Como una “excelente noticia” calificó el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor, Rubén Andino, la multa por 25 millones de dólares exigida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU en el marco del caso colusión de los pollos, en el cual se investiga una eventual fijación de precios, al menos entre 2008 y 2011, entre las tres empresas, y así restringir la libre competencia.
Andino sostuvo que esta determinación demuestra que la justicia está “sensible” frente al abuso que grandes empresas cometen contra los consumidores, y con esto también se puede evitar que, eventualmente, nuevos hechos como este se repitan.
Además, el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor valoró el hecho que la FNE esté actuando en defensa de los consumidores, y haciendo frente a las cadenas de supermercados, pese a la evidente disparidad de recursos a la hora de establecer contiendas judiciales en su contra.
“En la medida que la justicia empiece a actuar, si empieza a representar estos problemas que ocurren a diario en la comunidad, se está haciendo un bien social importante. La justicia, sobre todo cuando hay tanta desigualdad en su acceso, y cuando hay tanta asimetría porque la relación que tiene un particular con el sistema de justicia, o la posibilidad de acceder que tienen estas grandes empresas con, prácticamente ejércitos de abogados, de contadores, de expertos en materia financiera, hay una asimetría muy grande. Entonces los tribunales, y en este caso la Fiscalía, están haciendo justicia de manera equitativa”.
Durante la audiencia en el TDLC, el subfiscal Nacional Económico, Mario Ybar, manifestó su convicción respecto del delito cometido, de hecho para probarlo presentaron una serie de correos electrónicos que evidencian el contacto entre los supermercados y las empresas productoras de pollo, razón por la cual piden que se aplique la multa máxima contemplada en la ley.
“Estamos convencidos de que la evidencia que aportamos al proceso, acredita la existencia de un acuerdo horizontal entre las requeridas, y que dicho acuerdo impactó muy negativamente a la población en general, y lo hizo porque al final del día, sirvió de pilar a un sistema que impidió que el poder de negociación de los supermercados se traspasara a los consumidores (…) Solicitamos que se acoja íntegramente nuestro requerimiento y se sancione a las cadenas requeridas con el máximo de la multa establecida en la ley vigente en la época de comisión de estos hechos”.
Por su parte, también en la audiencia, la abogada defensora de Walmart, Nicole Nehme, aseguró que los correos presentados como prueba por la FNE son anteriores al período de la supuesta colusión: “Insiste la Fiscalía en presentar evidencia de 2005, de 2006, acá presentaron unos colegas recién, no puso la fecha, no es casualidad yo conozco esos correos son de 2005”.
Además, desde las empresas de supermercados han señalado que las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron las responsables de la colusión, y que ellas ya fueron sancionados por la Corte Suprema al pago de 60 millones de dólares, por lo cual se estaría en presencia de lo que ellos llaman una “doble sanción”.
Desde la Liga Ciudadana del Consumidor desestimaron este argumento, expresando que no estamos en presencia de un delito que lo cometa solamente un actor, sino que son distintos actores del mercado los que lo perpetraron, por lo tanto corresponde sancionar también a los supermercados.
Como una “excelente noticia” calificó el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor, Rubén Andino, la multa por 25 millones de dólares exigida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU en el marco del caso colusión de los pollos, en el cual se investiga una eventual fijación de precios, al menos entre 2008 y 2011, entre las tres empresas, y así restringir la libre competencia.
Andino sostuvo que esta determinación demuestra que la justicia está “sensible” frente al abuso que grandes empresas cometen contra los consumidores, y con esto también se puede evitar que, eventualmente, nuevos hechos como este se repitan.
Además, el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor valoró el hecho que la FNE esté actuando en defensa de los consumidores, y haciendo frente a las cadenas de supermercados, pese a la evidente disparidad de recursos a la hora de establecer contiendas judiciales en su contra.
“En la medida que la justicia empiece a actuar, si empieza a representar estos problemas que ocurren a diario en la comunidad, se está haciendo un bien social importante. La justicia, sobre todo cuando hay tanta desigualdad en su acceso, y cuando hay tanta asimetría porque la relación que tiene un particular con el sistema de justicia, o la posibilidad de acceder que tienen estas grandes empresas con, prácticamente ejércitos de abogados, de contadores, de expertos en materia financiera, hay una asimetría muy grande. Entonces los tribunales, y en este caso la Fiscalía, están haciendo justicia de manera equitativa”.
Durante la audiencia en el TDLC, el subfiscal Nacional Económico, Mario Ybar, manifestó su convicción respecto del delito cometido, de hecho para probarlo presentaron una serie de correos electrónicos que evidencian el contacto entre los supermercados y las empresas productoras de pollo, razón por la cual piden que se aplique la multa máxima contemplada en la ley.
