La república de Azerbaiyán se sitúa en el sur de la región del Cáucaso, zona de evidente importancia geoestratégica, considerada una suerte de territorio bisagra entre Europa y Asia central, cruce de culturas y riquezas energéticas. Es un país que desde hace un cuarto de siglo intenta recuperar el 20% de su territorio, ocupado a manos de Armenia.
El proceso que condujo al enfrentamiento militar directo entre ambas repúblicas, alguna vez unidas en torno a un proyecto de Unión de Repúblicas Soviéticas, se posibilitó tras la disolución de la ex URSS, que llevó a los secesionistas del Alto Karabaj a declararse como un Estado independiente. La renuncia del ex mandatario soviético Mijaíl Gorbachov, en diciembre de 1991, hizo añicos el último muro que impedía una guerra total entre armenios y azeríes.
Un mes antes, el 21 de noviembre, el parlamento de Azerbaiyán rebautizó a la región de Alto Karabaj como Xankandi, revocando la autonomía que tenía bajo el régimen soviético. Por su parte, Nagorno Karabaj se declaró independiente el 6 de enero del año 1991. La mesa estaba servida para el inicio de una guerra y un enfrentamiento que no tiene visos de acabar, a pesar de un armisticio frágil y carente de bases sólidas que permitan avizorar la firma de un acuerdo definitivo.
En el denominado espacio postsoviético, dando cuenta con ello de aquellas regiones que formaban parte de la desaparecida URSS, el conflicto de la región de Nagorno Karabaj y el contencioso que enfrenta a la República de Azerbaiyán y Armenia establece, a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con absoluta claridad, que las fuerzas de ocupación de Armenia deben retirarse incondicionalmente de los territorios ocupados.
Ello implica que negociar sobre supuestos derechos de Armenia sobre este enclave ocupado, bajo la consideración de la ley internacional de territorios ocupados, revela que no es posible tener negociación alguna sobre su pertenencia a un Estado. Esto, porque existió una agresión armada de una república -la de Armenia- contra otra república -la de Azerbaiyán- con el objetivo de ocupar un territorio que no le pertenece. Dicha acción desarrolla, desde el punto de vista del derecho internacional, el principio de la legítima defensa ante un ataque armado, según lo expresa el Artículo N° 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
El marco jurídico sobre el cual se asienta el reclamo de Azerbaiyán respecto a la región de Nagorno Karabaj se sustenta, principalmente, en una premisa que hay que tener en cuenta: el uso de la fuerza entre armenios y azeríes respecto a Nagorno Karabaj, entre los años 1988 y 1991 (fecha de la independencia de ambas repúblicas respecto a su adhesión a la ex URSS), debe considerarse en la categoría de conflictos armados no internacionales que se dieron en el interior de las fronteras de un único Estado soberano hasta entonces como era la ex URSS. Por tanto, el análisis jurídico y político internacional respecto a un conflicto de tipo internacional y el uso de la fuerza entre bandos estatales en disputa se tiene que situar, obligatoriamente, a fines del año 1991, cuando se accede a la independencia de ambas repúblicas, inscrito en una guerra de ocupación de territorios.
Para el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, “fuera del marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es posible debatir ningún tema relacionado con el conflicto”. ¿Por qué esta opinión tan tajante? Simplemente porque las resoluciones a las que hace mención el mandatario azerí -N° 822, N° 853, N° 874 y N° 884 del año 1993- explicitan y reafirman “la soberanía y la integridad territorial de la República Azerbaiyana y de todos los demás Estados de la región. Como también la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisición de territorio”.
Estas resoluciones del Consejo de Seguridad no han sido cumplidas en modo alguno por el gobierno armenio. Más aún, esta república incrementó en esas mismas fechas las acciones de agresión contra otros distritos, apoderándose de ellos e incrementando su presencia militar de tal forma que hoy las fuerzas de ocupación armenias controlan Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes.
Las mencionadas resoluciones, cuyo incumplimiento acarrea sanciones y determinaciones, incluso de obligar por la fuerza a su estricta observancia, demandaban “un cese inmediato de las acciones militares, una retirada inmediata, total e incondicional de todas las fuerzas de ocupación del territorio de Azerbaiyán”. Indudablemente, el principio de la integridad territorial signa este conflicto y la obligación por parte de Armenia de reintegrar esos territorios al mandato de Azerbaiyán.
