Acuerdo Corfo y SQM por litio provoca rechazo en comunidades y diputados
El trato permite a la minera explotar litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando su cuota de extracción. Esto fue duramente criticado, dado los antecedentes que acusan a la compañía de financiar ilegalmente a políticos de todos los sectores.
Jueves 18 de enero 2018 19:08 hrs.
“No se resguardó el interés de Chile de enfrentar y terminar con la corrupción”, afirmó el diputado comunista Daniel Núñez respecto del acuerdo que el pasado miércoles alcanzó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM, encabezada por Patricio de Solminihac.
Luego de casi cuatro años de negociaciones a cargo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, las que partes firmaron modificaciones en los contratos de arrendamiento y proyectos en el Salar de Atacama.
Esto, luego de las diferencias entre ambas entidades, donde Corfo acusó a la compañía de incumplimiento de contrato. El acuerdo exige que la minera cambie su estructura de gobierno corporativo, sacando del control de la empresa a Julio Ponce, y permite la explotación de litio hasta el 2030.
Del mismo modo, incluye la entrega de un pago extraordinario, por parte de la minera, de 20,3 millones de dólares a Corfo y aumenta la cuota de extracción a un total de 350 mil toneladas, lo que podría quintuplicar la actual producción de SQM en el Salar.
Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, valoró el trato y destacó que permitirá “asegurar amplios recursos para el Estado, las regiones, las municipalidades y las comunidades”. Mientras que María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, indicó que “el acuerdo logrado es más amplio que el resultado esperable en el juicio arbitral y ofrece a Corfo mayores posibilidades de control y fiscalización de la ejecución del contrato”.
Sin embargo, para el parlamentario del Partido Comunista el acuerdo sepulta la creación de una empresa estatal del litio, que “invierta en innovación y otorgue valor agregado al mineral”.
“El litio es propiedad estatal. Lo brutal es que se hizo un contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio por parte del Estado”, sostuvo.
El parlamentario criticó la decisión adoptada por Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y manifestó que con esto se legitima la corrupción, dado que SQM es uno de los principales acusados de financiamiento ilegal a la política. “Este acuerdo es una vergüenza. Al extender la cuota de extracción, se le está permitiendo a una empresa involucrada en casos de corrupción ganar millones de dólares”.
Esteban Velásquez, ex alcalde de Calama y actual diputado electo por la zona, comentó que lo pactado va en contra de lo que se ha zanjado en los cabildos regionales, donde se exigía un proceso de recuperación del agua, el litio y el royalty del cobre.
“No era necesario este apuro, porque había una clara falta en los cumplimientos por parte de SQM. Nosotros exigimos que no le sigan regalando a Ponce Lerou y a una transnacional el litio. Acá hay una falta de sentido estratégico evidente, yo sospecho de tráfico de influencia y un arreglo grotesco”, advirtió.
Para este viernes a las 12 del día se ha convocado a una manifestación en contra del acuerdo, en Agustinas con Matías Cousiño, centro de Santiago.
Las consecuencias en el medioambiente
Ana Ramos, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, reparó en el daño medio ambiental que implica la ampliación de la cuota de extracción. Explicó que hasta el momento no se conoce el estado actual del Salar de Atacama, que ha sufrido graves por las faenas de SQM.
“No hay garantías del cumplimiento medioambiental. La Corfo recién está empezando a trabajar en el modelo hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama. Creo que esta era la base fundamental para que se aumentara la cuota de extracción a SQM”, sostuvo.
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra SQM, porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos. Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
Por otro lado, el último informe publicado por SQM reporta utilidades por 317 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año pasado, elevando en 61 por ciento sus ganancias.
“No se resguardó el interés de Chile de enfrentar y terminar con la corrupción”, afirmó el diputado comunista Daniel Núñez respecto del acuerdo que el pasado miércoles alcanzó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM, encabezada por Patricio de Solminihac.
Luego de casi cuatro años de negociaciones a cargo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, las que partes firmaron modificaciones en los contratos de arrendamiento y proyectos en el Salar de Atacama.
Esto, luego de las diferencias entre ambas entidades, donde Corfo acusó a la compañía de incumplimiento de contrato. El acuerdo exige que la minera cambie su estructura de gobierno corporativo, sacando del control de la empresa a Julio Ponce, y permite la explotación de litio hasta el 2030.
Del mismo modo, incluye la entrega de un pago extraordinario, por parte de la minera, de 20,3 millones de dólares a Corfo y aumenta la cuota de extracción a un total de 350 mil toneladas, lo que podría quintuplicar la actual producción de SQM en el Salar.
Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, valoró el trato y destacó que permitirá “asegurar amplios recursos para el Estado, las regiones, las municipalidades y las comunidades”. Mientras que María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, indicó que “el acuerdo logrado es más amplio que el resultado esperable en el juicio arbitral y ofrece a Corfo mayores posibilidades de control y fiscalización de la ejecución del contrato”.
Sin embargo, para el parlamentario del Partido Comunista el acuerdo sepulta la creación de una empresa estatal del litio, que “invierta en innovación y otorgue valor agregado al mineral”.
