Una tradición lamentable de la política chilena es que los gobiernos intenten aprobar los proyectos más controvertidos al final de los periodos legislativos, es decir, en los últimos días de enero, cuando sus opositores están a medio camino de las vacaciones y con menor capacidad de movilizar voluntades en contra. El gesto en sí mismo ha sido poco democrático y denota falta de confianza en los propios argumentos. Un dirigente social me dijo el mes pasado “no nos vaya a pasar lo mismo con el TPP-11” y fue justamente eso lo que ocurrió.

El martes 15 de enero en la tarde el Gobierno le puso suma urgencia al proyecto y agendó inmediatamente para la mañana siguiente la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores donde el proyecto se aprobó con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Los opositores, sabiendo de esta vieja práctica y atentos diariamente a los laberintos de la web de la Cámara de Diputados, alcanzaron a informarse del cambio en el estatus de la tramitación y de la agenda de la sesión, pero no a movilizarse a Valparaíso.

Lo que ha hecho el Gobierno, en todo caso, es fiel a la trayectoria de este tratado. Su gestión, cuya maternidad y paternidad es compartida por los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, tuvo en su génesis una cláusula explícita de confidencialidad, tan inédita como ajena al estándar democrático, especialmente cuando se ha sabido que agentes de importantes trasnacionales sí tuvieron acceso a lo que se estaba discutiendo. Solo una filtración de Wikileaks le permitió a la opinión pública mundial enterarse sobre lo que estaban negociando los equipos técnicos de 12 gobiernos, cuyos integrantes son por lo general desconocidos para la opinión pública de sus países.

Desde entonces, el TPP original fue firmado un 4 de febrero en Nueva Zelandia, cuando en Chile se estaba en plenas vacaciones, y la suscripción del TPP-11 sin Estados Unidos fue agendado para el 8 de marzo del año pasado, cuando el movimiento social estaba implicado en una gran marcha feminista y cuando el gobierno de Michelle Bachelet había agendado las actividades de despedida de la Mandataria. De hecho, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, envió una carta y decidió no ir a La Moneda a tributar a Bachelet por considerar incompatible todo lo que estaba ocurriendo ese día.

En relación al Tratado, hemos explicado antes algunos asuntos centrales que es preciso repetir ahora. Lo primero es que Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países firmantes, por lo que desde el punto de vista comercial el TPP-11 es redundante. Lo segundo es que nuestro país no tiene en general un proceso participativo en relación a los tratados ni lo tuvo en relación a éste: el Parlamento puede votar sí o no, pero no puede mover una coma (además los presidentes de los partidos oficialistas ni otros ministros supieron nunca lo que se estaba negociando). Lo tercero es que este tipo de tratados ata a Chile al modelo exportador primario porque su estándar es que mientras las grandes potencias nos envían valor agregado, nosotros mandamos de vuelta materias primas. Lo cuarto es que asombrosamente se trata de una de las políticas públicas más persistentes y extensas que ha tenido Chile, pero que no ha sido sometida a ningún tipo de evaluación (no hay estudios integrales, de supuestos beneficios o perjuicios sobre ninguno de los más de 25 tratados de libre comercio que ha firmado Chile, que al menos se hayan difundido públicamente).

Hemos dejado para el final lo más grave: para quienes vienen estudiando los tratados de libre comercio hace años se ha hecho evidente que su verdadero objetivo no es el libre comercio, pues el mundo ya se encuentra significativamente liberalizado, sino modificar las reglas del juego, trasladando parte importante de la soberanía política de los países a tribunales internacionales ad hoc que no dependen de ninguna institución política del mundo y en donde, según los datos duros, por lo general cuando un inversionista demanda a un Estado termina ganando. Y esto puede ser por cualquier cambio en la política pública nacional que el inversor considere atentatoria contra las reglas del juego originales, es decir, los estándares medioambientales, los tributos, el sueldo mínimo y otros. En resumen, reduce la capacidad de los pueblos de cambiar sus sociedades a través de la política, instalando en su reemplazo una gran gobernanza mundial cuyo principal norte es la protección de la inversión.

Salvo en los casos de los votos en contra ayer de los diputados Pablo Vidal y Vlado Mirosevic, ninguno de estos argumentos estuvo en el fundamento de lo que zanjó la comisión, lo cual evidencia un desconocimiento de los parlamentarios sobre el alcance más profundo de lo que estaban votando. Sí se escuchó a un diputado decir que si no firmábamos TLC nos quedaríamos aislados (cuando hay decenas de países plenamente insertos en el mundo que no han suscrito este tipo de acuerdos); a otro que había que apoyar una política de Estado (que en 20 años nunca ha sido evaluada con estudios ni una discusión seria); y a un tercero según el cual oponerse era propio de “nacionalistas obsoletos amparados en el populismo” (sin asumir que una de las causas del retroceso de su sector socialdemócrata a nivel mundial es la falta de respuestas ante los efectos indeseables de la globalización). Estamos aún muy lejos de ser serios en estos asuntos.