El ex director del Servicio de Migrantes de la Compañía de Jesús y actual consultor de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Miguel Yaksic, lamentó la distorsión que sufrió el proyecto de ley de migraciones que, a su juicio, “es incompleto y regresivo en cuanto a derechos sociales”.

Miguel Yaksic criticó además que el proyecto presentado por el Ejecutivo no incluya ninguna institucionalidad capaz de gestionar el fenómeno de la migración en Chile de forma integral, esperando que la iniciativa tenga un tiempo adecuado de debate para revisarlo en profundidad.

En ese sentido, el consultor de la ONU para este tema considera que la nueva norma debe considerar los tratados internacionales que ha firmado Chile en este tema.

¿Cuál es su apreciación respecto al proyecto de ley de migraciones?

Este proyecto, en su primer momento, recogió en parte la apreciación de la población civil, pero luego se comenzó a recortar y lo que se presentó es incompleto a nuestro juicio; es regresivo en cuanto a derechos sociales y también porque no incluye ninguna institucionalidad capaz de gestionar la migración en Chile de forma integral. Entonces, tenemos dos proyectos de ley que son insuficientes y esperamos que el que se discuta, tenga un tiempo adecuado para que la ley aprobada sea la adecuada.

¿Hubo poco trabajo prelegislativo respecto del proyecto?

En 2014 hubo cierto trabajo consultivo respecto de la sociedad civil, pero esto después no se plasmó en el proyecto final y tampoco hubo un trabajo prelegislativo de parte del Ministerio del Interior, de preparar la mesa para una discusión profunda en el Congreso. El proyecto llegó muy rápido, muy encima, y llegó recortado e insuficiente, entonces, el Congreso no estaba dispuesto a discutir con “la espada de Damocles” encima y por eso se rechazó. Ahora tendremos que esperar qué hará Sebastián Piñera, si es que retomará su propuesta o sigue discutiendo el actual proyecto de ley.

Hay un estado de la discusión internacional sobre la material, el que, por ejemplo, establece que todos los migrantes son sujetos de derechos por el solo hecho de ser seres humano ¿Cuánto de eso se refleja en Chile?

Chile ha ratificado varios tratados internacionales que establecen ciertos estándares que no son recogidos en la ley. Uno de ellos es que nunca el acceso de un derecho depende del estado migratorio de la persona. Pero hay otros principios de familia, de regularización migratoria, de derechos de los niños y otros que Chile ha ratificado y que tienen que ser considerados por la nueva ley, eso es lo primero; y lo segundo es que uno puede tener una política restrictiva en el país, en cuanto al ingreso, o uno puede tener una política que favorezca que las personas se regularicen y hoy, lo que se está haciendo, es crear un nudo creciente de personas que viven en la irregularidad. Ojalá el proyecto de ley tienda a regularizar a las personas y el primer punto es que Chile ratifique el acuerdo de residencia del Mercosur y eso todavía no se hace. Cualquier acción tendiente a ordenar las condiciones de las personas migrantes es un favor hacia ellas y para el país.

¿Qué hay detrás de todos los prejuicios y apreciaciones que se han creado en torno a los migrantes?

Está bien estudiado esto en la literatura y le llaman “amenaza simbólica o realista” que se da cuando las personas sienten que la migración cambiará la cultura o la vida de las personas. Esas amenazas muchas veces no tienen asidero con la realidad. ¿Quiénes son los que se sienten amenazados? Los chilenos más precarizados. Eso hay que escucharlo bien y no llegar y decir que es un xenófobo o un racista, porque hay mucha precariedad en Chile y por eso la gente se siente amenazada, la gente del barrio alto no se siente amenazada y ahí hay mucho trabajo educativo que realizar, pero además abre preguntas que tenemos que hacer respecto del clasismo, el desprecio hacia el que es diferente. Lo que sí es peligroso, es que los políticos se den cuenta de esa amenaza y  la transformen en capital electoral. En Chile hay 53 mil personas privadas de libertad y 3 mil son extranjeras y de ellas, el 75 por ciento está imputada por tráfico de drogas en el norte, entonces, el número de personas extranjeras que delinquen es muy baja.

Por otro lado, la cantidad de migrantes que viven en Chile no es superior al promedio mundial y también hay una cantidad significativa de chilenos que viven afuera.

Ahora yo creo que el Censo que va a entregar la cifra de migrantes en abril se quedará corto, porque ya el año pasado ingresaron cerca de 107 mil haitianos, pero todavía estamos muy bajo respecto del promedio y de países vecinos como Argentina.

¿Qué sería lo deseable en el ámbito legislativo? ¿Que el Gobierno trate de despachar su proyecto o que haya más tiempo para el debate?

Lo mejor sería una discusión seria donde se escuche a la sociedad civil, que se escuche a los migrantes, a la gente que sabe de inmigración, sea con el proyecto de Piñera o el de Bachelet, cualquiera. Que se agregue una indicación que establezca un servicio nacional de migraciones, empoderado, con presupuesto propio y, luego, una discusión legislativa profunda, donde se establezca con claridad los derechos de la población migrante y no al revés. En el fondo, una ley que comprenda el fenómeno y otorgue las soluciones a la población migrante. Esto debe ser a partir de marzo, pues requiere un tiempo profundo y largo de conversación.