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Año XI, 22 de mayo de 2019

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Nuevos “jubilazos” generan rechazo transversal

Nuevamente las pensiones otorgadas a través de Capredena y Dipreca están en el centro del debate público. Sumado a los “jubilazos” que se conocieron a raíz del caso de Myriam Olate a mediados de 2016, este domingo se reveló que ex uniformados, entre ellos violadores a los Derechos Humanos, se acogieron a este beneficio argumentando haber sufrido una enfermedad invalidante de carácter permanente, lo que en muchos casos no ocurrió.

Monserrat Rollano

  Lunes 24 de julio 2017 21:14 hrs. 
Hospital_Dipreca

La existencia de millonarias pensiones por invalidez otorgadas a ex funcionarios sanos de las Fuerzas Armadas y de la ex Central Nacional de Inteligencia (CNI) fue lo que reveló este domingo un reportaje del programa Informe Especial, que dio cuenta que entre los beneficiados figuran cuatro personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos recluidas en el Penal Punta Peuco.

Son decenas de estas millonarias jubilaciones para pensionados de Capredena y Dipreca, las que se debieran otorgar a personas que sufren algún tipo de afección cuya consecuencia es la pérdida de su capacidad laboral. Sin embargo, todos ellos trabajan y gozan de buen estado de salud. Tal es el caso del hijo del dictador Augusto Pinochet, quien desde 1979 recibe una pensión de 900 mil pesos mensuales.

Otro caso es el de Emilio Neira, ex agente de la CNI, condenado por su participación en la Operación Albania. El ex uniformado, quien estuvo preso en Punta Peuco, recibe una pensión de más de dos millones y medio de pesos argumentando padecer “síndrome de estrés postraumático”.

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos calificaron como “una burla” esta situación. Por su parte, Alicia Lira de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoró que hayan salido a la luz pública hechos que venían denunciando desde hace bastante tiempo.

“Es vergonzoso cómo se protegen. Ahí es donde hablamos del encubrimiento, no solamente en no entregar la verdad en la situación de los detenidos desaparecidos, sino que también en lo económico. Estando condenados, saliendo en libertad, trabajando y sin embargo, siguen saqueando los dineros de las arcas fiscales que es la plata de todos los chilenos”, afirmó la dirigenta.

“Tienen que ir a la cárcel”

Esta información se da a conocer a pocos días de que el Gobierno ingrese su proyecto de reforma al sistema de pensiones. En ese marco, algunos actores han solicitado que el Ejecutivo incluya modificaciones en esta materia.

El diputado Leonardo Soto, quien presidió la comisión investigadora sobre irregularidades en Dipreca y Capredena, solicitó una reunión al Ejecutivo para plantearle la urgencia de adoptar medidas que reduzcan este tipo de situaciones.

“Sin duda tiene que haber una investigación judicial profunda que analice las condiciones de salud que tuvieron los beneficiaros que hoy están gozando de estas pensiones y que claramente no habrían tenido la causal de justificación. Tienen que ser anuladas y tienen que ir a la cárcel los que hayan sido parte de algún fraude previsional”, declaró el parlamentario.

Mientras, el también integrante de la instancia, Tucapel Jiménez señaló que no descarta promover la creación de una nueva Comisión Investigadora de pensiones de Capredena y Dipreca, debido a los nuevos antecedentes que se han conocido.

Desde el Gobierno anunciaron la conformación de una mesa de trabajo con plazo máximo de 45 días en la que se analizarán las distintas propuestas para corregir estas distorsiones y abusos.

Además, según aseguró el titular de Defensa, José Antonio Gómez, enviarán todos los antecedentes recabados tanto a la Contraloría General de la República, como al Consejo de Defensa del Estado. Esto, ya que el Ejecutivo no posee las atribuciones para revocar o disminuir estos pagos.

“No vamos a proteger a nadie, ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados (…) nosotros no tenemos facultades de anular, por tanto quien revise estos antecedentes que tendrá que ser la Contraloría y el CDE verán los mecanismos jurídicos para ello. Nosotros no tenemos facultades para revocar pensiones porque son derechos adquiridos”.

Según se expuso en el reportaje algunas de las jubilaciones excederían ampliamente el límite legal superando incluso los seis millones de pesos. A esto se suma la nula reevaluación de la situación médica de los beneficiados, algo que sí ocurre en el sistema privado de pensiones.