Vocero de estudiantes de la Universidad del Pacífico: “Estamos en un mall de carreras”
Después del anuncio del Consejo Nacional de Educación sobre el retiro del reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico, Javier Íñiguez y Alberto Morales -representantes del Centro de Estudiantes y de Docentes, respectivamente- se pronunciaron al respecto. Íñiguez, además, denunció que la convalidación con otras universidades no está resultado beneficiosa, puesto que muchos serían colocados en primer año sin derecho a reclamo.
Eduardo Andrade
Jueves 7 de febrero 2019 18:14 hrs.
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La decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) fue el tiro de gracia. La revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico -anunciada este martes por el presidente del CNED, Pedro Montt- significa que su cierre es inminente. Con esto, aproximadamente dos mil alumnos y quinientos profesores, entre contratados y a honorarios, quedarán a la deriva.
En las oficinas abandonadas de una de las sedes de la universidad, en Las Condes, los alumnos han desplegado un letrero que dice “Alumnos en venta”, y es que para el vocero del Centro de Alumnos, Javier Íñiguez, así se sienten. “Ya no nos sentimos estudiantes”, afirmó a este medio, “estamos en un mall de las carreras”.
Este suculento grupo de alumnos con carreras inconclusas son, al parecer, un premio que se disputan cuatro universidades que firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para recibir a los afectados. Sin embargo, para Íñiguez, estos acuerdos ayudarían poco o casi nada.
“Hay alumnos de tercer o cuarto año que se fueron a matricular a estas casas de estudios y les hicieron firmar un papel que decía que una vez que ellos les hagan la convalidación de ramos, que no se les podía informar antes de la matrícula, no tendrían derecho a reclamo”, denunció el vocero.
Por otro lado, el abanico de los afectados lo completan los docentes y funcionarios de la Universidad del Pacífico. Alberto Morales, miembro del grupo de docentes a honorarios de dicha universidad, también conversó con este medio y denunció que el último pago, en el caso de los docentes a honorarios, fue el 28 de diciembre. y que correspondía al mes de noviembre.
“El tema es bastante más delicado. Hay funcionarios que pidieron créditos a la caja de compensación con el cargo automático del sueldo, y esos cargos automáticos se hicieron, pero no se pagaron nunca las cuotas de crédito. Por eso los funcionarios aparecen en Dicom”, explicó Morales.
En ninguno de los dos grupos afectados las conversaciones con las autoridades de la universidad o el Mineduc han sido fructíferas. En el caso de los estudiantes -según señaló Íñiguez- el diálogo con la Universidad del Pacífico se cortó en octubre del 2018 e, incluso, muchos aún no han podido retirar sus papeles simplemente porque no hay a quién reclamar.
El vocero también afirmó que tampoco existieron conversaciones con el Mineduc y que todas las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos, por ejemplo, les llegaban en la voz de impacientes periodistas esperando una cuña de vuelta.
Mientras tanto, los docentes y funcionarios afectados, más que acercamientos con el ente máximo de educación, reclaman la presencia del Ministerio del Trabajo para presionar por el pago de sus servicios.
“La ministra de Educación nunca se ha reunido con nosotros ni tampoco se ha preocupado de nuestra situación. El Ministerio del Trabajo, en la Inspección del Trabajo, nos ha dicho que estos son contratos entre privados y que ellos no se meten”, aseguró Morales.
Aunque para Íñiguez la situación de la Universidad del Pacífico es irreversible, tanto él como Morales coinciden en que pudo haberse evitado. Para el primero, por ejemplo, el Mineduc sabía de la situación de la universidad en cuestión desde el año 2014, pero no hizo nada.
Por otro lado, Morales apunta a los meses del 2018 en los que se empezó a buscar financiamiento como última maniobra de sobrevivencia, pero que no funcionó puesto que el dueño, Pablo Ortuzar, exigía dos condiciones: indemnización a su familia y la mantención de sus puestos de trabajo.
“Yo conozco por lo menos cinco financistas que se fueron por esas condiciones. Incluso hay un financista que se fue, inclusive iba a indemnizar a la familia, pero no iba a mantener los cargos. De ahí fue cuando Ortuzar dijo que no”, señaló el docente.
