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Año XI, 13 de diciembre de 2019

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Proyecto de ley de Gobierno: ingreso mínimo garantizado es menor a los 300 mil pesos líquidos

La pre normativa establece un subsidio a los salarios más bajos en el contexto de su llamada “agenda social”. Especialistas analizan los alcances de la propuesta y que tal significativa será para las trabajadoras y trabajadores que están en este rango remuneracional.

Rodrigo Fuentes

  Miércoles 6 de noviembre 2019 19:31 hrs. 
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Una de las medidas anunciadas por el Gobierno después del estallido social que atraviesa el país, fue el establecer por ley un ingreso mínimo mensual de 350 mil pesos, dentro del contexto de la denominada “agenda social” del Ejecutivo.

Por este motivo, el Presidente Sebastián Piñera firmó y anunció, este miércoles, el envío al Congreso del proyecto que establece un subsidio estatal para las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en el rango etario de los 18 a 65 años y que perciban el salario mínimo ($301.000) o hasta 370 mil pesos brutos por mes.

La propuesta, según estimaciones del propio Gobierno, beneficiaría a más de 500 mil personas, estableciendo un aporte máximo de 49 mil pesos a quienes obtienen el actual salario mínimo bruto de 301 mil pesos, por lo que el líquido a pagar no sobrepasaría los 289 mil, aproximadamente.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, indicó que la prenormativa será tipificada como de “suma” urgencia para una rápida tramitación legislativa.

Además, el secretario de Estado realizó un llamado al gran empresariado para que asuma parte de los costos de dicho subsidio estatal.

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Al respecto, el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, calificó como una “muy mala señal” la que da el Gobierno con este anuncio, ya que –precisó- deja de lado nuevamente el debate sobre el valor del trabajo y recurre a los subsidios para aumentar el salario de las personas.

El investigador agregó que, ante un sistema de impuestos regresivo como el chileno, son los propios hogares que se han movilizado y que a grueso modo, a través del IVA, terminarán pagando la subvención a las grandes empresas del país.

“Es inconsistente que el propio Ministerio de Desarrollo Social comunique esta medida, cuando debiera informar lo que ellos mismos acaban de publicar, un documento que mide y actualiza la línea de la pobreza. Se establece que esta línea para un hogar promedio en Chile está en los 436.500 pesos, valores líquidos, sin considerar cotizaciones. Entonces, en rigor, para tener un salario líquido de esa magnitud tu sueldo bruto debiera alcanzar los 540 mil pesos”, afirmó.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidenta, Bárbara Figueroa, calificó como una “vergüenza” la propuesta del Ejecutivo y expresó que, al ser uno de los requisitos tener un contrato por jornada completa, la medida beneficiará a menos del 10 por ciento de los laburantes.

“Nosotros no podemos aceptar que para contener las voces que piden terminar con los abusos y que Chile tenga salarios y pensiones dignas, salgan estas migajas, proyectos de ley con letra chica, por eso llamamos al Parlamento a rechazar la iniciativa oficial”, argumentó._109347114_gettyimages-1177748536

En tanto, para la integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, además de valorar en general el anuncio del Ejecutivo, expresó que se tiene que analizar en detalle la letra chica del proyecto de ley.

La parlamentaria del PPD precisó que en el trámite legislativo se podría dejar al margen del subsidio a aquellos trabajadores y trabajadoras que laboren en grandes empresas, ya que ellas mismas deberían financiar remuneraciones más altas que el actual salario mínimo.

“Si acotamos el universo a las pequeñas empresas, por cierto, los recursos que se destinan podrían alcanzar a subsidiar montos mucho mayores, como alcanzar los 500 mil pesos, por eso tenemos que estudiar la focalización de dichos recursos, que sería lo más óptimo”, subrayó.

Recordemos que en este aspecto existe un acuerdo casi transversal, ya que desde la UDI han expresado que dicho subsidio al ingreso mínimo debería restringirse a empresas que facturen hasta máximo 200 mil Unidades de Fomento anual.

Por tanto, en el trámite parlamentario, la idea del Ejecutivo podría sufrir modificaciones en cuanto a poder establecer un mayor monto y con un foco puesto en las pequeñas empresas, sin incluir a las medianas y grandes corporaciones.