53 ex agentes de la DINA fueron condenados por el exterminio de la dirigencia del Partido Comunista entre 1976 y 1977. En conversación con Radio Universidad de Chile, los familiares recuerdan los detalles de esta investigación y las heridas que “aún no sanan”. A más de cuatro décadas de espera, cercanos a las víctimas relatan que muchas sucumbieron esperando alguna sentencia y sus paraderos.
Rodrigo Fuentes
Martes 4 de diciembre 2018 20:00 hrs.
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El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó recientemente a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestros y homicidio de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en el contexto del denominado caso “Calle Conferencia 1”.
La principal condena recayó sobre el otrora Jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien fue condenado por 20 años de presidio como autor de ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio de Víctor Díaz López.
Lo sigue el ex-agente Carlos López Tapia, sentenciado a 20 años, al igual que el ex brigadier de Ejercito, Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 700 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Pese a los avances en la investigación y posteriores condenas, Álvaro Muñoz, hijo del desaparecido Onofre Jorge Muñoz, indicó que, a 42 años de los hechos, aún no se sabe completamente lo que sucedió, a partir del ocultamiento de información y falsos antecedentes declarados por los militares y civiles involucrados.
El también hijo de la fallecida dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, recordó la difícil situación de muchos familiares de las víctimas que sucumbieron esperando alguna sentencia condenatoria.
“Algunas de ellas yo las conocía porque eran los tíos que frecuentaban la casa. Además, a través de esta entrevista quiero recordar a mi abuelo, Jorge Muñoz Contreras, padre de Jorge, que murió el año 1987 sin saber qué pasó con su hijo. Mi abuela, con quien yo me crie, y que rezó hasta su último día por saber lo que ocurrió y quien murió el año 1999. Lo mismo pasó con mi hermana, quien también falleció sin saber el paradero de sus familiares. Al igual que tantas personas que ya no están, y que no pudieron saber lo que realmente sucedió. Yo creo que este es un acto de justicia que se merecen ellos y tantos luchadores sociales que fueron asesinados y hechos desaparecer”, afirmó.
Los hechos se remontan a 1976, donde integrantes de la DINA tomaron detenidos a los miembros de la familia que vivía en el número 1587 de la Calle Conferencia, en una acción conocida como “ratonera”. Después de interrogatorios y torturas, fueron obligados a volver a su casa y aparentar una vida normal, bajo estrecha vigilancia de los agentes, para ayudar en la detención de miembros y dirigentes del PC, que allí se reunían clandestinamente.
Además de Onofre Muñoz, entre las víctimas se encuentra el otrora secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos,
También se hizo desaparecer a Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández.
Alexis Zamorano, sobrino de Mario Zamorano Donoso, precisó que, a pesar de valorar la resolución judicial, las heridas aún no sanan, debido principalmente al desconocimiento del paradero de las víctimas.
“No podemos cerrar el ciclo, es decir, es distinto con aquellos compañeros que aparece su cuerpo, y que la familia, independiente del dolor y trauma de saber cómo lo mataron y cuanta tortura le hicieron, acá no hay duelo, esa parte no está cerrada, la herida sigue abierta. Esto lo podrá mitigar un poco el tiempo, pero ¿dónde cresta voy a dejar una flor?, el Ejército dijo hace un tiempo que los habían tirado al mar, sin embargo, algunos se encontraron sepultados en dependencias militares. La Justicia tardó, pero se sabía que en ese tiempo los jueces estaban comprados por la dictadura, igual algo se ha avanzado”, argumento.
Según estableció la investigación, la mayoría de las víctimas del caso Calle Conferencia, fueron detenidas y trasladadas a Villa Grimaldi, para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros integrantes del PC.
Lorena Díaz Ramírez, hija del desaparecido economista y militante de la colectividad, Lenin Díaz Silva, indicó que el fallo es considerado como un logro, sin embargo, aseveró que se trata de condenas de baja pena en comparación con la magnitud de los delitos cometidos.
“Son sentimientos encontrado porque la Justicia cuando tarda tanto, también duele y se hace lejana. Además, esta sentencia no se hace cargo de determinar o establecer en qué circunstancias murieron nuestros familiares. Parte de la reparación, verdad, justicia y el nunca más, tiene que ver con eso, el país tiene derecho a saber toda la verdad por muy doloroso que sea, y caminar por las calles y encontrarte con un asesino libre”, subrayó.
