En la Comisión Nacional de Acreditación defienden el proceso con el que la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología obtuvo, en 2016, los dos años de certificación pública, a pesar de que actualmente las máximas autoridades académicas evalúan vender inmuebles para saldar la deuda superior a los mil millones de pesos que tiene la casa de estudios.
El miembro del directorio de Fundación 2020, Mario Waissbluth, cuestionó además algunos antecedentes arrojados por el informe del organismo de acreditación, en el que se identifican, entre otros problemas de la Universidad Iberoamericana, el que no se añade un plan de mejoras para superar las debilidades detectadas en la autoevaluación y que existe una disminución en el número de estudiantes.
“Los puntajes van a la baja, hay carreras que ya no tienen matrículas o que tienen una matrícula mínima, hay deterioro financiero, cada vez hay menos alumnos de ciertos niveles que se quieren matricular, cada vez tienen menos plata, entonces la falencia de la universidad era casi la crónica de una muerte anunciada”, dijo.
Waissbluth se inclinó porque se renueve el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación se haga obligatoria, además de que exista una Superintendencia encargada de fiscalizar el buen funcionamiento de dicho sistema.
En ese sentido, dijo esperar que esos proyectos revivan en el Congreso, en el marco de las reformas comprometidas por el Gobierno: “En 2005 se trató que la acreditación fuera obligatoria y la derecha se opuso con virulencia. No pasó así por el Congreso, porque había que dejar que el mercado operara. Si estás matriculado, no vas a perder un año o tres años de estudio, de vida y la plata para irte a otra universidad, los alumnos están atrapados por esta oferta libertina”.
En el estudio de otros informes de la Comisión Nacional de Acreditación sobre universidades que obtuvieron la certificación por dos años, igual que la Iberoamericana, se puede observar que la Universidad Gabriela Mistral también obtiene una venia cuestionable.
Esta última no exhibe avances en la acreditación de carreras y hay un detrimento continuo en el puntaje de selección universitaria: en 2012 era de 550 puntos, mientras que en 2016, de 504. Además, tiene una delicada situación financiera, pues en los últimos tres años registra déficits que para 2015 superan los seis mil millones de pesos, consecuencia de la disminución de la matrícula.
Al respecto, la experta del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Carolina Guzmán, opinó que si bien muchos planteles no son selectivos y la acreditación es voluntaria, es evidente que algunos se someten al proceso con el objetivo de obtener fondos públicos para sobrevivir, al igual que con fines lucrativos se dedican a atraer estudiantes.
En esa línea, la doctora en Educación enfatizó en que hay responsabilidades de la Comisión Nacional de Acreditación y del ministerio de Educación, al faltar instrumentos para prever lo que sucederá en un futuro inmediato con estas instituciones mal diagnosticadas: “El Estado le está fallando a los jóvenes y luego se producen problemas como los de la Universidad del Mar, hace poco la Universidad Arcis, ahora la Universidad Iberoamericana. ¿Qué hacemos con estos estudiantes, que son ciudadanos con derechos que el Estado tendría que garantizar y parece ser que cuando interviene, lo hace bastante tarde? Creo que se podrían tomar cartas en el asunto mucho antes”.
Carolina Guzmán criticó que la Comisión Nacional de Acreditación se justifique con que no puede fiscalizar, pues para ella el problema se sitúa en los diagnósticos, es decir, que no se logren considerar todos los antecedentes o se solicite mayor información a los planteles. Así, actualmente se estaría confiando en que las casas de estudios logren superar sus deudas en dos años.
Muchas instituciones de educación superior no obtuvieron la acreditación y entre los motivos que se repitieron para negársela fueron que en sus inversiones han priorizado edificios en lugar de equipamiento académico, presentan deficiencias asociadas a disponibilidad de recursos bibliográficos y espacios físicos, ausencia de carreras acreditadas y falta de profesionales a cargo del aseguramiento de la calidad. Incorrecciones que se pueden equiparar con aquellas que luego terminan dejando a miles de alumnos, profesores y funcionarios a la deriva.
