Se cumplió un año desde la muerte de Macarena Valdés. La mujer fue una activista opositora del proyecto hidroeléctrico Tranguil, de la empresa RP Global y Saesa, que se construiría en Panguipulli.
Tres años antes de ese 22 de agosto de 2016, Macarena junto a su pareja, Rubén Collío, habían decidido empezar una nueva vida, lejos de Santiago, trasladándose a la comuna cordillerana de la región de Los Ríos.
Hace 365 días, el hijo mayor de ambos, de tan solo 11 años, encontró a su madre sin vida. De inmediato, carabineros dijo que se trataba de un suicidio. Nadie en Tranguil creyó, por lo tanto, iniciaron un camino judicial para lograr reabrir la investigación, exhumar su cuerpo y comprobar lo que a sus ojos era evidente: “la negra” (como le decían sus amigos y familia) había sido asesinada por orden de la empresa que quería construir la central. Amedrentar a la comunidad, sería clave para detener la resistencia ciudadana en su contra.
Pero eso no ocurrió. Desde el día de la muerte de Macarena Valdés, Collío, sus hijos y vecinos de la localidad no han parado en sus acciones. Marchas, reuniones y protestas han sido parte de la estrategia para visibilizar el crimen que, hasta ahora, sigue sin investigarse. Incluso, la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, integrada por más de 30 organizaciones sociales, ingresó los antecedentes del caso de la muerte de la activista al sistema internacional de Derechos Humanos de la ONU.
El trámite iniciado por las organizaciones está dirigido en primera instancia a la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias porque, según explicó Rubén Collío, la Fiscalía pretendería no perseverar en la investigación, pese a los nuevos antecedentes que contradicen la hipótesis del suicidio.
El metaperitaje de Luis Ravanal
Ante la incredulidad de la hipótesis de suicidio, la familia de Macarena Valdés pidió que un perito revisara el informe forense elaborado tras la muerte de Macarena. Lograron reunir los fondos para que el científico Luis Ravanal pudiera tomar el caso. El metaperitaje del experto arrojó que la autopsia realizada el día de su muerte, estaba incompleta: En ella se evidenciaban signos de ahorcamiento post mortem, lo que no coincide con una muerte por ahorcamiento, dudas razonables para volver a abrir la causa.
La justicia, con estos datos, se reabrió a la posibilidad de volver a investigar el hecho. Sin embargo, el tiempo pasa y la Fiscalía todavía no ordena el procedimiento, lo que podría afectar en la calidad de las pruebas.
Su esposo acusó que existe una decisión política de no seguir adelante con la investigación: “A nosotros todavía no nos notifican nada de la audiencia de cierre, nos enteramos en el tribunal cuando fuimos a entregar nuestro informe pericial. Unos días después me llaman y me dicen que Fiscalía decidió cerrar a pesar de que entregamos nuevos antecedentes, y que la audiencia sería el próximo 29 de agosto”.
Las diversas organizaciones que acudieron a instancias internacionales sostienen que la muerte de Macarena Valdés se da en un contexto de conflicto territorial.
El werkén mapuche enfatizó que se ha insistido en “caratular esto como un suicidio” cuando en realidad ellos saben que no existían motivos y que respondería a un asesinato.
Hoy, 365 días después de la muerte de Macarena, se han convocado a velatones y marchas en diversas localidades del país. En Valdivia, Santiago, Panguipulli y Tranguil, entre otras, los manifestantes exigirán justicia para “la negra”, y que no se cierre la investigación sin pesquisar los rastros que involucran a terceros.