“El litio es propiedad estatal. Lo brutal es que se hizo un contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio por parte del Estado”, sostuvo.
El parlamentario criticó la decisión adoptada por Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y manifestó que con esto se legitima la corrupción, dado que SQM es uno de los principales acusados de financiamiento ilegal a la política. “Este acuerdo es una vergüenza. Al extender la cuota de extracción, se le está permitiendo a una empresa involucrada en casos de corrupción ganar millones de dólares”.
Esteban Velásquez, ex alcalde de Calama y actual diputado electo por la zona, comentó que lo pactado va en contra de lo que se ha zanjado en los cabildos regionales, donde se exigía un proceso de recuperación del agua, el litio y el royalty del cobre.
“No era necesario este apuro, porque había una clara falta en los cumplimientos por parte de SQM. Nosotros exigimos que no le sigan regalando a Ponce Lerou y a una transnacional el litio. Acá hay una falta de sentido estratégico evidente, yo sospecho de tráfico de influencia y un arreglo grotesco”, advirtió.
Para este viernes a las 12 del día se ha convocado a una manifestación en contra del acuerdo, en Agustinas con Matías Cousiño, centro de Santiago.
Las consecuencias en el medioambiente
Ana Ramos, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, reparó en el daño medio ambiental que implica la ampliación de la cuota de extracción. Explicó que hasta el momento no se conoce el estado actual del Salar de Atacama, que ha sufrido graves por las faenas de SQM.
“No hay garantías del cumplimiento medioambiental. La Corfo recién está empezando a trabajar en el modelo hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama. Creo que esta era la base fundamental para que se aumentara la cuota de extracción a SQM”, sostuvo.
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra SQM, porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos. Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
Por otro lado, el último informe publicado por SQM reporta utilidades por 317 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año pasado, elevando en 61 por ciento sus ganancias.
“No se resguardó el interés de Chile de enfrentar y terminar con la corrupción”, afirmó el diputado comunista Daniel Núñez respecto del acuerdo que el pasado miércoles alcanzó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM, encabezada por Patricio de Solminihac.
Luego de casi cuatro años de negociaciones a cargo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, las que partes firmaron modificaciones en los contratos de arrendamiento y proyectos en el Salar de Atacama.
Esto, luego de las diferencias entre ambas entidades, donde Corfo acusó a la compañía de incumplimiento de contrato. El acuerdo exige que la minera cambie su estructura de gobierno corporativo, sacando del control de la empresa a Julio Ponce, y permite la explotación de litio hasta el 2030.
Del mismo modo, incluye la entrega de un pago extraordinario, por parte de la minera, de 20,3 millones de dólares a Corfo y aumenta la cuota de extracción a un total de 350 mil toneladas, lo que podría quintuplicar la actual producción de SQM en el Salar.
Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, valoró el trato y destacó que permitirá “asegurar amplios recursos para el Estado, las regiones, las municipalidades y las comunidades”. Mientras que María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, indicó que “el acuerdo logrado es más amplio que el resultado esperable en el juicio arbitral y ofrece a Corfo mayores posibilidades de control y fiscalización de la ejecución del contrato”.
Sin embargo, para el parlamentario del Partido Comunista el acuerdo sepulta la creación de una empresa estatal del litio, que “invierta en innovación y otorgue valor agregado al mineral”.
“El litio es propiedad estatal. Lo brutal es que se hizo un contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio por parte del Estado”, sostuvo.
El parlamentario criticó la decisión adoptada por Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y manifestó que con esto se legitima la corrupción, dado que SQM es uno de los principales acusados de financiamiento ilegal a la política. “Este acuerdo es una vergüenza. Al extender la cuota de extracción, se le está permitiendo a una empresa involucrada en casos de corrupción ganar millones de dólares”.
Esteban Velásquez, ex alcalde de Calama y actual diputado electo por la zona, comentó que lo pactado va en contra de lo que se ha zanjado en los cabildos regionales, donde se exigía un proceso de recuperación del agua, el litio y el royalty del cobre.
“No era necesario este apuro, porque había una clara falta en los cumplimientos por parte de SQM. Nosotros exigimos que no le sigan regalando a Ponce Lerou y a una transnacional el litio. Acá hay una falta de sentido estratégico evidente, yo sospecho de tráfico de influencia y un arreglo grotesco”, advirtió.
Para este viernes a las 12 del día se ha convocado a una manifestación en contra del acuerdo, en Agustinas con Matías Cousiño, centro de Santiago.
Las consecuencias en el medioambiente
Ana Ramos, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, reparó en el daño medio ambiental que implica la ampliación de la cuota de extracción. Explicó que hasta el momento no se conoce el estado actual del Salar de Atacama, que ha sufrido graves por las faenas de SQM.
“No hay garantías del cumplimiento medioambiental. La Corfo recién está empezando a trabajar en el modelo hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama. Creo que esta era la base fundamental para que se aumentara la cuota de extracción a SQM”, sostuvo.
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra SQM, porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos. Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
Por otro lado, el último informe publicado por SQM reporta utilidades por 317 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año pasado, elevando en 61 por ciento sus ganancias.
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