En la Comisión Nacional de Acreditación defienden el proceso con el que la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología obtuvo, en 2016, los dos años de certificación pública, a pesar de que actualmente las máximas autoridades académicas evalúan vender inmuebles para saldar la deuda superior a los mil millones de pesos que tiene la casa de estudios.
El miembro del directorio de Fundación 2020, Mario Waissbluth, cuestionó además algunos antecedentes arrojados por el informe del organismo de acreditación, en el que se identifican, entre otros problemas de la Universidad Iberoamericana, el que no se añade un plan de mejoras para superar las debilidades detectadas en la autoevaluación y que existe una disminución en el número de estudiantes.
“Los puntajes van a la baja, hay carreras que ya no tienen matrículas o que tienen una matrícula mínima, hay deterioro financiero, cada vez hay menos alumnos de ciertos niveles que se quieren matricular, cada vez tienen menos plata, entonces la falencia de la universidad era casi la crónica de una muerte anunciada”, dijo.
Waissbluth se inclinó porque se renueve el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación se haga obligatoria, además de que exista una Superintendencia encargada de fiscalizar el buen funcionamiento de dicho sistema.
En ese sentido, dijo esperar que esos proyectos revivan en el Congreso, en el marco de las reformas comprometidas por el Gobierno: “En 2005 se trató que la acreditación fuera obligatoria y la derecha se opuso con virulencia. No pasó así por el Congreso, porque había que dejar que el mercado operara. Si estás matriculado, no vas a perder un año o tres años de estudio, de vida y la plata para irte a otra universidad, los alumnos están atrapados por esta oferta libertina”.
En el estudio de otros informes de la Comisión Nacional de Acreditación sobre universidades que obtuvieron la certificación por dos años, igual que la Iberoamericana, se puede observar que la Universidad Gabriela Mistral también obtiene una venia cuestionable.
Esta última no exhibe avances en la acreditación de carreras y hay un detrimento continuo en el puntaje de selección universitaria: en 2012 era de 550 puntos, mientras que en 2016, de 504. Además, tiene una delicada situación financiera, pues en los últimos tres años registra déficits que para 2015 superan los seis mil millones de pesos, consecuencia de la disminución de la matrícula.
Al respecto, la experta del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Carolina Guzmán, opinó que si bien muchos planteles no son selectivos y la acreditación es voluntaria, es evidente que algunos se someten al proceso con el objetivo de obtener fondos públicos para sobrevivir, al igual que con fines lucrativos se dedican a atraer estudiantes.
En esa línea, la doctora en Educación enfatizó en que hay responsabilidades de la Comisión Nacional de Acreditación y del ministerio de Educación, al faltar instrumentos para prever lo que sucederá en un futuro inmediato con estas instituciones mal diagnosticadas: “El Estado le está fallando a los jóvenes y luego se producen problemas como los de la Universidad del Mar, hace poco la Universidad Arcis, ahora la Universidad Iberoamericana. ¿Qué hacemos con estos estudiantes, que son ciudadanos con derechos que el Estado tendría que garantizar y parece ser que cuando interviene, lo hace bastante tarde? Creo que se podrían tomar cartas en el asunto mucho antes”.
Carolina Guzmán criticó que la Comisión Nacional de Acreditación se justifique con que no puede fiscalizar, pues para ella el problema se sitúa en los diagnósticos, es decir, que no se logren considerar todos los antecedentes o se solicite mayor información a los planteles. Así, actualmente se estaría confiando en que las casas de estudios logren superar sus deudas en dos años.
Muchas instituciones de educación superior no obtuvieron la acreditación y entre los motivos que se repitieron para negársela fueron que en sus inversiones han priorizado edificios en lugar de equipamiento académico, presentan deficiencias asociadas a disponibilidad de recursos bibliográficos y espacios físicos, ausencia de carreras acreditadas y falta de profesionales a cargo del aseguramiento de la calidad. Incorrecciones que se pueden equiparar con aquellas que luego terminan dejando a miles de alumnos, profesores y funcionarios a la deriva.
