El pasado fin de semana, este medio publicó un reportaje en el que se daba a conocer una denuncia que vendría a poner entre las cuerdas el fallo del segundo juicio por el caso Luchsinger-Mackay, en el que fueron condenados tres de los once imputados. Se trata de la presentación formulada por la magistrada Ximena Saldivia Vega ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Temuco por supuesto acoso laboral y presiones indebidas por parte del presidente del Tribunal, Germán Varas.
Tal como lo relataba el texto, la situación anterior implicó que desde la ONG Observatorio Ciudadano enviaran una carta al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en la que se afirma que estas presiones afectaron la independencia del proceso.
A partir de estos hechos, Rodrigo Román, abogado de la parte defensora, indicó que cuando les informaron en el juicio que la ausencia de la jueza Saldivia se debía razones médicas, “nosotros de buena fe aceptamos dicha información, pero luego, cuando se revela que los argumentos no son médicos, se vio afectada la buena fe procesal de parte de los intervinientes”.
“Este es un hecho grave que va a servir, muy probablemente, como fundamento para una de las causales de nulidad. No obstante, no es la única razón por la cual esa sentencia debe ser anulada. Entiendo que los que fueron condenados interpondrán recursos de nulidad por infracción de garantías, entre otros, por la afectación del derecho a ser juzgado por el juez natural, en este caso la magistrada Saldivia, quien salió por ser acosada por el presidente del Tribunal según la información de prensa”, agregó.
El venidero 11 de junio se realizará la audiencia de comunicación del fallo, y diez días después la defensa de los condenados tendrá la opción de pedir la nulidad por infracción de garantías que revisará la Corte Suprema, que en ocasiones anteriores ya ha procedido a favor de la anulación. En este caso, se reclamaría que, en el proceso llevado a cabo en el Tribunal Oral de Temuco, se infringió “el derecho al juez natural”, que “es un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional que incluye un juez independiente, imparcial y predeterminado por ley”.
En tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, confirmó la denuncia presentada por Ximena Saldivia ante la ACHS. Asimismo, señaló que “dicho procedimiento, por mandato de carácter legal, es total y absolutamente reservado respecto de terceros, incluso respecto de quienes componen esta Corte”.
“Como una medida proactiva, tendiente a resguardar la integridad de la señora jueza, se ha dado oportuno cumplimiento a lo que dispone el artículo 71° de la ley 16.744, y la magistrada ha vuelto a cumplir sus funciones en su tribunal de origen”, añadió.
Por la parte querellante del Ministerio del Interior, este martes Luis Hermosilla indicó a La Tercera que desmiente “categóricamente cualquier acto de presión”, y agregó que “todas las actuaciones de los intervinientes están registradas en audio. Desafío a esta institución a que pueda encontrar un acto de presión de mi parte”. De todas formas, el camino hacia un nuevo juicio ya comienza a pavimentarse.
Por último, el historiador mapuche, Fernando Pairicán, habló de otro aspecto que podría ser importante en la vara que utiliza la justicia, haciendo una comparación entre la condena que recibieron los tres imputados durante mayo (incendio con resultado de muerte en carácter terrorista) con la que tuvo el machi Celestino Córdova (ataque incendiario). “Lo interesante es que el mismo caso, años atrás, no es terrorismo, y el mismo caso, este año, es terrorismo, entonces existe una aplicación de parte de la justicia de manera muy distinta frente a un mismo hecho. Es extraño, y da punto para ser crítico”, dijo.
El pasado fin de semana, este medio publicó un reportaje en el que se daba a conocer una denuncia que vendría a poner entre las cuerdas el fallo del segundo juicio por el caso Luchsinger-Mackay, en el que fueron condenados tres de los once imputados. Se trata de la presentación formulada por la magistrada Ximena Saldivia Vega ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Temuco por supuesto acoso laboral y presiones indebidas por parte del presidente del Tribunal, Germán Varas.
Tal como lo relataba el texto, la situación anterior implicó que desde la ONG Observatorio Ciudadano enviaran una carta al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en la que se afirma que estas presiones afectaron la independencia del proceso.
A partir de estos hechos, Rodrigo Román, abogado de la parte defensora, indicó que cuando les informaron en el juicio que la ausencia de la jueza Saldivia se debía razones médicas, “nosotros de buena fe aceptamos dicha información, pero luego, cuando se revela que los argumentos no son médicos, se vio afectada la buena fe procesal de parte de los intervinientes”.
“Este es un hecho grave que va a servir, muy probablemente, como fundamento para una de las causales de nulidad. No obstante, no es la única razón por la cual esa sentencia debe ser anulada. Entiendo que los que fueron condenados interpondrán recursos de nulidad por infracción de garantías, entre otros, por la afectación del derecho a ser juzgado por el juez natural, en este caso la magistrada Saldivia, quien salió por ser acosada por el presidente del Tribunal según la información de prensa”, agregó.
El venidero 11 de junio se realizará la audiencia de comunicación del fallo, y diez días después la defensa de los condenados tendrá la opción de pedir la nulidad por infracción de garantías que revisará la Corte Suprema, que en ocasiones anteriores ya ha procedido a favor de la anulación. En este caso, se reclamaría que, en el proceso llevado a cabo en el Tribunal Oral de Temuco, se infringió “el derecho al juez natural”, que “es un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional que incluye un juez independiente, imparcial y predeterminado por ley”.
En tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, confirmó la denuncia presentada por Ximena Saldivia ante la ACHS. Asimismo, señaló que “dicho procedimiento, por mandato de carácter legal, es total y absolutamente reservado respecto de terceros, incluso respecto de quienes componen esta Corte”.
“Como una medida proactiva, tendiente a resguardar la integridad de la señora jueza, se ha dado oportuno cumplimiento a lo que dispone el artículo 71° de la ley 16.744, y la magistrada ha vuelto a cumplir sus funciones en su tribunal de origen”, añadió.
Por la parte querellante del Ministerio del Interior, este martes Luis Hermosilla indicó a La Tercera que desmiente “categóricamente cualquier acto de presión”, y agregó que “todas las actuaciones de los intervinientes están registradas en audio. Desafío a esta institución a que pueda encontrar un acto de presión de mi parte”. De todas formas, el camino hacia un nuevo juicio ya comienza a pavimentarse.
Por último, el historiador mapuche, Fernando Pairicán, habló de otro aspecto que podría ser importante en la vara que utiliza la justicia, haciendo una comparación entre la condena que recibieron los tres imputados durante mayo (incendio con resultado de muerte en carácter terrorista) con la que tuvo el machi Celestino Córdova (ataque incendiario). “Lo interesante es que el mismo caso, años atrás, no es terrorismo, y el mismo caso, este año, es terrorismo, entonces existe una aplicación de parte de la justicia de manera muy distinta frente a un mismo hecho. Es extraño, y da punto para ser crítico”, dijo.
El pasado fin de semana, este medio publicó un reportaje en el que se daba a conocer una denuncia que vendría a poner entre las cuerdas el fallo del segundo juicio por el caso Luchsinger-Mackay, en el que fueron condenados tres de los once imputados. Se trata de la presentación formulada por la magistrada Ximena Saldivia Vega ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de Temuco por supuesto acoso laboral y presiones indebidas por parte del presidente del Tribunal, Germán Varas.
Tal como lo relataba el texto, la situación anterior implicó que desde la ONG Observatorio Ciudadano enviaran una carta al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en la que se afirma que estas presiones afectaron la independencia del proceso.
A partir de estos hechos, Rodrigo Román, abogado de la parte defensora, indicó que cuando les informaron en el juicio que la ausencia de la jueza Saldivia se debía razones médicas, “nosotros de buena fe aceptamos dicha información, pero luego, cuando se revela que los argumentos no son médicos, se vio afectada la buena fe procesal de parte de los intervinientes”.
“Este es un hecho grave que va a servir, muy probablemente, como fundamento para una de las causales de nulidad. No obstante, no es la única razón por la cual esa sentencia debe ser anulada. Entiendo que los que fueron condenados interpondrán recursos de nulidad por infracción de garantías, entre otros, por la afectación del derecho a ser juzgado por el juez natural, en este caso la magistrada Saldivia, quien salió por ser acosada por el presidente del Tribunal según la información de prensa”, agregó.
El venidero 11 de junio se realizará la audiencia de comunicación del fallo, y diez días después la defensa de los condenados tendrá la opción de pedir la nulidad por infracción de garantías que revisará la Corte Suprema, que en ocasiones anteriores ya ha procedido a favor de la anulación. En este caso, se reclamaría que, en el proceso llevado a cabo en el Tribunal Oral de Temuco, se infringió “el derecho al juez natural”, que “es un derecho humano reconocido a nivel nacional e internacional que incluye un juez independiente, imparcial y predeterminado por ley”.
En tanto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, confirmó la denuncia presentada por Ximena Saldivia ante la ACHS. Asimismo, señaló que “dicho procedimiento, por mandato de carácter legal, es total y absolutamente reservado respecto de terceros, incluso respecto de quienes componen esta Corte”.
“Como una medida proactiva, tendiente a resguardar la integridad de la señora jueza, se ha dado oportuno cumplimiento a lo que dispone el artículo 71° de la ley 16.744, y la magistrada ha vuelto a cumplir sus funciones en su tribunal de origen”, añadió.
Por la parte querellante del Ministerio del Interior, este martes Luis Hermosilla indicó a La Tercera que desmiente “categóricamente cualquier acto de presión”, y agregó que “todas las actuaciones de los intervinientes están registradas en audio. Desafío a esta institución a que pueda encontrar un acto de presión de mi parte”. De todas formas, el camino hacia un nuevo juicio ya comienza a pavimentarse.
Por último, el historiador mapuche, Fernando Pairicán, habló de otro aspecto que podría ser importante en la vara que utiliza la justicia, haciendo una comparación entre la condena que recibieron los tres imputados durante mayo (incendio con resultado de muerte en carácter terrorista) con la que tuvo el machi Celestino Córdova (ataque incendiario). “Lo interesante es que el mismo caso, años atrás, no es terrorismo, y el mismo caso, este año, es terrorismo, entonces existe una aplicación de parte de la justicia de manera muy distinta frente a un mismo hecho. Es extraño, y da punto para ser crítico”, dijo.