“Estamos convencidos de que la evidencia que aportamos al proceso, acredita la existencia de un acuerdo horizontal entre las requeridas, y que dicho acuerdo impactó muy negativamente a la población en general, y lo hizo porque al final del día, sirvió de pilar a un sistema que impidió que el poder de negociación de los supermercados se traspasara a los consumidores (…) Solicitamos que se acoja íntegramente nuestro requerimiento y se sancione a las cadenas requeridas con el máximo de la multa establecida en la ley vigente en la época de comisión de estos hechos”.
Por su parte, también en la audiencia, la abogada defensora de Walmart, Nicole Nehme, aseguró que los correos presentados como prueba por la FNE son anteriores al período de la supuesta colusión: “Insiste la Fiscalía en presentar evidencia de 2005, de 2006, acá presentaron unos colegas recién, no puso la fecha, no es casualidad yo conozco esos correos son de 2005”.
Además, desde las empresas de supermercados han señalado que las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron las responsables de la colusión, y que ellas ya fueron sancionados por la Corte Suprema al pago de 60 millones de dólares, por lo cual se estaría en presencia de lo que ellos llaman una “doble sanción”.
Desde la Liga Ciudadana del Consumidor desestimaron este argumento, expresando que no estamos en presencia de un delito que lo cometa solamente un actor, sino que son distintos actores del mercado los que lo perpetraron, por lo tanto corresponde sancionar también a los supermercados.
Como una “excelente noticia” calificó el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor, Rubén Andino, la multa por 25 millones de dólares exigida por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las cadenas de supermercados Walmart, Cencosud y SMU en el marco del caso colusión de los pollos, en el cual se investiga una eventual fijación de precios, al menos entre 2008 y 2011, entre las tres empresas, y así restringir la libre competencia.
Andino sostuvo que esta determinación demuestra que la justicia está “sensible” frente al abuso que grandes empresas cometen contra los consumidores, y con esto también se puede evitar que, eventualmente, nuevos hechos como este se repitan.
Además, el presidente de la Liga Ciudadana del Consumidor valoró el hecho que la FNE esté actuando en defensa de los consumidores, y haciendo frente a las cadenas de supermercados, pese a la evidente disparidad de recursos a la hora de establecer contiendas judiciales en su contra.
“En la medida que la justicia empiece a actuar, si empieza a representar estos problemas que ocurren a diario en la comunidad, se está haciendo un bien social importante. La justicia, sobre todo cuando hay tanta desigualdad en su acceso, y cuando hay tanta asimetría porque la relación que tiene un particular con el sistema de justicia, o la posibilidad de acceder que tienen estas grandes empresas con, prácticamente ejércitos de abogados, de contadores, de expertos en materia financiera, hay una asimetría muy grande. Entonces los tribunales, y en este caso la Fiscalía, están haciendo justicia de manera equitativa”.
Durante la audiencia en el TDLC, el subfiscal Nacional Económico, Mario Ybar, manifestó su convicción respecto del delito cometido, de hecho para probarlo presentaron una serie de correos electrónicos que evidencian el contacto entre los supermercados y las empresas productoras de pollo, razón por la cual piden que se aplique la multa máxima contemplada en la ley.
“Estamos convencidos de que la evidencia que aportamos al proceso, acredita la existencia de un acuerdo horizontal entre las requeridas, y que dicho acuerdo impactó muy negativamente a la población en general, y lo hizo porque al final del día, sirvió de pilar a un sistema que impidió que el poder de negociación de los supermercados se traspasara a los consumidores (…) Solicitamos que se acoja íntegramente nuestro requerimiento y se sancione a las cadenas requeridas con el máximo de la multa establecida en la ley vigente en la época de comisión de estos hechos”.
Por su parte, también en la audiencia, la abogada defensora de Walmart, Nicole Nehme, aseguró que los correos presentados como prueba por la FNE son anteriores al período de la supuesta colusión: “Insiste la Fiscalía en presentar evidencia de 2005, de 2006, acá presentaron unos colegas recién, no puso la fecha, no es casualidad yo conozco esos correos son de 2005”.
Además, desde las empresas de supermercados han señalado que las avícolas Agrosuper, Don Pollo y Ariztía fueron las responsables de la colusión, y que ellas ya fueron sancionados por la Corte Suprema al pago de 60 millones de dólares, por lo cual se estaría en presencia de lo que ellos llaman una “doble sanción”.
Desde la Liga Ciudadana del Consumidor desestimaron este argumento, expresando que no estamos en presencia de un delito que lo cometa solamente un actor, sino que son distintos actores del mercado los que lo perpetraron, por lo tanto corresponde sancionar también a los supermercados.