En el expediente, se constata que muchas de estas personas opositoras al régimen, fueron colocadas en bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para eventualmente ser lanzados al mar.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó recientemente a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestros y homicidio de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en el contexto del denominado caso “Calle Conferencia 1”.
La principal condena recayó sobre el otrora Jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien fue condenado por 20 años de presidio como autor de ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio de Víctor Díaz López.
Lo sigue el ex-agente Carlos López Tapia, sentenciado a 20 años, al igual que el ex brigadier de Ejercito, Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 700 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Pese a los avances en la investigación y posteriores condenas, Álvaro Muñoz, hijo del desaparecido Onofre Jorge Muñoz, indicó que, a 42 años de los hechos, aún no se sabe completamente lo que sucedió, a partir del ocultamiento de información y falsos antecedentes declarados por los militares y civiles involucrados.
El también hijo de la fallecida dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, recordó la difícil situación de muchos familiares de las víctimas que sucumbieron esperando alguna sentencia condenatoria.
“Algunas de ellas yo las conocía porque eran los tíos que frecuentaban la casa. Además, a través de esta entrevista quiero recordar a mi abuelo, Jorge Muñoz Contreras, padre de Jorge, que murió el año 1987 sin saber qué pasó con su hijo. Mi abuela, con quien yo me crie, y que rezó hasta su último día por saber lo que ocurrió y quien murió el año 1999. Lo mismo pasó con mi hermana, quien también falleció sin saber el paradero de sus familiares. Al igual que tantas personas que ya no están, y que no pudieron saber lo que realmente sucedió. Yo creo que este es un acto de justicia que se merecen ellos y tantos luchadores sociales que fueron asesinados y hechos desaparecer”, afirmó.
Los hechos se remontan a 1976, donde integrantes de la DINA tomaron detenidos a los miembros de la familia que vivía en el número 1587 de la Calle Conferencia, en una acción conocida como “ratonera”. Después de interrogatorios y torturas, fueron obligados a volver a su casa y aparentar una vida normal, bajo estrecha vigilancia de los agentes, para ayudar en la detención de miembros y dirigentes del PC, que allí se reunían clandestinamente.
Además de Onofre Muñoz, entre las víctimas se encuentra el otrora secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos,
También se hizo desaparecer a Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández.
Alexis Zamorano, sobrino de Mario Zamorano Donoso, precisó que, a pesar de valorar la resolución judicial, las heridas aún no sanan, debido principalmente al desconocimiento del paradero de las víctimas.
“No podemos cerrar el ciclo, es decir, es distinto con aquellos compañeros que aparece su cuerpo, y que la familia, independiente del dolor y trauma de saber cómo lo mataron y cuanta tortura le hicieron, acá no hay duelo, esa parte no está cerrada, la herida sigue abierta. Esto lo podrá mitigar un poco el tiempo, pero ¿dónde cresta voy a dejar una flor?, el Ejército dijo hace un tiempo que los habían tirado al mar, sin embargo, algunos se encontraron sepultados en dependencias militares. La Justicia tardó, pero se sabía que en ese tiempo los jueces estaban comprados por la dictadura, igual algo se ha avanzado”, argumento.
Según estableció la investigación, la mayoría de las víctimas del caso Calle Conferencia, fueron detenidas y trasladadas a Villa Grimaldi, para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros integrantes del PC.
Lorena Díaz Ramírez, hija del desaparecido economista y militante de la colectividad, Lenin Díaz Silva, indicó que el fallo es considerado como un logro, sin embargo, aseveró que se trata de condenas de baja pena en comparación con la magnitud de los delitos cometidos.
“Son sentimientos encontrado porque la Justicia cuando tarda tanto, también duele y se hace lejana. Además, esta sentencia no se hace cargo de determinar o establecer en qué circunstancias murieron nuestros familiares. Parte de la reparación, verdad, justicia y el nunca más, tiene que ver con eso, el país tiene derecho a saber toda la verdad por muy doloroso que sea, y caminar por las calles y encontrarte con un asesino libre”, subrayó.
En el expediente, se constata que muchas de estas personas opositoras al régimen, fueron colocadas en bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para eventualmente ser lanzados al mar.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó recientemente a 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestros y homicidio de dirigentes del Partido Comunista, detenidos en el contexto del denominado caso “Calle Conferencia 1”.
