Ximena Rincón: “No puede ser que quien cuida niños no tenga exigencias de calidad”
En conversación con Radio Universidad de Chile, la senadora integrante de la Comisión Especial de Infancia rechazó las presiones del Ejecutivo tendientes a aprobar la “ley corta” sin realizar nuevas indicaciones. Desde la Fundación Infancia, afirmaron que los dineros deben destinarse al mismo tiempo que se aseguren resultados en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
Rodrigo Fuentes
Viernes 11 de enero 2019 16:40 hrs.
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El Ejecutivo tiene hasta el próximo jueves 31 de enero para tramitar diferentes proyectos y reformas anunciadas por la administración del Presidente Sebastián Piñera, antes que los parlamentarios entren en receso legislativo durante el mes de febrero.
El Ejecutivo ha presionado para que dentro de las siguientes semanas se apruebe una serie de iniciativas correspondientes a la agenda social, como, por ejemplo, la modificación a la ley de subvención a los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Sin embargo, parlamentarios de oposición han hecho indicaciones a la denominada “ley corta”, referidas a subir los estándares de calidad en los centros de residencia privados antes de asignar mayores recursos.
La prenormativa está siendo discutida en la Comisión Especial del Senado dedicada a la infancia. Recientemente se aprobaron 14 indicaciones consensuadas entre el gobierno y los legisladores, sin embargo, desde la oposición esperan fortalecer los argumentos para imponer otras referencias, como la de hacer más exigente el modelo de centro de acogida de menores.
El proyecto del Ejecutivo aumenta en un 25 por ciento la subvención a los organismos colaboradores del SENAME, pero la idea está estancada debido a que parlamentarios piden que se aumenten los estándares de calidad y transparencia de quienes administran los recintos, antes de aprobar los nuevos recursos.
La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, sostuvo que los programas de reparación, para reintegrar a los menores a la sociedad, y que es tarea de los centros de acogida, es uno de los objetivos centrales para mejorar el actual sistema, sin embargo, para ella, ese principio no está en la idea del Gobierno.
“No puede ser que quien cuida a los niños no tenga exigencias de calidad de servicio, no puede ser que quien cuida tenga, por ejemplo, condenas por abuso sexual, la institución no tenga normas de transparencia en uso de recursos público. Los privados nos dicen, nosotros tenemos pocos recursos para hacerlo, entonces no podemos cumplir con ciertos estándares, entonces decimos, no se ofrezca para cuidar a los niños. Entendemos que son pocas las platas, eso no está en discusión, pero debemos exigir garantías mínimas de asistencia para los niños tengan garantías”, afirmó.
En entrevista con radio Universidad de Chile, la senadora integrante de la Comisión Especial en materia de infancia, Ximena Rincón, agregó que la denominada “ley corta” impulsada por el Ejecutivo no puede ser un slogan, sino que tiene que constituir una solución real contra la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes que ocurren al interior de los centros dependientes del SENAME.
Al respecto, la directora de la Fundación Infancia, Nathalie Oyarse, indicó que aumentar la subvención a los organismos colaboradores que lo han hecho bien y mal, no es el camino para solucionar el problema. Precisó que se deben pagar para que haya resultados concretos referidos a la restitución de derechos de los infantes.
“Hay que ir más allá de los estándares, se deben exigir resultados. Que el Estado les pague a los organismos, pero que estos demuestren con datos cuantificables, medibles en el tiempo. Lamentablemente el Ejecutivo propone más subvención para que el niño viva y coma en la residencia, y lo más importante lo dejamos de lado. Por tanto, vemos que no se está aplicando la premisa referida al infante como sujeto de derechos”, argumentó.
Dependiendo de si estas indicaciones a la denominada “ley corta” se aprueban en la Comisión Especial de Infancia, el proyecto debería pasar a la Sala del Senado, para luego volver a la Cámara de Diputados. Si se realizan cambios en dicha instancia legislativa específica y se resuelven las diferencias que se tienen con parlamentarios oficialistas, entonces la ley catalogada como de “suma urgencia” podría ser despachada dentro de los tiempos estipulados por el Ejecutivo.
El Ejecutivo tiene hasta el próximo jueves 31 de enero para tramitar diferentes proyectos y reformas anunciadas por la administración del Presidente Sebastián Piñera, antes que los parlamentarios entren en receso legislativo durante el mes de febrero.
El Ejecutivo ha presionado para que dentro de las siguientes semanas se apruebe una serie de iniciativas correspondientes a la agenda social, como, por ejemplo, la modificación a la ley de subvención a los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Sin embargo, parlamentarios de oposición han hecho indicaciones a la denominada “ley corta”, referidas a subir los estándares de calidad en los centros de residencia privados antes de asignar mayores recursos.
La prenormativa está siendo discutida en la Comisión Especial del Senado dedicada a la infancia. Recientemente se aprobaron 14 indicaciones consensuadas entre el gobierno y los legisladores, sin embargo, desde la oposición esperan fortalecer los argumentos para imponer otras referencias, como la de hacer más exigente el modelo de centro de acogida de menores.
El proyecto del Ejecutivo aumenta en un 25 por ciento la subvención a los organismos colaboradores del SENAME, pero la idea está estancada debido a que parlamentarios piden que se aumenten los estándares de calidad y transparencia de quienes administran los recintos, antes de aprobar los nuevos recursos.
La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, sostuvo que los programas de reparación, para reintegrar a los menores a la sociedad, y que es tarea de los centros de acogida, es uno de los objetivos centrales para mejorar el actual sistema, sin embargo, para ella, ese principio no está en la idea del Gobierno.
