La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó este miércoles la ampliación del desafuero del senador Jaime Orpis, solicitada por la Fiscalía, con lo que el organismo podrá imputar nuevos delitos al parlamentario.
El senador gremialista ya había sido formalizado por delitos tributarios y cohecho, razón por la que permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Sin embargo, desde la Fiscalía buscan formalizar a Orpis por nuevos delitos tributarios, de cohecho y fraude al fisco, argumentando, entre otras cosas, la realización de pagos a un asesor que corresponden a trabajos que no fueron efectuados, así como los traspasos irregulares de Orpis a su secretaria Blenda Huus.
En este último caso, según explicaron desde la Fiscalía, al senador se le imputa haberle incrementado artificialmente su sueldo con el objetivo de que parte de estos dineros le fueran transferidos a él y a su esposa Ana Luisa Jouanne.
Por esta razón, el tribunal de alzada aprobó ampliar el desafuero de manera unánime en los casos de fraude al fisco y delitos tributarios, y en fallo dividido -16 a favor y 14 en contra- en el caso del delito de cohecho.
El presidente de la Corte de Apelaciones, Miguel Astudillo explicó que estas diferencias dicen relación con que dentro de los votos en contra “hay algunos que estimaban que era innecesario en relación con el desafuero ya aprobado anteriormente y otros por cuestiones de fondo”.
Previo a que se diera a conocer la resolución de la justicia, el abogado defensor de Jaime Orpis, Sergio Rodríguez reiteró que los actos cometidos por su representado no poseen el carácter de delito, sino que corresponden a una “negligencia”.
“En nuestra legislación, estar a disposición y recibir donaciones políticas, no es constitutivo de delito de cohecho. Eso ha quedado claro, el fiscal nacional y la jefa de la Unidad Anticorrupción lo han reconocido en el Senado, en la comisión de Constitución y Legislación, en su intervención de enero de este año.”
En tanto, la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, desmintió esta versión enfatizando que los delitos cometidos por Orpis han sido confirmados a través de las distintas resoluciones de la Justicia:“Lo que hemos sostenido por parte del Ministerio Público ha sido consistente, en la primera solicitud de desafuero y en esta ampliación, en el sentido que la conducta desplegada por parte del senador con la presentación de cada una de las boletas en beneficio económico, lo era para ejecutar actos concretos y específicos con infracción a los deberes del cargo”.
Asimismo, detalló que el perjuicio fiscal en este caso alcanza los $48 millones de pesos.
Por esta razón la persecutora a cargo del caso Corpesca, anunció que solicitarán la modificación de medida cautelar: “Efectivamente entendemos que esto agrava la condición y por lo tanto, vamos a solicitar la intensificación del régimen cautelar, en este caso sería prisión preventiva”.
Desde el Ministerio Público aseguraron que los pagos realizados por parte de la secretaria de Orpis, fueron efectuados incluso después de que se determinara el primer desafuero del senador el año pasado.
Además, la solicitud de la Fiscalía se centró en nuevos delito de cohecho, por más de $26 millones de pesos, lo que elevaría a casi $5.200.000 la cifra que Orpis recibía mensualmente desde Corpesca.