Diario y Radio U Chile

Año XI, 21 de julio de 2019

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Colegio de Periodistas y Comisión Chilena de DD.HH. proponen regular concentración mediática

Evitar la concentración de medios y proteger el trabajo periodístico son algunos de los puntos que el Colegio de Periodistas, apoyado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, propone modificar en las leyes y la Constitución. Para la presidenta del gremio, Margarita Pastene, las falencias en la ley actual tienen su génesis en la dictadura.

Eduardo Andrade

  Jueves 11 de julio 2019 19:15 hrs. 
DIPUTADO - ESPINOZA - PRENSA - MEDIOS

Ir en beneficio del trabajo periodístico, pero, por sobre todo, colaborar en la consolidación de una sociedad democrática, son las finalidades de una iniciativa gestada desde el Colegio de Periodistas y que plantea un cambio constitucional en la normativa que regula a las comunicaciones en Chile.

Con cifras que superan el noventa por cierto de concentración de medios en algunos ámbitos, según datos del Consejo Nacional de Televisión, se trata de uno de los grandes impedimentos para la consolidación democrática en Chile. Por tal motivo, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, describió la pertinencia de la propuesta.

“Estamos demandando que podamos consignar el derecho humano a la comunicación en la Constitución, en una nueva Constitución para Chile, y que desde ahí se desprenda una ley de medios que permita regular los medios de comunicación privados, de tal modo que no se produzcan estas concentraciones que apuntan, en términos ideológicos, en una sola dirección”, explicó Pastene.

Pero aquello, sin embargo, abarca mucho más allá que un solo problema y plantea, según Pastene, propuestas de fomento y apoyo a los medios de servicio público, así como los de alcance local, regional y de tipo comunitarios.

Margarita Pastene.

Margarita Pastene.

Todo esto, además, con una normativa que proteja el trabajo periodístico en épocas de “inmensa precariedad y desprotección laboral”, indicó Pastene.

Esto último, sin embargo, si bien podría haberse exacerbado en los últimos años, donde diversos medios nacionales han sucumbido al cierre de sus funciones, para Pastene, acarrea una deuda que se inició en los años de dictadura.

“Cuando se recuperó la democracia, los medios de comunicación que participaron activamente y los periodistas que dieron su vida por recuperar la democracia, estuvieron en medios que fueron cerrando porque no fueron sustentables. Y ningún gobierno de la Concertación cubrió esa deuda histórica con el periodismo y con las comunicaciones en Chile”, criticó Pastene.

Esta propuesta, en las últimas semanas, ha recibido el apoyo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con cuyo equipo se está trabajando en un documento que será presentado al Congreso Nacional y que, por ahora, plantea la modificación del artículo 19, número 12, de la Constitución, justamente el que hace referencia a los medios de información en el país.

Así se refirió el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sobre las falencias de la normativa vigente.

Carlos Margotta.

Carlos Margotta.

El artículo 19, número 12, lo que establece es el derecho a la opinión y a la información, pero no a la libertad de expresión, que sí establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que fue un instrumento suscrito y ratificado por el Estado de Chile. Lo que proponemos es la adecuación de la legislación nacional a la normativa internacional”, indicó.

Este aparente detalle mínimo resaltado por Margotta es, justamente, el detonante de otros problemas como el pluralismo informativo y la concentración de medios, que terminan colocando al público en una condición de desprotección en épocas de alto tránsito de información.

Hay que recordar, finalmente, que según un informe realizado en Chile por el visitante de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Edinson Lanza, y que fue publicado en el año 2017, se constató que la libertad de expresión está siendo seriamente amenazada en Chile. Este, no obstante, sigue siendo un derecho fundamental de los seres humanos que el país no está garantizando de forma absoluta.