Con políticas crecientes de financiamiento a la demanda, el Estado subsidiario fue creando el mercado desregulado de la Educación Superior (ES) durante casi tres décadas, e induciendo el crecimiento masivo de instituciones privadas sin adecuada rendición de cuentas, en desmedro de la ES Pública. Este es el corazón de una crisis que sigue vigente.
Sin duda, quién hace latir este corazón es el voucher llamado Crédito con Aval del Estado (CAE), que desde su creación en 2005 y con recursos fiscales, contribuye al lucro encubierto y crecimiento desregulado del sector privado de ES, favorece a la banca y causa el endeudamiento de miles de familias y jóvenes.
Parece increíble que sigamos hablando del CAE. El 2011 el enorme movimiento estudiantil y la realidad financiera de muchas instituciones de educación superior (IES), pusieron el problema de financiamiento de la ES en el centro del debate. Se reconoció su causa con tal claridad que la presidenta Bachelet ganó las elecciones con un programa que explicitó resolverlo: desmercantilizar la educación, terminar con el lucro y el endeudamiento, y avanzar a la gratuidad universal.
Es perentorio terminar con el instrumento CAE así como como otras formas de subsidio a la demanda o vouchers, causantes del endeudamiento estudiantil, de la baja titulación, de las limitaciones a la calidad de las instituciones y de la desarticulación del sistema de educación superior. Sin embargo, los presupuestos de la nación, año a año han aumentado la partida del CAE incluso en los dos últimos que incluyen el inicio de gratuidad. El 2016 se aumentó el CAE en 35,9%, destinando la enorme partida a las denominadas “recompras y “recargas” en beneficio de los bancos, quedando incluso superior en un 16% al monto asignado para la gratuidad y representando la tercera parte del presupuesto total de ES del año, lo que resulta escandaloso en el actual escenario.
Hace unas semanas, con gran demora y luego de idas y venidas, se votó la idea de legislar en la reforma de ES. Con todos los nefastos antecedentes acumulados, fue penoso que la “bancada estudiantil”, como se denomina a Boric, Jackson y Vallejo, tuviera que hacer enormes esfuerzos y recibir tales presiones para que se diga claramente que se terminará con el CAE siendo que debió haberse incluido desde el principio. “Con tirabuzones” se comprometió el término definitivo e inmediato del CAE.
Además, esta semana han vuelto a marchar los estudiantes exigiendo con fuerza el término inmediato del CAE y la condonación de las deudas de los miles de deudores que se han acumulado. Los endeudados son jóvenes profesionales, futuros profesionales y muchos son jóvenes que no pudieron terminar sus estudios. La situación actual de los estudiantes chilenos de educación superior es insostenible. Las deudas con los bancos se han duplicado desde el 2009 y ya superan los 3.000 millones de dólares. Según el Sistema de Información para la Educación Superior (SIES), la morosidad del CAE alcanza a casi un tercio entre los egresados y a más de dos tercios de los que desertaron. Condonar estas deudas es posible y prudente, decimos los que hemos analizado profundamente las cifras, (desde el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, en cuya web pueden consultarse los valores, o Fundación Sol y otros); medidas semejantes de condonación se han aplicado con anterioridad, eso sí que a grandes empresas y montos mayores, argumentan los estudiantes.
Los estudiantes demandan que en la ley de reforma de la ES se incluyan sin trampas los cinco puntos que debieron estar desde el principio: término efectivo del endeudamiento, entrega de gratuidad universal, fortalecimiento de la educación pública e inclusiva, marco regulatorio claro del sistema y control del lucro. Pero, ¿no se trataba de eso la reforma de ES?
En la ley que se ha presentado y luego enmendado con indicaciones, las cosas aun no se resuelven bien. Especialmente problemático es el Artículo transitorio 48o, que en realidad prohíbe dar gratuidad universal pues la “permite” cuando el fisco recaude 29% del PIB, lo que se estima que ocurrirá por allá por el año 2070!! y esto equivale a mantener el CAE o algún instrumento equivalente. En los hechos, mantener este artículo equivale a renunciar a la gratuidad universal y continuar con la inmoralidad de carga el costo de la educación a los salarios de los trabajadores. Con toda razón los estudiantes marchan y los rectores rechazan.
Hay que decirlo con claridad: si se traspasan los recursos fiscales destinados al CAE hacia gratuidad, ésta alcanzaría de inmediato una cobertura del 70% de la población estudiantil actual, y si esa gratuidad se ejerce como financiamiento a las instituciones, dotando al sistema de regulación seria y favoreciendo el aumento de matrícula en las IES públicas, se terminaría con la crisis generada por el mercado. Así mismo, en educación, todos los recursos deben ser destinados a … educación, pues es un asunto que no resiste el lucro, o el desvío de fondos. Con la educación de nuestros niños y jóvenes no se puede ser irresponsables. La pregunta que se mantiene es si primará el interés por el futuro del país y sus jóvenes y se pondrán las voluntades políticas a esa altura y urgencia o mandarán los intereses ideológicos y económicos instalados. Merecemos que no nos manden mas al CAE!