A la espera de un administrador por el proceso de cierre de la institución, Íñiguez aseguró, finalmente, que ya se tiene pactada una reunión, el próximo martes, con el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; sin embargo, también están abiertos a conversaciones con representantes directos del Ministerio de Educación.
La decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) fue el tiro de gracia. La revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico -anunciada este martes por el presidente del CNED, Pedro Montt- significa que su cierre es inminente. Con esto, aproximadamente dos mil alumnos y quinientos profesores, entre contratados y a honorarios, quedarán a la deriva.
En las oficinas abandonadas de una de las sedes de la universidad, en Las Condes, los alumnos han desplegado un letrero que dice “Alumnos en venta”, y es que para el vocero del Centro de Alumnos, Javier Íñiguez, así se sienten. “Ya no nos sentimos estudiantes”, afirmó a este medio, “estamos en un mall de las carreras”.
Este suculento grupo de alumnos con carreras inconclusas son, al parecer, un premio que se disputan cuatro universidades que firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para recibir a los afectados. Sin embargo, para Íñiguez, estos acuerdos ayudarían poco o casi nada.
“Hay alumnos de tercer o cuarto año que se fueron a matricular a estas casas de estudios y les hicieron firmar un papel que decía que una vez que ellos les hagan la convalidación de ramos, que no se les podía informar antes de la matrícula, no tendrían derecho a reclamo”, denunció el vocero.
Por otro lado, el abanico de los afectados lo completan los docentes y funcionarios de la Universidad del Pacífico. Alberto Morales, miembro del grupo de docentes a honorarios de dicha universidad, también conversó con este medio y denunció que el último pago, en el caso de los docentes a honorarios, fue el 28 de diciembre. y que correspondía al mes de noviembre.
“El tema es bastante más delicado. Hay funcionarios que pidieron créditos a la caja de compensación con el cargo automático del sueldo, y esos cargos automáticos se hicieron, pero no se pagaron nunca las cuotas de crédito. Por eso los funcionarios aparecen en Dicom”, explicó Morales.
En ninguno de los dos grupos afectados las conversaciones con las autoridades de la universidad o el Mineduc han sido fructíferas. En el caso de los estudiantes -según señaló Íñiguez- el diálogo con la Universidad del Pacífico se cortó en octubre del 2018 e, incluso, muchos aún no han podido retirar sus papeles simplemente porque no hay a quién reclamar.
El vocero también afirmó que tampoco existieron conversaciones con el Mineduc y que todas las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos, por ejemplo, les llegaban en la voz de impacientes periodistas esperando una cuña de vuelta.
Mientras tanto, los docentes y funcionarios afectados, más que acercamientos con el ente máximo de educación, reclaman la presencia del Ministerio del Trabajo para presionar por el pago de sus servicios.
“La ministra de Educación nunca se ha reunido con nosotros ni tampoco se ha preocupado de nuestra situación. El Ministerio del Trabajo, en la Inspección del Trabajo, nos ha dicho que estos son contratos entre privados y que ellos no se meten”, aseguró Morales.
Aunque para Íñiguez la situación de la Universidad del Pacífico es irreversible, tanto él como Morales coinciden en que pudo haberse evitado. Para el primero, por ejemplo, el Mineduc sabía de la situación de la universidad en cuestión desde el año 2014, pero no hizo nada.
Por otro lado, Morales apunta a los meses del 2018 en los que se empezó a buscar financiamiento como última maniobra de sobrevivencia, pero que no funcionó puesto que el dueño, Pablo Ortuzar, exigía dos condiciones: indemnización a su familia y la mantención de sus puestos de trabajo.
“Yo conozco por lo menos cinco financistas que se fueron por esas condiciones. Incluso hay un financista que se fue, inclusive iba a indemnizar a la familia, pero no iba a mantener los cargos. De ahí fue cuando Ortuzar dijo que no”, señaló el docente.
