El tribunal de Garantía de Calama condenó a nueve gendarmes por apremios ilegítimos contra internos del penal de dicha ciudad. De acuerdo a lo estipulado los delitos se desarrollaron durante el 2013, pero se habrían conocido recién un año después cuando se filtró un vídeo en el que se explicitaban las golpizas.

La querella contra 16 funcionarios de Gendarmería fue interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) de Antofagasta, el 15 de marzo de 2016, luego de que se hiciera una revisión de los casos pendientes que había en la Región.

Karen Lagues, jefa regional de la sede del INDH en Antofagasta, explica que luego de la investigación, que duro poco más de un año, se logró comprobar que durante las protestas dentro del penal, hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de Gendarmería. Según señalan desde el Instituto, los internos fueron controlados mediante descargas de gas pimienta, golpes de puño y pies, uso de bastones y disparos hacia el interior de los pasillos. En la ocasión resultaron lesionados 22 reos, de los cuales 11 quedaron con heridas de mayor gravedad.

Los nueve gendarmes fueron sentenciados a pena remitida por 61 días e inhabilitados para ejercer cargos públicos por el periodo que dura la condena, mientras que los otros siete imputados todavía se encuentran en proceso.

Violencia para controlar

Lo ocurrido en Calama se suma a una lista de denuncias hacia los funcionarios de Gendarmería.  Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de amparo presentados por 16 internos de la cárcel Colina II, quienes fueron golpeados durante operativos de allanamiento. El tribunal ordenó liberar el informe de la investigación  interna que la institución abrió para esclarecer las agresiones que tuvieron lugar en febrero pasado. Además, el Instituto de Derechos Humanos de Arica presentó una querella contra tres gendarmes de la ciudad por torturas generadas a un interno.

La jefa regional de la sede del INDH en Antofagasta advirtió que aunque no se puede hablar de una práctica institucionalizada, si existe una repetición del uso de la fuerza hacia los reos. Según señala, como organismo reciben constantes denuncias de familiares de internos por maltratos de gendarmes. Ante las acusaciones, el INDH debe recopilar los antecedentes para evaluar una posible querella.

Para Karen Lagues, “la violencia en la sociedad en general está muy validada. Su uso como mecanismo de control, de coerción y del ejercicio de un poder es algo que tenemos muy enraizado como cultura. Sobre todo en las institucionalidades donde el deber es el resguardo, la custodia o la seguridad del orden público. En ese sentido se utiliza la violencia como un modo de control, de poder, de establecer un orden”.

Joe González, presidente de la Asociación de Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (ANSOG), no cree que entre los gendarmes exista la idea de que la violencia es un mecanismo de control, ya que el problema tiene que ver con la falta de instrumentos y la precarización del trabajo.

“Las herramientas con las que contamos para contener a la población penal son muy paupérrimas. Lamentablemente todavía funcionamos un poco en la prehistoria en materia penitenciaria. Acá no tenemos un desarrollo de estos métodos entonces muchas veces se usa la fuerza para contener a la población penal. Nosotros quisiéramos que hubiese una inversión más profunda en las cárceles chilenas que nos permitiesen contar con tecnología de punta para enfrentar de mejor manera situaciones de crisis, tanto para cautelar la integridad física de los propios funcionarios como de la población penal”, manifestó el presidente de ANSOG.

Por su parte, Andrés Segovia, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), indica que además del déficit en infraestructura carcelaria, falta preparación y capacitación para potenciar a los trabajadores en materia de DDHH. “Es lamentable ver como el personal de Gendarmería queda abandonados cuando hay denuncias en los tribunales. A nosotros nos preocupa que la institución y el Ministerio de Justicia fortalezcan este tema a través de la creación de áreas y departamentos, pero no lo hagan mediante programas que incidan en el personal y en los internos”, declaró Segovia.

Karen Lagues explica que para revertir estas situaciones se debe partir por desmitificar el uso de la violencia como la única forma para obtener control y reguardo, principalmente hoy debido a la nueva legislación promulgada en noviembre del año pasado, que tipifica el delito de tortura y aumenta sus penas. La jefa regional del INDH comentó que si los gendarmes de Calama hubiesen sido juzgados de acuerdo a la nueva Ley, probablemente habrían arriesgado penas de cárcel efectiva.

Andrés Segovia, cree que a pesar de las leyes y políticas que se han planteado al respecto, realmente no se han realizado esfuerzos contundentes desde el Estado para evitar esta violencia. El vicepresidente de ANFUP señala que antes del incidente en la cárcel de San Miguel en el 2010, cuando murieron los internos quemados y asfixiados por el incendio, prácticamente no se mencionaban los DDHH dentro del sistema penitenciario. Posteriormente, estalló la situación de los reos, el hacinamiento y la precariedad de las cárceles.

“Después de lo que pasó en San Miguel se instaló el tema de los DDHH, pero sin las condiciones que el Estado tiene que tener o dar hacia el sistema para que se pueda implementar una política responsable. No están las condiciones ni para los reos, ni para los gendarmes, no está la infraestructura. Esa es la contradicción que nosotros enfrentamos”, agrega Segovia.