Masaya, antiguo bastión sandinista que se sublevó contra el presidente Daniel Ortega, se convirtió en un campo de batalla, donde cientos de manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con armas caseras a policías antimotines y a quienes son señalados como grupos de choque del gobierno.
Cinco personas murieron en Masaya, incluido un joven de 15 años, informó a la AFP la ONG Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPDH).
Amnistía Internacional acusó el lunes al gobierno de Ortega de usar fuerzas paramilitares, conocidas como “turbas”, para reprimir las manifestaciones.
Vecinos y manifestantes en la zona denunciaron la presencia de varios francotiradores en la sede de la policía de Masaya, con vista al parque San Miguel, en el centro de la ciudad.
“Están agrediendo al pueblo. Incluso a un vecino mío le metieron un balazo en el pecho. Fue un francotirador (…) por el tipo de hueco (orificio) grande” en el pecho del fallecido, contó Jonathan José.
Con unos 100.000 habitantes, Masaya demanda la renuncia del presidente Ortega, en el marco de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de pensiones, dejando más de 100 muertos.
Las detonaciones de morteros artesanales, disparos y gases lacrimógenos mantenían un ambiente de tensión en Masaya, que también fue afectada por nuevos incendios y saqueos.
“Aquí es como un desierto, no hay comercio, no hay nada, (me siento) desesperada, acongojada, triste. La situación está horrible, horrible, horrible”, dijo entre lágrimas Vanesa, quien desde que empezaron los disturbios vive encerrada en su casa con sus tres hijos y su nieto.
La policía por su parte informó que “grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego y morteros realizaron actos terroristas” contra la delegación de la policía de Masaya y que durante la refriega fueron capturadas 11 personas, según una nota de prensa.
Entre los fallecidos, se cuenta al estadounidense Sixto Henry Vieda, de 48 años, quien fue asesinado en Managua según informó ANPDH. La policía indicó que los responsables serían “grupos delincuenciales, encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov” que operan en alrededores de la Universidad Politécnica (Upoli).
La embajadora estadounidense, Laura Dogu, confirmó en un tuit la muerte de un ciudadano estadounidense en Managua.
La policía denunció además saqueos, incendios y disturbios en al menos otras seis ciudades, incluidas Managua y Masaya, en ataques que atribuyó a la “derecha”.
En el municipio de Diría, departamento de Granada (sur), grupos delincuenciales quemaron la casa comunal, una escuela, y al menos tres vehículos del partido sandinista, dijo la policía.
En las últimas dos semanas, la violencia en Nicaragua ha recrudecido pese a los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la ONU, la Unión Europea o de Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, a detener la represión contra las protestas.
Dos días después, la policía y fuerzas de choque oficialistas atacaron a balazos a una multitudinaria manifestación opositora, encabezada por las madres que han perdido a sus hijos en las protestas, en una sangrienta jornada que dejó al menos 16 muertos.
“Son muchas las evidencias de que Ortega se atrinchera militarmente para resistir y mejorar sus posiciones de negociación”, denunció el excomandante guerrillero Henry Ruiz en un artículo de opinión.
A juicio del exdiputado opositor Eliseo Núñez, el mandatario ha demostrado que no está dispuesto a ceder a las demandas de democratización que han motivado las protestas y en represalia ha creado un ambiente de “caos”.
Cuestionó, a su vez, el acuerdo alcanzado entre la Organización Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Nicaragua de trabajar en los próximos seis meses en una reforma al resistido sistema electoral, como salida a la crisis que vive el país centroamericano.
Ortega, en el poder desde 2007, tiene previsto concluir su tercer mandato sucesivo en enero de 2022.