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Año XI, 9 de diciembre de 2019

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Alejandra Mohor: “El arma de fuego no es el gran recurso para mejorar la seguridad”

El anuncio del alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios, de un convenio con el Club de tiro de la comuna para que los vecinos puedan acceder a descuentos y cupos gratuitos para mujeres para aprender a disparar un arma, ha generado una fuerte polémica. Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), analiza la propuesta en esta entrevista y llama a enmarcar toda acción en esta materia en el fortalecimiento a la política de desarme de los ciudadanos particulares.

Diario Uchile

  Jueves 30 de agosto 2018 16:39 hrs. 
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Según la Dirección General de Movilización Nacional, a octubre del 2017, 813.201 armas de fuego se encontraban inscritas por particulares, de las cuales 752.584 estaban activas en nuestro país, a pesar de la continua campaña de desarme que ha impulsado Carabineros de Chile.

Esta situación es particularmente clara en la comuna de La Reina, donde según datos de la Municipalidad, uno de cada tres hogares poseería un arma, ubicándose en el puesto número 15 a nivel nacional.

Es por ello que el alcalde Juan Manuel Palacios decidió firmar un convenio con el Club de Tirocomunal para que los vecinos puedan acceder a prácticas de tiro que les permitan aprender a manejarlas de manera adecuada, decisión que desató una fuerte discusión entre quienes apoyan la medida, y quienes se oponen, al juzgar que se fomenta la adquisición de armamento por parte de ciudadanos comunes.

La investigadora Alejandra Mohor, del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos, conversó con Prensa U. de Chile sobre la propuesta, y enfatizó la necesidad de clarificar el mensaje hacia la ciudadanía antes de implementar medidas parciales que pueden tener efectos adversos en un tema de alta complejidad.

Mohor

Alejandra Mohor

¿Es posible decir que en Chile hay un problema con las armas en poder de ciudadanos particulares?
Lo que sí es un problema, y eso se hace evidente desde el 2010-2011 a partir de un informe del Servicio Médico Legal de la Región Metropolitana, es la incidencia del uso de armas de fuego en homicidios en la región, y en algunas comunas en particular.

En general los homicidios en el país son cometidos mayoritariamente con armas blancas u otros objetos, y de manera secundaria con armas de fuego, lo que da cuenta de la disponibilidad y el tipo de uso de las armas. Sin embargo la tendencia -que era muy clara-, ha ido cambiando significativamente e incluso en algunas comunas se ha revertido, lo que implica que hay un cambio en el tipo de uso, sobre todo cuando ese uso se traduce en homicidios.

De todas maneras, hay que tener presente que las tasas de homicidios en nuestro país son bajas: 3,5 en el último año cada 100 mil habitantes, un indicador muy bueno para la región. Sin embargo, es preocupante cómo se incrementa el uso de armas de fuego porque da cuenta de un cambio de perfil de la criminalidad.

 

¿Qué se ha hecho para enfrentar esta situación?
El tema de las armas de fuego ha venido siendo objeto de preocupación desde hace años, al igual que la legitimidad de la autodefensa y el uso de armas en ese contexto. Si bien hay poca investigación sobre el tema en el país, el riesgo de que las armas de fuego debidamente inscritas por particulares terminen en manos de quienes pueden usarlas para delitos es bastante alta.

Por otra parte, la capacidad que tiene una persona no solo por la preparación técnica de usarla, sino por las condiciones psicológicas ante una situación donde se hace necesario usar un arma de fuego, hacen también discutible que estas se constituyan como un mecanismo de autodefensa y no terminen siendo un riesgo para el propio portador.

No hablo de oficiales en retiro y sus familiares -que son una situación aparte- sino de personas como tú o yo que de repente podemos pensar que un arma en la casa por más bien debidamente inscrita que esté y que se haya hecho un curso, vaya a servir para la protección. El tema de fondo es como estamos entendiendo el fenómeno de la delincuencia en el país y qué estamos haciendo para abordarlo. Porque cuando la discusión se lleva al plano de ‘armémonos y defendámonos’, lo que hacemos es legitimar un discurso que no tiene que ver con la política pública, sino que refuerza el individualismo y esta sensación de que la delincuencia está desatada y que hay que hacer cualquier cosa para protegerse, lo que no es cierto.

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Los ciudadanos comunes pueden poseer armas de bajo calibre, situación distinta a países como Estados Unidos donde se pueden poseer fusiles de asalto o armas automáticas

En Chile hay dos mundos que tienen puntos de convergencia pero que no son equivalentes. Uno es el de las armas debidamente inscritas por particulares, y otro el de las armas utilizadas por el crimen organizado o el narcotráfico.

Las armas que alimentan este último surgen de compras ilegales a través del tráfico de armas, y también desde las fuerzas de seguridad, donde se sospecha que hay cierto nivel de transferencia de armamento, situación que no es exclusiva de Chile y que en otros países está mucho más extendido.

Otro factor que existe es el de las armas hechizas, que conforme aumenta la posibilidad de adquirir armas sofisticadas se reduce la necesidad de contar con ellas, aunque sigue siendo una realidad.

Sobre este convenio propuesto por el alcalde de La Reina se han dicho muchas cosas. ¿Cómo se puede formar una opinión al respecto?
Creo que hay una información de diagnóstico que es opaca. Que uno de cada tres habitantes de la comuna de La Reina tiene un arma de fuego, puede ser, es posible, pero pensemos que esa comuna es de las que más población militar tiene. Está la Academia de Guerra, hay sectores que están tradicionalmente habitados por militares, son habitantes de la comuna y tienen sus armas de fuego, pero ellos no son contabilizables como ciudadanos comunes y corrientes, tienen otra categoría.

Me parece correcto y legítimo decir que hay una realidad donde por cantidad de personas tienen armas en su casa, y que para seguridad de todos debemos asegurarnos que tengan la información necesaria sobre su uso, como mantenerlas, guardarlas etc. A pesar de ello, lo ideal sería partir por una política de desarme, que es lo que todos los organismos nacionales e internacionales recomiendan, por lo que en el discurso hay que dejar en claro que el arma de fuego no es el gran recurso que hay para mejorar la seguridad.

Sería necesario entonces reforzar la campaña de entrega de arma que tiene Carabineros, hacer otras campañas, reducir los juguetes bélicos. Eso deja claro el énfasis. Si dentro de eso se busca dar las condiciones a quienes tienen armas como algo complementario, ok, pero si generas el convenio hay que dejar claro que no se transmite un mensaje armamentista, porque si no se llama a que las personas compren hoy un arma para usar el beneficio.

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Una de las razones aducidas para el tener armas es que hay una situación de inseguridad. ¿De qué otra manera se puede hacer frente a esa sensación? 
Creo que de todos los problemas asociados a la seguridad el aspecto subjetivo es el más complejo, porque lo que determina que uno se sienta inseguro o no depende de varios factores: tus hábitos, el nivel de vínculo comunitario, incluso la capacidad de ahorro.

Si ves el país tenemos niveles de criminalidad moderados, y los delitos que priman son contra la propiedad, no contra la vida, y la presencia de violencia se da muchas veces ante la resistencia de la víctima, entonces lo que nos está preocupando es quedar desposeídos de la propiedad. Los delitos contra la vida son marginales.

Un factor importante en ese sentido es el desapego comunitario: uno ya no tiene confianza de encontrar en los vecinos un apoyo porque no los conoces, por eso el uso de un arma en tu casa se considera viable porque protege al entorno inmediato. Las calles se ponen más peligrosas cuando no hay vecinos que las habiten.

 

Texto de Felipe Ramírez
Prensa-UChile