Organizaciones de pescadores y ecologistas valoraron la reciente resolución zanjada por el  Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre incluir en trámite la mayoría de las reclamaciones presentadas por opositores al proyecto minero-portuario Dominga.

La decisión de la instancia ambiental se encuentra dentro del proceso de revisión de  la iniciativa rechazada en marzo pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Coquimbo y que llevó a la compañía Andes Iron a recurrir al Comité de Ministros para pretender revertir la decisión.

El megaproyecto minero–portuario de extracción de hierro y cobre a rajo abierto, se ubica en la comuna de La Higuera, a 70 kilómetros al norte de La Serena, en la Región de Coquimbo.

Organizaciones ecologistas junto a asociaciones de pescadores y mariscadores del sector mantienen su posición de protesta contra el plan por considerarlo una amenaza para su trabajo y el ecosistema de la zona.

El vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera, Gabriel Molina, explicó que las más de 900 personas que hacen vida en la costa no están en contra de la evolución en la comuna, en cambio apuestan por alternativas “más sustentables como potenciar el turismo”.

El dirigente criticó además a la autoridad edilicia local, quien ha manifestado que la acción extractivista es progreso para la zona.

“Estoy viendo que esta empresa está esperando cambio de gobierno. Un proyecto que afecta todo, agricultura, pesca, ganadería caprina, la devastación sería gigante y no contaríamos con nuestro sustento. El turismo en toda la zona costera es muy importante, significa más de dos millones de dólares anuales y mal administrado por un municipio malo, un alcalde que se vendió a los preceptos de la minera”.

La Directora Ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer, se refirió a la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que acogió considerar antecedentes que no fueron incluidos.

Liesbeth van der Meer aseguró que el Servicio de Evaluación Ambiental omitió observaciones de otros factores que habrían incidido en el proceso, es que “existe un desarrollo sustentable de la pesca y el turismo. Esta zona es muy rica, esto no existe en ninguna otra parte de Chile”.

Sobre este punto, el director y Doctor Carlos Olavarría, del Centro de Investigación Avanzado de Zonas Áridas (CEAZA) con sede en la región de Coquimbo, dio a conocer datos científicos, ecosistémicos que no fueron considerados en el proceso de evaluación ambiental.

Olavarría resaltó los informes que la entidad ha realizado en terreno, referidas al particular movimiento de las corrientes marinas que no se da en ninguna otra parte de las costas del país y que dan la posibilidad de vida a un número indeterminado de especies que habitan exclusivamente en las aguas de la zona.

“En lugar de moverse las corrientes de norte a sur, estás son corrientes que vienen del fondo del mar y suben, lo que da la posibilidad a que se desarrollen muchos nutrientes que llegan a la superficie y ahí está la gran parte de los seres que utilizan esto como alimento y a su vez apoya a las comunidades de pingüinos, delfines, ballenas y grandes poblaciones de lobos marinos también”, manifestó el especialista.

Mientras no lleguen los informes del SEA al Comité de Ministros, los planes de la minera para dar vuelta la votación de la entidad regional siguen en pausa. Más aún si se consideran los plazos en que ha incurrido la autoridad para definir grandes proyectos.

Ejemplo de ello fue el caso de HidroAysén, donde el Comité de Ministros tomó tres años en su resolución, que finalmente terminó desfavorable para la otrora empresa Endesa. En el papel, sin embargo, la entidad tiene un plazo de 60 días para resolver la reclamación de la minera.

Radio y Diario Universidad de Chile contactó a la compañía Andes Airon, controlada en parte por la familia Délano Méndez, buscando una declaración por esta decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, su respuesta fue “que esta acción es normal y forma parte del proceso”.