La subdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, en conversación con nuestra emisora, analizó la propuesta que busca modificar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
Este proyecto, que fue elaborado por un grupo de académicos de la Casa de Bello, surgió a raíz del caso del machi Celestino Córdova, quien inició una extensa huelga de hambre para conseguir un permiso de visita a su rewue. La propuesta busca asegurar el principio de igualdad y no discriminación en los reos pertenecientes a los pueblos indígenas.
En este sentido, Myrna Villegas señaló que Chile debe adaptar sus normativas de acuerdo a los convenios internacionales suscritos en materia de DD.HH. y pueblos indígenas: “Como país tenemos estándares internacionales de DD.HH. que cumplir. Eso no es sólo por la firma de uno o más tratados, sino que es por un compromiso general que asumieron los Estados después de la Segunda Guerra Mundial, de manera tal que estamos obligados a respetar jurídicamente si hay tratados internacionales de por medio”.
La académica comentó que “en ese marco, la normativa nacional va a tener que irse adecuando a estos estándares”.
La abogada también lamentó cómo los gobiernos se han hecho cargo de la situación del pueblo indígenas. Respecto de este punto, cuestionó las acciones represivas contra las comunidades. “El tema indígena no pasa por mayor represión, por ver la cárcel como un castigo”.
Para ella, “si nosotros como sociedad producimos esto, nosotros como sociedad tenemos que acoger a estas personas y reinsertarlas. Se tienen que respetar los derechos de los indígenas que están privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido”.
A su vez, dijo que estos procesos de reformulación deben ser acompañados de una consulta indígena:”Como Estado tenemos la obligación de consultar a los indígenas cada una de las medidas que se involucren algún tipo de afectación hacia ellos”.
Este proyecto ya fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. También, llegó a manos del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien se comprometió, a finales de julio, a analizar la propuesta.