Pocos días antes que Michelle Bachelet abandonara el cargo, explotó un nuevo conflicto a raíz del nombramiento de Luis Toledo, ex fiscal a cargo del caso Caval, como el notario designado para San Fernando.
El propio ministro de Justicia, Jaime Campos, defendió su designación: “De acuerdo a la ley, el ministro de Justicia tiene las atribuciones, para poder nombrar a alguien de notario, tiene que escoger entre algunos de los tres nombres que le propone la Corte de Apelaciones respectiva y los tres nombres están en igualdad de condiciones”.
Entrevistado por radio Cooperativa agregó: “¿A quien podía nombrar en este caso? A una señora de apellido Chadwick, para que digan que me estoy tratando de arreglar con el nuevo ministro del Interior para el evento de que ella sea pariente de él, a un señor de apellido Ortega, que es defensor regional y por ende funcionario de una institución dependiente del ministro de Justicia o a un señor de apellido Toledo, que hace ya bastante tiempo que trabaja en la Fiscalía en Santiago y que hace unos años atrás fue fiscal en Rancagua”.
Desde Chile Vamos no demoraron las críticas. Diversos personeros del hoy bloque de gobierno cuestionaron la designación, interpretando que tras ella había una vuelta de mano por cómo se desarrolló la investigación en el caso que vincula a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, hijo y nuera de la Presidenta, con acciones irregulares para la obtención de un paño de terreno en la comuna de Machalí.
Así y en su primera intervención tras haber jurado como ministro, Hernán Larraín anunció que revisará el nombramiento del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, reconociendo que lo más probable es que se designe a otra persona.