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Año XII, 25 de noviembre de 2020

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Presidenta Bachelet promulga ley de elección de gobernadores

La normativa está dentro de la denominada Agenda de Descentralización, que también incluye la transferencia de mayores competencias a las nuevas autoridades elegidas por voto popular. La iniciativa sustituye la figura del Intendente por la del Delegado Presidencial Regional en las funciones que le corresponden actualmente como jefe superior del Gobierno Interior de cada región, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región.

Rodrigo Fuentes

  Viernes 2 de febrero 2018 17:56 hrs. 
bachelet sur



En el marco de su gira por el sur de Chile, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó este viernes, en la región de Los Ríos, la ley que regula la elección de gobernadores regionales e implementa reformas a la normativa de fortalecimiento de la regionalización.

La iniciativa discutida por casi 4 años en el Congreso, parte como una reforma constitucional que consagró la elección directa de la autoridad mediante sufragio universal.

La figura de gobernadores regionales ejercerá en reemplazo del representante que hoy conocemos como intendente. Además, la nueva autoridad tendrá la función de presidir el Consejo Regional y su elección se realizará conjuntamente con la de alcaldes y concejales a partir del año 2020. Además se incorpora la figura de delegados presidenciales regionales y provinciales, quienes serán los encargados de representar al gobierno de turno en la zona.

La normativa establece incompatibilidades con la postulación a cargos como Presidente de la República, parlamentario, consejero regional, alcalde y concejal.

Esta iniciativa, incluida en la Agenda de Descentralización, abarca también la ley de Traspaso de Competencias, cambios y nuevas facultades sobre gobierno y administración. Funciones que se ejercen dentro del gobierno regional, es decir, las atribuciones específicas de los Consejeros Regionales e intendentes. Además, aumenta las facultades y refuerza la coordinación entre el representante electo y la administración central (del Estado).

El senador del Partido Socialista por la Región de los Lagos, Rabindranath Quinteros valoró la nueva normativa y descartó conflictos o influencias parlamentarias en desmedro de la potestad de la nueva autoridad.

“Yo fui intendente por muchos años, alcalde y ahora senador, por eso cuando me vienen a decir que las nuevos gobernadores regionales serán presionados o influenciados por parlamentarios de su mismo partido, actuando hasta como operador de algún legislador de la misma zona, es la falsedad más grande que yo he escuchado”, afirmó.

Quinteros agregó que la ley es la puerta de entrada para seguir avanzando en la representación de autoridades zonales y que gocen de  atribuciones cada vez más completas.

“Los primeros 4 años de aplicada la ley serán de adecuación, de observación, porque no todas las regiones procederán de la misma forma, incluso los nuevos gobernadores regionales, algunos más fuertes que otros, exigirán mayores traspasos de competencias, pedirán más facultades al Ejecutivo, pero eso no se puede hacer de una día para otro, durante más de 200 años vivimos en un país absolutamente centralista y no puedes cambiar eso. Creo que dos periodos a contar del año 2020 demorará afiatar esto de los gobiernos regionales”, concluyó.

Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ACORE), fue coincidente en resaltar el avance de la legislación en materia de descentralización. Sin embargo, cuestionó que aspectos como recursos económicos, ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social, sigan dependiendo, afirmó, de decisiones tomadas por la administración central.

“Normalmente los gobiernos regionales a la hora desarrollar algún tipo de apoyo al emprendimiento e innovación local, tiene que ocupar instrumentos que dependen del Ejecutivo, con la ley esto no se va a modificar, vamos a seguir dependiendo mucho del Estado central. Más allá de la división de poderes el fomento productivo, el Fosis, Sercotec, Corfo, el INE, entre otras instituciones,  van a seguir dependiendo de Santiago, entonces creemos que este tipo de decisiones y sus recursos deben discutir en las regiones con sus propios instrumentos y personal”, subrayó.

Consultado al cientista político y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, sobre las tareas que enfrentan los partidos políticos y la ciudadanía en las nuevas elecciones de gobernadores regionales precisó que, pese a los conflictos que se producirán en un principio por cargos de representación, esto será la oportunidad para resaltar a líderes regionales.

En cuanto al rol de la ciudadanía, Olivares precisó que en un principio también habrá problemas por intereses dispares entre la administración central y los representantes regionales, sin embargo, aseveró que finalmente será sano para el sistema político.

“Va a hacer reflexionar a los votantes creo yo, sobre la importancia de tener una coherencia en el sufragio, por lo tanto podría ser bastante beneficiosos en el largo plazo para nuestra democracia. Ahora viene un periodo de ajuste, algo difícil, pero a la larga incidirá positivamente”, aseveró.

Alejandro Olivares, no descartó conflictos de poder entre los llamados delegados regionales y provinciales y las nuevas autoridades elegidas democráticamente, pero insistió que este tipo de adecuaciones propias de una nueva normativa, le hará bien al país y al desarrollo democrático de las regiones.

La iniciativa sustituye la figura del Intendente por la del Delegado Presidencial Regional, en las funciones que le corresponden actualmente como jefe superior del Gobierno Interior de cada región y será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción.

Asimismo, reemplaza el Gobernador Provincial por la figura del  Delegado Presidencial Provincial. Este será designado libremente por el Presidente de la República y entre sus atribuciones tendrá las de ejercer, de acuerdo a las instrucciones del delegado presidencial regional, la supervigilancia de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de alguno de los  ministerios.