“No puede ser que quien cuida a los niños no tenga exigencias de calidad de servicio, no puede ser que quien cuida tenga, por ejemplo, condenas por abuso sexual, la institución no tenga normas de transparencia en uso de recursos público. Los privados nos dicen, nosotros tenemos pocos recursos para hacerlo, entonces no podemos cumplir con ciertos estándares, entonces decimos, no se ofrezca para cuidar a los niños. Entendemos que son pocas las platas, eso no está en discusión, pero debemos exigir garantías mínimas de asistencia para los niños tengan garantías”, afirmó.
En entrevista con radio Universidad de Chile, la senadora integrante de la Comisión Especial en materia de infancia, Ximena Rincón, agregó que la denominada “ley corta” impulsada por el Ejecutivo no puede ser un slogan, sino que tiene que constituir una solución real contra la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes que ocurren al interior de los centros dependientes del SENAME.
Al respecto, la directora de la Fundación Infancia, Nathalie Oyarse, indicó que aumentar la subvención a los organismos colaboradores que lo han hecho bien y mal, no es el camino para solucionar el problema. Precisó que se deben pagar para que haya resultados concretos referidos a la restitución de derechos de los infantes.
“Hay que ir más allá de los estándares, se deben exigir resultados. Que el Estado les pague a los organismos, pero que estos demuestren con datos cuantificables, medibles en el tiempo. Lamentablemente el Ejecutivo propone más subvención para que el niño viva y coma en la residencia, y lo más importante lo dejamos de lado. Por tanto, vemos que no se está aplicando la premisa referida al infante como sujeto de derechos”, argumentó.
Dependiendo de si estas indicaciones a la denominada “ley corta” se aprueban en la Comisión Especial de Infancia, el proyecto debería pasar a la Sala del Senado, para luego volver a la Cámara de Diputados. Si se realizan cambios en dicha instancia legislativa específica y se resuelven las diferencias que se tienen con parlamentarios oficialistas, entonces la ley catalogada como de “suma urgencia” podría ser despachada dentro de los tiempos estipulados por el Ejecutivo.
El Ejecutivo tiene hasta el próximo jueves 31 de enero para tramitar diferentes proyectos y reformas anunciadas por la administración del Presidente Sebastián Piñera, antes que los parlamentarios entren en receso legislativo durante el mes de febrero.
El Ejecutivo ha presionado para que dentro de las siguientes semanas se apruebe una serie de iniciativas correspondientes a la agenda social, como, por ejemplo, la modificación a la ley de subvención a los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Sin embargo, parlamentarios de oposición han hecho indicaciones a la denominada “ley corta”, referidas a subir los estándares de calidad en los centros de residencia privados antes de asignar mayores recursos.
La prenormativa está siendo discutida en la Comisión Especial del Senado dedicada a la infancia. Recientemente se aprobaron 14 indicaciones consensuadas entre el gobierno y los legisladores, sin embargo, desde la oposición esperan fortalecer los argumentos para imponer otras referencias, como la de hacer más exigente el modelo de centro de acogida de menores.
El proyecto del Ejecutivo aumenta en un 25 por ciento la subvención a los organismos colaboradores del SENAME, pero la idea está estancada debido a que parlamentarios piden que se aumenten los estándares de calidad y transparencia de quienes administran los recintos, antes de aprobar los nuevos recursos.
La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, sostuvo que los programas de reparación, para reintegrar a los menores a la sociedad, y que es tarea de los centros de acogida, es uno de los objetivos centrales para mejorar el actual sistema, sin embargo, para ella, ese principio no está en la idea del Gobierno.
“No puede ser que quien cuida a los niños no tenga exigencias de calidad de servicio, no puede ser que quien cuida tenga, por ejemplo, condenas por abuso sexual, la institución no tenga normas de transparencia en uso de recursos público. Los privados nos dicen, nosotros tenemos pocos recursos para hacerlo, entonces no podemos cumplir con ciertos estándares, entonces decimos, no se ofrezca para cuidar a los niños. Entendemos que son pocas las platas, eso no está en discusión, pero debemos exigir garantías mínimas de asistencia para los niños tengan garantías”, afirmó.
En entrevista con radio Universidad de Chile, la senadora integrante de la Comisión Especial en materia de infancia, Ximena Rincón, agregó que la denominada “ley corta” impulsada por el Ejecutivo no puede ser un slogan, sino que tiene que constituir una solución real contra la violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes que ocurren al interior de los centros dependientes del SENAME.
Al respecto, la directora de la Fundación Infancia, Nathalie Oyarse, indicó que aumentar la subvención a los organismos colaboradores que lo han hecho bien y mal, no es el camino para solucionar el problema. Precisó que se deben pagar para que haya resultados concretos referidos a la restitución de derechos de los infantes.
“Hay que ir más allá de los estándares, se deben exigir resultados. Que el Estado les pague a los organismos, pero que estos demuestren con datos cuantificables, medibles en el tiempo. Lamentablemente el Ejecutivo propone más subvención para que el niño viva y coma en la residencia, y lo más importante lo dejamos de lado. Por tanto, vemos que no se está aplicando la premisa referida al infante como sujeto de derechos”, argumentó.
Dependiendo de si estas indicaciones a la denominada “ley corta” se aprueban en la Comisión Especial de Infancia, el proyecto debería pasar a la Sala del Senado, para luego volver a la Cámara de Diputados. Si se realizan cambios en dicha instancia legislativa específica y se resuelven las diferencias que se tienen con parlamentarios oficialistas, entonces la ley catalogada como de “suma urgencia” podría ser despachada dentro de los tiempos estipulados por el Ejecutivo.
