El documento dado a conocer por la Fundación Sol establece que tanto almirantes como generales de aviación en retiro pueden llegar a percibir hasta once veces los ingresos de un jubilado por el sistema de AFP.
Parlamentarios de oposición se mostraron favorables a revisar el cuestionado sistema previsional de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el que implica un desembolso que, proporcionalmente, es el más alto del Estado. Para el diputado PS, Leonardo Soto, “es decepcionante que un Gobierno que se encuentra tramitando una reforma previsional, haga vista gorda respecto de la tremenda montaña de privilegios que se ha construido en torno al sistema previsional que hoy tienen las Fuerzas Armadas”.
El economista y expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones cuestionó el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca extender la carrera militar, pero que no toca el provechoso régimen de jubilación de los uniformados.
La prenormativa extiende en 5 años la edad de jubilación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero no estipula modificaciones al sistema previsional del sector castrense. Asunto que fue criticado por parlamentarios de oposición.
Una auditoría del organismo fiscalizador también detecta irregularidades en Dipreca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
En el marco de los avances del “Pacogate” se detectaron personas que recibirían dos pensiones provenientes de Dipreca y Capredena, en la lista de beneficiados, figura el exobispo de Antofagasta, Pablo Lizama.
El anuncio lo hicieron por considerar que ninguno de los cuatro involucrados cumplía las condiciones para recibir pensión de invalidez de Capredena.
El diputado socialista Leonardo Soto señaló que en reiteradas oportunidades se había solicitado las documentación al Hospital Militar, sin que las gestiones hayan sido exitosas.
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.
La cifra total desembolsada en la última década equivale a reajustar en un 10 por ciento las pensiones básicas solidarias.
El abogado querellante del Caso “Jubilazos” se refirió a la acción que formuló en contra de siete ex oficiales de las Fuerzas Armadas y todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. Esto, luego de que se conocieran los casos de funcionarios que recibían pensiones de invalidez de segunda clase.
La acción presentada por el abogado Roberto Ávila fue interpuesta en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
