trabajaron dos diputadas pero que no se trabajó con nadie de la sociedad civil. Además, es por si mismo, un proyecto débil”, explica Gonzalo Leiva, director del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO-Chile)

El 28 de enero de 2015 fue presentado el proyecto de ley que establece los derechos de la mujer embarazada en relación con su atención antes, durante y después del parto, y modifica el Código Penal para sancionar la violencia obstétrica. El proyecto presentado por dos diputadas de la Nueva Mayoría pasó, el 4 de marzo de ese año, a la Comisión de Salud de la Cámara para su primer trámite constitucional. Desde ese día, el proyecto se encuentra dormido en el Congreso a la espera de que los parlamentarios se decidan a discutirlo, o como sostienen desde la Coordinadora, que se presente un proyecto de ley de mejor calidad y que cuente con la participación de la sociedad civil.

El matrón y activista por los derechos del nacimiento explica que el proyecto ha sido creado íntegramente por la Coordiadora que agrupa a 11 organizaciones sociales vinculadas a los derechos de las mujeres y el nacimiento. Para la realización de este proyecto han contado con la asesoría legislativa de los senadores Carolina Goic y Ricardo Lagos Weber.

Respecto a la necesidad de crear una petición que promueva un proyecto de ley que reconozca la violencia obstétrica, Gonzalo Leiva señaló que urge visibilizar este asunto en tanto se han encontrado con algunas dificultades.

“Nosotros como coordinadora sabemos que hay grupos de presión que están tratando de evitar que se promulgue este proyecto, pero creemos que son grupos que primero no han leído el proyecto de ley, y si lo han leído, honestamente no entendemos por qué están haciendo esto. El proyecto no busca perseguir a ningún profesional de manera individual. O sea, si un profesional comete una negligencia médica, hoy día existen los mecanismos para que sea perseguido judicialmente. Entonces nosotros no estamos generando un proyecto de ley en ese enfoque, el foco es garantizar los derechos de las mujeres dentro de instituciones públicas y privadas”, apunta.

En este sentido, el proyecto de ley en el que trabaja la Coordinadora se orienta a establecer sanciones no a las personas individuales, sino que a las instituciones. Esto en el entendido de que la violencia obstétrica es algo que supone un problema sobre todo estructural, relacionado con la forma de entender el nacimiento.

La deuda contraída por el Estado 

Entre el 6 y el 10 de junio de 2016 se desarrolló en Santiago la sesión extraordinaria número 158 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La instancia contempló nueve reuniones públicas donde organizaciones de distintas regiones de América Latina expusieron temas de derechos humanos. En esa oportunidad, un grupo de mujeres activistas de esta causa se reunieron con los comisionados para hacer presente la delicada situación que enfrentan las mujeres en Chile durante sus embarazos, partos y puerperios, que se materializa en las prácticas de violencia obstétrica.

Margarette May Macaulay, la comisionista jamaicana que presidió la reunión, se mostró impresionada de que en Chile no existiera protección a las mujeres en esta materia y aseguró que la CIDH había enviado en reiteradas oportunidades recomendaciones que afirmaban que se trataba de un problema de salud pública urgente de resolver.

Si bien es cierto que durante la última década nuestro país ha dado pasos importantes en materia de resguardo y respeto de las mujeres, aprobándose la ley que penaliza el femicidio y el establecimiento del post natal de cinco meses y medio, en materia de violencia obstétrica no ha ocurrido prácticamente nada de parte del Estado.

También es verdad que actualmente existen algunos derechos de la mujer embarazada, pero estos  se encuentran dispersos en distintos cuerpos normativos, sin la organicidad y sistematización necesaria para un asunto de esta relevancia. A esto se le suma la inexistencia legal absoluta del concepto violencia obstétrica en nuestra legislación.