Recordemos que la guerra en su etapa más abrasadora generó 30 mil muertos y un millón doscientos mil de desplazados, tanto armenios como azeríes. 400 mil habitantes armenios de Azerbaiyán se desplazaron a Armenia o Rusia y otros 30 mil llegaron del Karabaj. 800 mil fueron los azeríes que salieron de sus tierras, incluyendo en ello los que vivían en Armenia y el propio enclave. Armenia ocupó un 20% del territorio de Azerbaiyán, que involucra Nagorno Karabaj y siete distritos que rodean dicha región: Agdam, Fizuli, Jebrail, Zangelan, Gubatlin, Lachin y Kelbajar, cuya devolución es exigida por Azerbaiyán, constituyéndose en la principal piedra en el zapato frente a cualquier posible solución. Esto, porque Armenia se niega a restituirlos mientras no se acuerde el mantenimiento de un corredor, a través del distrito Lachin, que una físicamente Nagorno Karabaj y Armenia.
El conflicto que enfrenta a Azerbaiyán y Armenia desde 1988 experimentó una escalada de tensión en abril del año 2016, cuyos enfrentamientos generaron muertos y heridos, junto a la alarma de las potencias regionales como Rusia, Irán y Turquía. También produjo la nueva activación del Grupo de Minsk, copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia, a los que se suma una serie de países participantes, como Bielorrusia, Alemania, Italia, Portugal, los Países Bajos, Suecia, Finlandia y Turquía, además de las dos naciones enfrentadas.
El Grupo de Minsk se ha fijado como objetivo principal llevar adelante los denominados Principios de Madrid, a partir de la solución pacífica de los conflictoS que debe descansar, sobre todo, en la restitución de todos los territorios ocupados y el derecho al retorno de los refugiados, en la posibilidad de un intercambio de una autonomía para los armenios residentes, con una garantía de seguridad que incluya operaciones de mantenimiento de la paz y el mencionado corredor de unión con Armenia. Todo ello discutible, puesto en la mesa de negociaciones, pero donde la exigencia primera es la salida de las tropas ocupantes de Nagorno Karabaj.
La tarea es difícil cuando la potencia ocupante de Nagorno Karabaj se niega a cualquier posibilidad de devolver los territorios ocupados. Así lo declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia el pasado mes de abril, al conmemorar el inicio de la guerra que permitió el control de esa región azerí, ratificando que la república autoproclamada -y no reconocida por ninguna nación del mundo- no puede ser parte de Azerbaiyán bajo ningún tipo de estatus. “La guerra de abril una vez más demostró que Nagorno Karabaj nunca y en ningún estado será parte de Azerbaiyán y la realización del derecho a la libre determinación del pueblo de Karabaj es irreversible”, según el comunicado emitido por la cancillería armenia.
Para el gobierno de Azerbaiyán, las declaraciones armenias y sobre todo la realización de un referéndum para validar una nueva constitución en ese territorio ocupado, lógicamente, no tiene valor legal alguno y conduce a un estancamiento de posibles salidas al conflicto que enfrenta a ambas naciones. Para las autoridades de Azerbaiyán, la celebración de la consulta ha sido una muestra más de que Armenia no está interesada en el arreglo político del conflicto.
El borrador de la nueva Constitución karabají fue sometido a escrutinio público, buscando con ello afianzar y consolidar a Nagorno Karabaj como república independiente, sustituyendo el actual modelo de gobierno, de república semiparlamentaria, por un sistema presidencialista, constituyéndose ello en un mero acto artificioso y sin valor pues ningún país del mundo, reconoce a esta república fantasma. Ya el año 2006 los líderes armenios de la región ocupada de Nagorno Karabaj habían realizado un referéndum sobre un proyecto de constitución.
Dicha consulta fue condenada ampliamente por gran parte de la comunidad internacional al considerarla ilegítima. La Unión Europea y la OSCE rechazaron ese referéndum, reiterando que sólo un acuerdo negociado entre Azerbaiyán y los habitantes de Nagorno Karabaj, de origen armenio, puede traer una solución negociada pero, para ello, sin duda hay que recuperar la plena soberanía del territorio karabají.
Conseguir la paz definitiva en el Cáucaso Sur, que trae aparejado la indiscutible y definitiva devolución de los territorios ocupados de Nagorno Karabaj a la soberanía azerí, es un objetivo fundamental. No sólo para el equilibrio, el desarrollo y un futuro más auspicioso de toda esa zona, sino también para los anhelos de paz de toda la región de Oriente Medio y Asia Central.