Desde hace varios años que el sistema previsional de capitalización individual viene en una creciente crisis en nuestro país. Por un lado, están las bajas pensiones, que en algunos casos no alcanzan ni la cuarta parte de un sueldo mínimo, y por otro, la baja legitimidad ciudadana respecto de un sistema que asoma como símbolo de abusos.

Por esta razón hace más de una década que han existido distintos intentos por reformar o modificar el actual régimen de pensiones implementado en plena dictadura militar.

La reforma de 2008 impulsada por Michelle Bachelet se propuso solucionar la situación de miles de adultos mayores que estaban excluidos del sistema, aunque para los detractores de las AFPs, sólo vino a darle un respirador artificial a un modelo que por sí solo no se sostiene.

De ahí en adelante el tema previsional se ha posicionado como una de las principales demandas ciudadanas, siendo objeto de masivas movilizaciones a nivel nacional, algunas de las más relevantes post dictadura.

Fue así como, pese a no estar en su programa, la ex Presidenta Michelle Bachelet tuvo que enviar un proyecto que, si bien no satisfacía ni siquiera a su propio sector, apuntaba hacia la creación de un régimen previsional de carácter mixto.

Sin embargo, al no existir la voluntad, ni siquiera de las propias autoridades de dicha administración, el proyecto fue desechado por el gobierno de Sebastián Piñera dando paso a una propuesta que, a diferencia de la anterior, no modifica la capitalización individual.

En ese escenario organizaciones sociales como No+AFP han tratado por distintas vías de visibilizar la necesidad de transitar hacia un sistema basado en la seguridad social. A través de marchas, paros nacionales, manifestaciones públicas, plebiscitos y acciones judiciales, el movimiento ha logrado aumentar su base de apoyo consiguiendo hasta ahora, varios triunfos.

El último de ellos, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del decreto ley 3.500, luego de un recurso interpuesto por una profesora jubilada quien busca retirar sus fondos previsionales para pagar una deuda hipotecaria.

Si bien el debate ha estado centrado durante los últimos días en la propiedad de los montos administrados por las AFPs, el tema ha abierto la puerta para discutir un asunto más de fondo: la necesidad de caminar hacia un sistema de seguridad social –como el que existe en gran parte de los países- cuyo componente principal sea la solidaridad.

Fernando Atria

Para el abogado Fernando Atria, quien ha liderado la ofensiva judicial en contra de las AFPs, “todo el tema previsional se trata como si lo que realmente importara es qué ajustes o perfeccionamientos hay que hacerle a un sistema que en general funciona con la finalidad de que entregue mejores pensiones, pero la discusión que nunca ha podido ser una discusión real, en parte por el enorme poder económico que tienen las AFPs es si lo que tenemos es un sistema genuino de seguridad social que puede garantizar una vez digna; la situación actual indica que es negativo(…) eso en algún momento nos llevará a discutir por qué no moverse hacia un sistema mixto que podría dar pensiones más adecuadas”.

Así lo reconocieron también desde el la Coordinadora No + AFP. Su vocero, Luis Mesina, indicó que a partir del fallo de la Corte de Antofagasta “se abre una discusión histórica” y que con ello surge también “una luz de esperanza para aquellos que creemos que hay que avanzar rápidamente en el cambio de este modelo”.

El tema generó un fuerte remezón no sólo en La Moneda, sino que también en el Parlamento donde se discute la reforma propuesta por Sebastián Piñera. Fue así como algunos diputados DC presentaron una indicación que apunta a que los afiliados, al momento de jubilar puedan utilizar parte o la totalidad de sus ahorros en pagar deudas hipotecarias.

El diputado Gabriel Silber, autor de la propuesta, comentó a nuestro medio que con ello se busca, entre otras cosas, poner sobre la mesa la posibilidad de que los trabajadores y pensionados puedan elegir sobre quién administra sus ahorros.

“Desde el 80 en adelante ha sido un sistema de apalancamiento de capital y fuente de financiamiento de las empresas que descansa sobre el sistema de pensiones chileno. Es una pregunta válida que obviamente debemos hacernos”, expresó.

Desde el Gobierno criticaron la arremetida judicial y comunicacional del movimiento No + AFP. La subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar señaló que el retiro de fondos “va en contra de todos los principios de la seguridad social”.

El problema a juicio de varios expertos, entre ellos quienes participaron de instancias como la Comisión Bravo, es que en nuestro país no existe un verdadero sistema de seguridad social, sino que, por el contrario, se trata de régimen de ahorro en la que cada afiliado contribuye en una lógica similar a la de un seguro. El Doctor en Economía y experto previsional, Andras Uthoff, incluso ha señalado que en nuestro país “no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un mercado obligatorio de ahorro (…)  Eso no es un sistema de pensiones en ninguna parte del mundo, solamente en Chile”. La conclusión del experto es tajante: “el sistema que tenemos no sirve para la realidad chilena”.