En la Comisión Nacional de Acreditación defienden el proceso con el que la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología obtuvo, en 2016, los dos años de certificación pública, a pesar de que actualmente las máximas autoridades académicas evalúan vender inmuebles para saldar la deuda superior a los mil millones de pesos que tiene la casa de estudios.
El miembro del directorio de Fundación 2020, Mario Waissbluth, cuestionó además algunos antecedentes arrojados por el informe del organismo de acreditación, en el que se identifican, entre otros problemas de la Universidad Iberoamericana, el que no se añade un plan de mejoras para superar las debilidades detectadas en la autoevaluación y que existe una disminución en el número de estudiantes.
“Los puntajes van a la baja, hay carreras que ya no tienen matrículas o que tienen una matrícula mínima, hay deterioro financiero, cada vez hay menos alumnos de ciertos niveles que se quieren matricular, cada vez tienen menos plata, entonces la falencia de la universidad era casi la crónica de una muerte anunciada”, dijo.
Waissbluth se inclinó porque se renueve el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación y la acreditación se haga obligatoria, además de que exista una Superintendencia encargada de fiscalizar el buen funcionamiento de dicho sistema.
En ese sentido, dijo esperar que esos proyectos revivan en el Congreso, en el marco de las reformas comprometidas por el Gobierno: “En 2005 se trató que la acreditación fuera obligatoria y la derecha se opuso con virulencia. No pasó así por el Congreso, porque había que dejar que el mercado operara. Si estás matriculado, no vas a perder un año o tres años de estudio, de vida y la plata para irte a otra universidad, los alumnos están atrapados por esta oferta libertina”.
En el estudio de otros informes de la Comisión Nacional de Acreditación sobre universidades que obtuvieron la certificación por dos años, igual que la Iberoamericana, se puede observar que la Universidad Gabriela Mistral también obtiene una venia cuestionable.
Esta última no exhibe avances en la acreditación de carreras y hay un detrimento continuo en el puntaje de selección universitaria: en 2012 era de 550 puntos, mientras que en 2016, de 504. Además, tiene una delicada situación financiera, pues en los últimos tres años registra déficits que para 2015 superan los seis mil millones de pesos, consecuencia de la disminución de la matrícula.
Al respecto, la experta del Centro de Investigación Avanzada en Educación, Carolina Guzmán, opinó que si bien muchos planteles no son selectivos y la acreditación es voluntaria, es evidente que algunos se someten al proceso con el objetivo de obtener fondos públicos para sobrevivir, al igual que con fines lucrativos se dedican a atraer estudiantes.
En esa línea, la doctora en Educación enfatizó en que hay responsabilidades de la Comisión Nacional de Acreditación y del ministerio de Educación, al faltar instrumentos para prever lo que sucederá en un futuro inmediato con estas instituciones mal diagnosticadas: “El Estado le está fallando a los jóvenes y luego se producen problemas como los de la Universidad del Mar, hace poco la Universidad Arcis, ahora la Universidad Iberoamericana. ¿Qué hacemos con estos estudiantes, que son ciudadanos con derechos que el Estado tendría que garantizar y parece ser que cuando interviene, lo hace bastante tarde? Creo que se podrían tomar cartas en el asunto mucho antes”.
Carolina Guzmán criticó que la Comisión Nacional de Acreditación se justifique con que no puede fiscalizar, pues para ella el problema se sitúa en los diagnósticos, es decir, que no se logren considerar todos los antecedentes o se solicite mayor información a los planteles. Así, actualmente se estaría confiando en que las casas de estudios logren superar sus deudas en dos años.
Muchas instituciones de educación superior no obtuvieron la acreditación y entre los motivos que se repitieron para negársela fueron que en sus inversiones han priorizado edificios en lugar de equipamiento académico, presentan deficiencias asociadas a disponibilidad de recursos bibliográficos y espacios físicos, ausencia de carreras acreditadas y falta de profesionales a cargo del aseguramiento de la calidad. Incorrecciones que se pueden equiparar con aquellas que luego terminan dejando a miles de alumnos, profesores y funcionarios a la deriva.