A la espera de un administrador por el proceso de cierre de la institución, Íñiguez aseguró, finalmente, que ya se tiene pactada una reunión, el próximo martes, con el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; sin embargo, también están abiertos a conversaciones con representantes directos del Ministerio de Educación.
La decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) fue el tiro de gracia. La revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico -anunciada este martes por el presidente del CNED, Pedro Montt- significa que su cierre es inminente. Con esto, aproximadamente dos mil alumnos y quinientos profesores, entre contratados y a honorarios, quedarán a la deriva.
En las oficinas abandonadas de una de las sedes de la universidad, en Las Condes, los alumnos han desplegado un letrero que dice “Alumnos en venta”, y es que para el vocero del Centro de Alumnos, Javier Íñiguez, así se sienten. “Ya no nos sentimos estudiantes”, afirmó a este medio, “estamos en un mall de las carreras”.
Este suculento grupo de alumnos con carreras inconclusas son, al parecer, un premio que se disputan cuatro universidades que firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para recibir a los afectados. Sin embargo, para Íñiguez, estos acuerdos ayudarían poco o casi nada.
“Hay alumnos de tercer o cuarto año que se fueron a matricular a estas casas de estudios y les hicieron firmar un papel que decía que una vez que ellos les hagan la convalidación de ramos, que no se les podía informar antes de la matrícula, no tendrían derecho a reclamo”, denunció el vocero.
Por otro lado, el abanico de los afectados lo completan los docentes y funcionarios de la Universidad del Pacífico. Alberto Morales, miembro del grupo de docentes a honorarios de dicha universidad, también conversó con este medio y denunció que el último pago, en el caso de los docentes a honorarios, fue el 28 de diciembre. y que correspondía al mes de noviembre.
“El tema es bastante más delicado. Hay funcionarios que pidieron créditos a la caja de compensación con el cargo automático del sueldo, y esos cargos automáticos se hicieron, pero no se pagaron nunca las cuotas de crédito. Por eso los funcionarios aparecen en Dicom”, explicó Morales.
En ninguno de los dos grupos afectados las conversaciones con las autoridades de la universidad o el Mineduc han sido fructíferas. En el caso de los estudiantes -según señaló Íñiguez- el diálogo con la Universidad del Pacífico se cortó en octubre del 2018 e, incluso, muchos aún no han podido retirar sus papeles simplemente porque no hay a quién reclamar.
El vocero también afirmó que tampoco existieron conversaciones con el Mineduc y que todas las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos, por ejemplo, les llegaban en la voz de impacientes periodistas esperando una cuña de vuelta.
Mientras tanto, los docentes y funcionarios afectados, más que acercamientos con el ente máximo de educación, reclaman la presencia del Ministerio del Trabajo para presionar por el pago de sus servicios.
“La ministra de Educación nunca se ha reunido con nosotros ni tampoco se ha preocupado de nuestra situación. El Ministerio del Trabajo, en la Inspección del Trabajo, nos ha dicho que estos son contratos entre privados y que ellos no se meten”, aseguró Morales.
Aunque para Íñiguez la situación de la Universidad del Pacífico es irreversible, tanto él como Morales coinciden en que pudo haberse evitado. Para el primero, por ejemplo, el Mineduc sabía de la situación de la universidad en cuestión desde el año 2014, pero no hizo nada.
Por otro lado, Morales apunta a los meses del 2018 en los que se empezó a buscar financiamiento como última maniobra de sobrevivencia, pero que no funcionó puesto que el dueño, Pablo Ortuzar, exigía dos condiciones: indemnización a su familia y la mantención de sus puestos de trabajo.
“Yo conozco por lo menos cinco financistas que se fueron por esas condiciones. Incluso hay un financista que se fue, inclusive iba a indemnizar a la familia, pero no iba a mantener los cargos. De ahí fue cuando Ortuzar dijo que no”, señaló el docente.
A la espera de un administrador por el proceso de cierre de la institución, Íñiguez aseguró, finalmente, que ya se tiene pactada una reunión, el próximo martes, con el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; sin embargo, también están abiertos a conversaciones con representantes directos del Ministerio de Educación.
