Diario y Radio U Chile

Año XI, 7 de diciembre de 2019

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Patricio Herman  

El alcalde de Lo Barnechea debe respetar la ley

Patricio Herman   | Martes 15 de octubre 2019 8:24 hrs.

Por terceros residentes en la comuna de Lo Barnechea hemos tomado conocimiento que la empresa Desarrollos La Dehesa SpA en alianza con la Constructora EBCO, asesorada ésta estratégicamente por el ex político Pablo Longueira, están vendiendo en el mercado inmobiliario terrenos de entre una y media y seis hectáreas localizadas en un Área de Preservación Ecológica, por lo tanto con uso de suelo rural y por ende excluida al desarrollo urbano del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Se trata de un amplio terreno de 400 hectáreas localizado más arriba de la cota 1.300 msnm en la indicada comuna.

Para empezar a desarrollar ese millonario proyecto inmobiliario los profesionales “expertos” del negocio ingresaron en la institucionalidad ambiental un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) titulado “Proyecto Habilitación de caminos de acceso e instalaciones complementarias de la subdivisión agrícola Chaguay”, con la cándida creencia que, fraccionando el proyecto, era más fácil contar posteriormente con la necesaria Resolución de Calificación Ambiental (RCA), acto administrativo que conforme al artículo 8º de la Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente, le permitiría iniciar las obras de construcción de las viviendas que se emplazarían en dichos bucólicos terrenos.

Como era de esperar, el incompleto EIA presentado tuvo una “Resolución de Término Anticipada” por no contar con la información esencial, lo que hace imposible proseguir con la evaluación ambiental.

Esta intervención urbana en una zona protegida que, conforme al estatuto legal vigente, deberá ser mantenida en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico y que, además, no admite las subdivisiones prediales, sigue campante  su curso como si no existieran diversos y categóricos dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos judiciales ad hoc que impiden este tipo de actividades productivas fuera de los límites urbanos.

Es más, los avispados publicistas del proyecto, el que se aprecia en link  http://www.chaguay.cl/  posiblemente han estimado que al final las autoridades de Vivienda y Urbanismo, del Medio Ambiente, SAG, Transporte, Conaf, Agricultura y de todas las demás funciones públicas que tienen que pronunciarse, sucumbirán ante lo atractivo de esta especie de villorrio elegante, cuyos residentes serán solo algunos pocos de aquellos privilegiados que forman parte del 0,01 % de la población del país. Si en un tiempo más, recordando que en Chile reina la ley de la selva, se llegara a producir la autorización de este desarrollo inmobiliario en ese frágil suelo agrícola altamente erosionable, ello significará arrasar para siempre con, entre otras valiosas especies vegetales, abundante bosque esclerófilo y se eliminará mucha avi fauna.

Los precios de los terrenos que se están vendiendo fluctúan entre las UF 8.000 y UF 20.000, ello a pesar de que las empresas titulares del negocio no cuentan ni con un Certificado de Informes Previos (CIP) de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Lo Barnechea, ni menos con un anteproyecto de edificación. Dicha DOM, como todos sabemos, bajo ninguna circunstancia puede validar la construcción de viviendas en ese territorio rural y hemos sabido que varias decenas de privados ya los han comprado.

Tal como lo dijimos, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por una serie de razones de fácil entendimiento, no ha continuado revisando el EIA parcial presentado por el titular del proyecto y tal como están las cosas, si sus promotores con los astutos arquitectos y abogados que los apoyan, se acercan a hacer el consabido lobby con el alcalde Felipe Guevara, por ahora, mientras el Estado no modifique las reglas del juego urbanístico en la colapsada Región Metropolitana de Santiago, no podrán conseguir nada.

En resumen, ni Guevara, ni nadie de la alta Administración del Estado, está en condiciones de darle su visto bueno a esta millonaria inversión de gente que no acepta las políticas ambientales y territoriales vigentes.