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Año XIV, 2 de julio de 2022

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Tiempos mejores, Estado deficitario y gasto social

Roberto Meza A.

  Lunes 12 de marzo 2018 10:34 hrs. 
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A través de la última acta del Consejo Fiscal Asesor (CFA) -que colabora con el Ministerio de Hacienda a expresa solicitud del secretario de esa cartera- y que fuera publicada el sábado pasado, se informó que el déficit fiscal estructural de Chile alcanzó al 2,1 por ciento del PIB en 2017, un 0,4 por ciento más que la proyección que, el 30 de enero pasado, había indicado el ex director de Presupuestos.

La razón del alza fue un precio de venta del cobre de Codelco subestimado presupuestariamente, lo que aumentó los ingresos contables del Estado y, por lo tanto, incrementó la diferencia entre sus haberes y débitos, desde el 1,7 por ciento de la estimación inicial de enero, al 2,1 por ciento del PIB antes citado.

Este incremento del déficit estructural es una mala noticia, en la medida que se ha seguido infringiendo una norma autoimpuesta a contar de inicios de la década del 2000 y que consiste en fijar el nivel de gastos totales del Estado en un punto tal que, el Balance Estructural del sector público, sea equivalente a un mismo porcentaje del PIB todos los años, el que inicialmente fue de 1 por ciento -actualmente 0 por ciento del PIB- lo que significa que, cumpliendo la regla, el balance presupuestario efectivo será menor a 0 por ciento del PIB, cuando las condiciones cíclicas sean desfavorables, y superior a 0 por ciento del PIB, cuando las condiciones cíclicas sean favorables al presupuesto fiscal.

Calificar la situación de mala noticia tiene fundamento en el hecho que el país está gastando más de lo que ingresa, lo que ha llevado la deuda pública bruta desde niveles del 3,9 por ciento en 2007 (unos 7 mil millones de dólares) a alrededor de 24 por ciento en 2017 (sobre 62 mil millones de dólares), lo que encarece el costo del dinero, limita inversiones y pone a Chile en la lista de deudores riesgosos. Se podrá decir que es una cifra comparativamente baja con la de EE.UU., Japón o China. Es cierto, la de aquellos supera el 100 por ciento. Pero, como todos sabemos, no es lo mismo dar crédito a un rico que a un pobre: los bancos prestan paraguas en días de sol y lo quitan en los de lluvia.

Como se sabe, esta mayor deuda fiscal deriva del mayor gasto administrativo en que han incurrido los Gobiernos en los últimos diez años (funcionarios, egresos propios del giro, inversiones de gestión realizadas desde los Municipios hasta aparato central en ministerios, reparticiones, empresas, FF.AA. o previsión), aunque también del mayor gasto social, que incluye los conocidos mayores recursos para educación, salud, vivienda, subsidios a la pobreza y más funcionarios, entre otros.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de asalariados del sector público alcanzó un total de 961.060 cupos en 2017, la cifra más alta desde 1986, año en que el INE comenzó a realizar la Encuesta Nacional de Empleo. De ese total, 418 mil (43,5 por ciento) desempeñan labores en la administración del Estado, como el gobierno central, municipios y FF.AA. El resto realiza labores asociadas a la educación, salud o en otras ramas de la actividad económica, donde se incluyen empresas del Estado, como Codelco o BancoEstado.

Según la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) el monto en gastos que se va a remuneraciones de los funcionarios de la administración del Estado no superaría el 15 por ciento del total de egresos públicos, lo que importa una cifra equivalente al gasto medio que las empresas privadas realizan en su administración para producir el bien o servicio que ofrecen. Sin embargo, sólo el 55 por ciento de estos 418 mil trabajadores está contratado, mientras el resto opera a honorarios, demostrando tanto las insuficiencias de mano de obra que presenta nuestro Estado, como la baja productividad del sector en su sentido amplio.

Así, aunque se pueda asegurar que el Estado presenta hoy un porcentaje de funcionarios que se podrían calificar como “operadores políticos”, que la planta de trabajadores de muchos servicios ha crecido inorgánicamente, y que los sueldos del sector han subido casi 100% en la última década, los números  muestran que, cuando se realicen los previsibles esfuerzos para reducir la cantidad de aquellos, el impacto global será insuficiente para ajustar los gastos a las exigencias para volver a cumplir la regla de balance estructural. De allí que, seguramente, la “reingeniería” alcance también a varios de los 333 programas sociales de 13 ministerios, actualmente vigentes, y para los cuales el Estado destina casi US$ 12 mil millones (donde no se consideran los mayores gastos sobrevinientes en Educación, previsión, seguridad o salud).

El programa de Gobierno de Piñera tiene un costo total estimado de US$ 14 mil millones. Para tales efectos, el Gobierno anterior le ha dejado recursos de libre disposición presupuestaria de unos US$ 600 millones para el primer año. La cantidad es, pues, insuficiente para satisfacer las prioridades descritas por el propio mandatario en su discurso de asunción y que implican aumentos presupuestarios para la infancia (Sename), adultos mayores, la seguridad pública, previsión y salud -todas demandas de las clases medias- y que han sido puestas “primero en la fila”, porque la plata no alcanza para todo, al mismo tiempo.

Las nuevas autoridades han expresado su esperanza de que esos nuevos capitales provengan del mayor crecimiento económico -un camino previsiblemente largo-, vía cambio de expectativas, mejores precios del cobre y más inversiones puestas en marcha. Solo en minería hay un stock de proyectos que supera los  50 mil millones de dólares y, en una de sus últimas actuaciones presidenciales, Bachelet firmó el proyecto de fondo de infraestructura que apunta a generar un pozo de unos 9 mil millones de dólares para obras públicas, con aportes públicos y privados. La mayor actividad deducible de estas previsiones generaría más empleos y más ingresos al Estado, pues, el solo incremento del PIB en dos puntos esperados para este año importa unos $5.500 millones de dólares más de riqueza para la economía, de los cuales, cerca de $2 mil millones podrían llegar a las arcas fiscales.

Así y todo, tanto la deuda fiscal de Chile, como en alto endeudamiento actual de las empresas privadas y el gasto social aumentado por las demandas en educación, salud, previsión, seguridad pública, niñez y adulto mayor, constituyen un enorme desafío para las nuevas autoridades, pues, en un entorno mundial en el que las tasas de interés comienzan a subir -por lo tanto, con firmas privadas endeudadas más caro- y los capitales a retornar hacia las economías desarrolladas (lo que impulsará el dólar), la competencia por la inversión aumentará aún más, así como el valor del dinero, poniendo mayores trabas al gasto e inversión interna en Chile, en un entorno en el que la nueva oposición no parece inclinada a una “luna de miel” prolongada para ayudar en la materialización de los “tiempos mejores” augurados por el Presidente.

 

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