La principal condena recayó sobre el otrora Jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence Mires, quien fue condenado por 20 años de presidio como autor de ocho delitos de secuestro calificado, y 15 años de cárcel como coautor del homicidio de Víctor Díaz López.
Lo sigue el ex-agente Carlos López Tapia, sentenciado a 20 años, al igual que el ex brigadier de Ejercito, Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 700 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
Pese a los avances en la investigación y posteriores condenas, Álvaro Muñoz, hijo del desaparecido Onofre Jorge Muñoz, indicó que, a 42 años de los hechos, aún no se sabe completamente lo que sucedió, a partir del ocultamiento de información y falsos antecedentes declarados por los militares y civiles involucrados.
El también hijo de la fallecida dirigenta del Partido Comunista, Gladys Marín, recordó la difícil situación de muchos familiares de las víctimas que sucumbieron esperando alguna sentencia condenatoria.
“Algunas de ellas yo las conocía porque eran los tíos que frecuentaban la casa. Además, a través de esta entrevista quiero recordar a mi abuelo, Jorge Muñoz Contreras, padre de Jorge, que murió el año 1987 sin saber qué pasó con su hijo. Mi abuela, con quien yo me crie, y que rezó hasta su último día por saber lo que ocurrió y quien murió el año 1999. Lo mismo pasó con mi hermana, quien también falleció sin saber el paradero de sus familiares. Al igual que tantas personas que ya no están, y que no pudieron saber lo que realmente sucedió. Yo creo que este es un acto de justicia que se merecen ellos y tantos luchadores sociales que fueron asesinados y hechos desaparecer”, afirmó.
Los hechos se remontan a 1976, donde integrantes de la DINA tomaron detenidos a los miembros de la familia que vivía en el número 1587 de la Calle Conferencia, en una acción conocida como “ratonera”. Después de interrogatorios y torturas, fueron obligados a volver a su casa y aparentar una vida normal, bajo estrecha vigilancia de los agentes, para ayudar en la detención de miembros y dirigentes del PC, que allí se reunían clandestinamente.
Además de Onofre Muñoz, entre las víctimas se encuentra el otrora secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López, padre de Viviana Díaz, fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos desaparecidos,
También se hizo desaparecer a Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Elisa Escobar Cepeda, Lenin Díaz Silva y Eliana Espinoza Fernández.
Alexis Zamorano, sobrino de Mario Zamorano Donoso, precisó que, a pesar de valorar la resolución judicial, las heridas aún no sanan, debido principalmente al desconocimiento del paradero de las víctimas.
“No podemos cerrar el ciclo, es decir, es distinto con aquellos compañeros que aparece su cuerpo, y que la familia, independiente del dolor y trauma de saber cómo lo mataron y cuanta tortura le hicieron, acá no hay duelo, esa parte no está cerrada, la herida sigue abierta. Esto lo podrá mitigar un poco el tiempo, pero ¿dónde cresta voy a dejar una flor?, el Ejército dijo hace un tiempo que los habían tirado al mar, sin embargo, algunos se encontraron sepultados en dependencias militares. La Justicia tardó, pero se sabía que en ese tiempo los jueces estaban comprados por la dictadura, igual algo se ha avanzado”, argumento.
Según estableció la investigación, la mayoría de las víctimas del caso Calle Conferencia, fueron detenidas y trasladadas a Villa Grimaldi, para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política, con el fin de obtener información sobre sus actividades de partido y, en especial, la identificación posterior de otros integrantes del PC.
Lorena Díaz Ramírez, hija del desaparecido economista y militante de la colectividad, Lenin Díaz Silva, indicó que el fallo es considerado como un logro, sin embargo, aseveró que se trata de condenas de baja pena en comparación con la magnitud de los delitos cometidos.
“Son sentimientos encontrado porque la Justicia cuando tarda tanto, también duele y se hace lejana. Además, esta sentencia no se hace cargo de determinar o establecer en qué circunstancias murieron nuestros familiares. Parte de la reparación, verdad, justicia y el nunca más, tiene que ver con eso, el país tiene derecho a saber toda la verdad por muy doloroso que sea, y caminar por las calles y encontrarte con un asesino libre”, subrayó.
En el expediente, se constata que muchas de estas personas opositoras al régimen, fueron colocadas en bolsas de polietileno, que amarraron con alambres en torno a su cintura, atándolo a un trozo de riel para eventualmente ser lanzados al mar.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
