Diario y Radio U Chile

Año XI, 18 de julio de 2019

Escritorio

Caso jueces de Rancagua: Fiscal Sergio Moya acusó maniobras para entorpecer la investigación

El persecutor aseguró, entre otras cosas, que hay antecedentes de que en la oficina del juez Marcelo Vásquez hubo "cajones desarrajados para sustraer información".

Diario Uchile

  Sábado 13 de abril 2019 15:14 hrs. 
Sergio-Moya

En entrevista con el diario La Tercera, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Sergio Moya, abordó la indagatoria que lleva adelante sobre el actuar de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua por supuestos actos ilícitos.

El persecutor reconoció que, al juez de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta, se le investiga informalmente desde 2015 “producto de ciertos cuestionamientos o dudas que se generaron sobre las resoluciones de algunos ministros y la intervención de algunos abogados particulares en estos procesos”.

Asimismo, el fiscal aseguró que Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta son los ministros investigados en la causa y que “el ministro Marcelo Albornoz, por ahora, no aparece como sospechoso, lo que no obsta que si en el futuro tenemos antecedentes, sí lo sea”.

Además, Sergio Moya acusó que “los imputados investigados están realizando maniobras para atacar a fiscales y jueces que han dado las autorizaciones pertinentes, con conductas obstructivas a la investigación”.

Entre estas acciones, el persecutor aseguró que Marcelo Vásquez “concurrió en horas de la noche a la corte a retirar en una bolsa una multiplicidad de especies, como pendrives y otros objetos de relevancia penal, y que al analizar el registro de su oficina se constató que había cajones que habían sido desarrajados para sustraer información”.

El persecutor se refirió también a la figura del senador Juan Pablo Letelier al que se le imputa un eventual nexo con dichos jueces, frente a lo cual señaló que “la verdad es que para nosotros la conducta desplegada por su parte no tiene ninguna relevancia jurídico investigativa. Él deberá responder ante la Comisión de Ética del Senado, frente a la opinión pública de algunas gestiones que ha realizado. Hasta ahora no tenemos ninguna conducta jurídico penal relevante, pero si llegamos a determinar que la hay, sin duda será indagado”.