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Año XII, 25 de mayo de 2020

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Rector Aldo Valle: “La gratuidad debería extenderse un año adicional al período formal de las carreras”

El vicepresidente ejecutivo del CRUCh analizó la situación actual del financiamiento de las universidades del Estado y las proyecciones de la gratuidad, asegurando que este derecho social no puede limitarse a la duración formal de una carrera, pues eso no responde a la realidad de los estudiantes chilenos.

Andrea Bustos C.

  Miércoles 19 de diciembre 2018 8:30 hrs. 





El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, abordó el rol que tiene el Estado actualmente con la educación superior, y aseguró que este no solo debe velar por la regulación de los planteles para normar y asegurar la oferta del servicio, sino que también debe tener la responsabilidad de contribuir a la existencia de instituciones pertenecientes al Estado que respondan a las necesidades de la sociedad y a las políticas públicas que se implementen.

Además, se refirió a la política de gratuidad, la que durante las últimas semanas ha estado en discusión entre los rectores de universidades públicas, ya que los recursos actuales no serían suficientes y estarían ocasionando perjuicios en las finanzas internas de cada plantel.

En esa línea, dijo que la gratuidad, por ser una política pública es responsabilidad del Estado, y es este el que debe encargarse de mejorarla y garantizarla como derecho a los estudiantes, y no las casas de estudios.

“La gratuidad responde básicamente a la idea de la educación como un derecho social, y en los derechos sociales, no solo en educación, también en salud, o en otras áreas de la vida social, el sujeto pasivo de la obligación es el Estado, no son las instituciones, de modo que mal podría el Estado concebir una política de gratuidad en que las instituciones sean las que tengan que gastar sus propios recursos o patrimonios para construir a esa política”, explicó.

Sin embargo, también aclaró que esto no significa que las universidades no tengan responsabilidades compartidas en cooperar para que las políticas se implementen de la mejor forma posible.

Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CruCH) explicó que la política actual de gratuidad determina que luego de la duración formal de la carrera el beneficio se pierde, y la extensión debe ser cancelada en un 50 por ciento por el estudiante y la otra mitad con cargo a los ingresos generales de cada universidad.

Esta norma es precisamente la que hoy mantiene preocupados a los rectores, ya que  los planteles están presentando importantes déficits económicos para 2019, situación que el rector calificó como una “amenaza para la sustentabilidad financiera de las instituciones”.

El rector dijo que establecer gratuidad solo para la duración formal de una carrera no se condice con la realidad de la educación superior chilena, pues los estudiantes difícilmente pueden terminar sus carreras en el plazo previamente establecido por la universidad, y que, aunque advirtieron la situación a los ministros de Hacienda y Educación cuando se creó la gratuidad, no fueron escuchados.

“Nosotros hemos insistido en esto porque conocemos la realidad, y querer forzar simplemente por la ley a veces las realidades sociales es muchas veces mucho peor que ajustar antes esa correspondencia que debe haber entre políticas, propósitos de la política y finalmente realidad social, porque eso es lo que permite la eficacia de las políticas públicas”, dijo.

Por esto, el rector de la Universidad de Valparaíso señaló que la propuesta de los rectores es extender este beneficio a un año más, ya que así se podría beneficiar a los estudiantes y no perjudicar a los planteles: “Pensamos que respondiendo precisamente a los estándares de desempeño en el sistema de educación superior en el país debiera la gratuidad extenderse un año adicional al período formal de las carreras, que en definitiva se trata de los estudiantes más vulnerables del sistema que no tuvieron como pagar su educación superior”.

Además, el vicepresidente ejecutivo del CruCh comentó que en nuestro país hay un predominio de una ortodoxia economicista que plantea que exista el menor gasto público posible, derivando las inversiones al sector privado, lo que ha influido directamente en la garantía de derechos.

“Lo que está presente en la inconsistencia de los propios discursos es el predominio de una ortodoxia economicista, que responde, entre otras cosas, a que ojalá haya el menor gasto público, porque lo más significante para la sociedad, para la economía y para el desarrollo es que los recursos sean administrados por voluntades privadas (…) Se produce un cambio aquí, que está asociado, creo yo, a esta hegemonía de una ortodoxia economicista que desde luego en tanto ortodoxia niega el concepto de derecho social”, explicó.