Los afectados fueron golpeados por funcionarios de Carabineros, fotografiados y sus imágenes difundidas en redes, señalándolos como responsables de participar en una encerrona, que terminó con el sargento José Miguel Villegas en riesgo vital.
Jan Jarab, representante en América del Sur del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, recalcó la importancia de que no quepa “lugar a las posturas de actores políticos que buscan restringir el mandato” del Instituto.
Quién presidirá la instancia será Antonia Urrejola, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quién identificó la necesidad de revisar la “gobernanza” y “financiamiento” del organismo.
El instituto pide conocer los protocolos que detallarán las medidas y/o normas que se seguirán en este procedimiento, si existe catastro de NNA afectados, y cuáles serán las disposiciones de Carabineros de Chile.
A través de su Informe Anual 2024, el organismo cuestiona el avance de la estrategia del Ejecutivo señalando que aún hay más de 70 mil hogares que se encuentran repartidos en mil 432 campamentos, concentrados en Tarapacá (7,2%) y Atacama (4,8%).
La idea de generar esta instancia surgió durante el debate de la Ley de Presupuestos 2025, donde quedó establecido en la glosa número 30 de la partida 50 que se crearía una comisión de carácter temporal con dicho objetivo.
La representante del INDH reconoció que vivimos un escenario complejo en materia de derechos humanos y que, desde el organismo, el desafío es “dialogar más con aquellos grupos que todavía se muestran distantes a la ética” de éstos.
La directora del organismo abordó los cuestionamientos que, desde el mundo político, ha recibido el INDH, los que se han materializado este año en una querella contra consejeros, un requerimiento de destitución y una negativa presupuestaria.
En el documento, aludiendo el manejo tras las acusaciones contra Manuel Monsalve y el Presidente Boric, critican en particular a las ministras Carolina Tohá y Antonia Orellana, asegurando que “ahondaron la crisis en perjuicio de la víctima”
Más de 40 agrupaciones y personalidades vinculadas al mundo de los derechos humanos emitieron una declaración pública en la que exigen que el Senado reponga -una vez más- los recursos para el organismo estatal en la Ley de Presupuesto 2025.
La directora del Instituto, Consuelo Contreras, cuestionó el que el Ejecutivo no haya repuesto la partida, tras su rechazo en la Comisión Mixta de Presupuesto. Los recursos, en todo caso, podrían ser restablecidos en el Senado.
El abogado formalizó su decisión a través de una carta donde explica las razones detrás de su salida.
Sólo el 1,3% de las querellas presentadas por el organismo ha tenido una sentencia condenatoria. Así, desde el instituto apuntan a que el Estado aún no cumple con su obligación de implementar un plan de reparación integral para las victimas.
La defensa de los ex altos mandos de Carabineros reconocieron las vulneraciones cometidas en el estallido social, pero argumentaron que los exfuncionarios “cumplieron su deber”. Mientras, los querellantes buscan que se aplique la prisión preventiva.
La abogada querellante, Karinna Fernández, pidió al VII Juzgado de Garantía la aplicación de la prisión preventiva para los exgenerales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, por los riesgos que acarrea su libertad para la investigación.
La falta de acceso al agua ha significado para sus habitantes la afectación de otros derechos fundamentales, por ello, diputadas de la zona destacan el trabajo del Instituto, además de hacer hincapié en la importancia de proteger las cuencas.
El INDH organizó la reunión junto con la Universidad de Chile. Permitirá abordar temas como la salud y la dignidad humana, la protección del medio ambiente y el principio de igualdad y no discriminación.
