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Año XI, 15 de diciembre de 2019

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Gobierno presiona al SEA para aprobar tronaduras en Isla Riesco

La Comisión de Evaluación Ambiental Regional de Magallanes rechazó el proyecto de tronaduras con explosivos que pensaba desarrollar la Minera Invierno para incrementar la producción de carbón en la zona. El subsecretario de medio ambiente envío un informe al SEA diciendo que dicha faena no representaba un riesgo ambiental, obviando los impactos demostrados en la resolución que mantiene rechazado el proyecto.

Francisco Velásquez

  Martes 17 de abril 2018 18:31 hrs. 
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Chimeneas humeantes, el fierro de las máquinas sonando a todo motor, las calderas de carbón. Los viejos bajan a los piques, niños arrastran carros al interior de la mina, se saca el mineral, la fábrica produce. El Carbón, un cuento de 1800, pero que en Chile es el presente.

Minera Invierno es el yacimiento a rajo abierto de Carbón más grande en la historia de nuestro país, está ubicada en Magallanes y sus principales compradores son las termoeléctricas que sobre la base de la quema del mineral inyectan electricidad al sistema interconectado central.

La extracción de carbón es el primer eslabón de la contaminación que hoy vemos reflejada en las zonas de sacrificio ambiental donde la polución de gases efecto invernadero llegan a niveles fuera de toda norma, el material particulado que emana de las calderas de las empresas ha producido intoxicaciones masivas a quienes habitan en Coronel, Puchuncaví, Tocopilla, Mejillones y Huasco. Los pescadores de estas costas hoy recogen el mineral de las playas, porque su vocación territorial fue destruida por las industrias.

Minera invierno: El carbón de Magallanes

Durante el gobierno de Michelle Bachelet la minera invierno, ubicada en la isla Riesco, en Magallanes, solicitó permiso para la utilización de tronaduras con explosivos y así extraer el carbón de la tierra. Dicho proyecto fue evaluado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes que en enero de este año resolvió rechazar el modelo extractivo con el voto clave del intendente Jorge Flies, en una polémica votación que terminó con siete votos en contra y cinco a favor.

El argumento que más pesó fue el potencial arqueológico del sector, puesto que hay hallazgos paleontológicos que ponen al territorio en una emergencia de protección patrimonial, asimismo la biodiversidad única en el mundo y el desarrollo de ganadería y agricultura en los alrededores de la mina.

Luego de quedar zanjada esta resolución la empresa arremetió con una reclamación en la que solicitaba se reconsiderara la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental, mientras que por su parte los ciudadanos que mantuvieron la resistencia en contra del proyecto presentaron una reclamación para que se incorporara en el rechazo de la faena, no solo en alcances paleontológicos, sino que todos los factores ambientales, comunitarios y sociales que se verían afectados por las tronaduras.

El viernes pasado el subsecretario de medio ambiente, Rodrigo Benítez, estimó que las tronaduras no generarán efectos adversos significativos sobre la fauna cercana al proyecto y envió un informe al Director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brücher.

“Los antecedentes empleados son suficientes para descartar la ocurrencia de efectos adversos significativos sobre especies de fauna en estado de conservación, producto del ruido y las vibraciones provenientes de las tronaduras contempladas en el Proyecto”, sostuvo en su escrito.

El Proyecto considera un escenario de cuatro tronaduras semanales y estima la generación de 120 kg/mes de cajas de embalajes, las que serán quemadas in situ a una frecuencia máxima de cuatro quemas al mes. Sin embargo, para la autoridad “el proceso de quema de cajas de detonadores fue incluido de manera adecuada en la estimación de emisiones realizada por el proponente y en la evaluación de la calidad del aire”.

El único que puede cambiar la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental regional de Magallanes es el director del Servicio de Evaluación Ambiental, por lo que el envío de un informe técnico desde la subsecretaria la máxima autoridad del SEA es un claro indicio de la intención del gobierno que está respaldando la faena minera de Angelini y Von Appen.

A Matías Asún, director de Greenpeace, le llama la atención que “el gobierno se preste para abrir nuevamente la puerta sobre este debate que quedó zanjado, pero más complicado todavía es tratar de entender por qué el subsecretario de medio ambiente en representación del Ministerio de Medio Ambiente está disponible para permitir que proyectos de carbón se abran. Él tiene que aclarar esto, por otro lado, por qué está elaborando un informe que es favorable a un proyecto que es nefasto y que contradice todos los compromisos ambientales que el mundo moderno necesita y que se supone que el gobierno de Sebastián Piñera iba a respetar”.

En la misma línea, Asún asume que “estos proyectos perdieron toda decencia y hoy están disponibles para reclamar públicamente, argumentando una serie de tecnicismos legales, incluso diciendo que el carbón es un buen negocio cuando habría que ser muy torpe, inexperto e ignorante de las tendencias globales para seguir invirtiendo en proyectos de este estilo. Frente a esto llama más aún la atención que el propio estado esté disponible para hacerlo con platas nuestras”.

Ana Stipicic junto a su familia ha mantenido una constante resistencia en contra del proyecto tronadura y hoy ve con sorpresa que en estos días no solo se dio a conocer el informe emitido por el subsecretario de medio ambiente, sino que la ministra de energía también ha salido a apoyar el proyecto. Lo que se ha sumado a la designación del Seremi de Medio Ambiente de Magallanes que viene del mundo privado y específicamente de la minería del carbón. “Se está generando una alineación para reflotar el proyecto tronadura y aprobarlo, yendo en contra de todas las legislaciones medio ambientales y de la proyección que tiene Chile en esta materia”, explicó Stipicic.

La comunidad no tiene acceso al consejo de ministros como para presentar sus argumentos, en este caso la decisión final recae en el Director ejecutivo del SEA, por lo que Ana Stipicic, representante de Alerta Isla Riesco, advirtió que si la resolución es desfavorable irán a los tribunales ambientales.