Desde hace de más de dos décadas, junto a numerosas organizaciones e instituciones, desde la Universidad de Chile hemos sostenido la necesidad de diseñar políticas públicas en educación con la participación efectiva de las y los sujetos de las comunidades escolares y de otros actores de la vida nacional. Por participación efectiva entendemos la posibilidad de incidir, desde las escuelas, desde las y los directivos y docentes, en la formulación de políticas que buscan transformar el sistema escolar.

Al cierre del año 2019, con sorpresa, conocimos una serie de publicaciones, editoriales, e incluso opiniones de personeros de gobierno que apuntan en esta misma dirección, es decir, en la necesidad de tener presente la opinión de los actores de las escuelas al momento de tomar decisiones de políticas en este ámbito. Sin embargo, cuando comenzamos a conocer el contenido y el sentido de tales publicaciones reparamos en nuestro error.

Las fuentes mencionadas hacen referencia a los resultados de un estudio denominado “La voz de los directores”, el que fuera realizado por un centro especializado en liderazgo escolar, Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo.

La premisa inicial sostenida en todas estas referencias es que las directoras y los directores han sido poco escuchados en los procesos de construcción de políticas públicas, es más, se señala que se ha ponderado en exceso la opinión de académicos y políticos, quienes tendrían una visión parcializada de la realidad, en oposición a quienes la viven, concretamente, día a día. Así, al alero del estudio se argumenta que existe un ambiente crítico, por parte de los directores, en materias importantes de política educativa, sobre todo respecto de los impactos que puedan tener cada una de ellas. En concreto, una editorial del diario la Tercera (editorial titulada “Valioso diagnóstico sobre sistema educacional” del 30 de diciembre de 2019) concluye la necesidad de revertir la orientación que han tenido las distintas materias que han sido centrales en la política educativa recientemente implementada: sistemas de admisión escolar, convivencia y violencia en la escuela, fortalecimiento al liderazgo directivo.

Ante el uso, con evidentes sesgos políticos e ideológicos conservadores, que se les ha dado a los resultados de este estudio, y que, amparado en sus resultados y su representatividad, quienes lo han citado lo han hecho con un fin contra reformista respecto de la ley de inclusión, y nueva educación pública, así como el reimpulso ideológico de aula segura, es necesario plantear algunas precisiones:

En primer lugar, existe acuerdo en que las voces de los directores, así como las voces de las y los profesores, son poco consideradas y analizadas al momento de diseñar políticas de reformas en educación. Por ello, sostenemos una vez más, que se deben impulsar procesos efectivos de democratización en la elaboración de políticas públicas, junto con avanzar en la creación de mayores espacios para la democratización de las escuelas y para que estas se vean liberadas de las ataduras de la estandarización, verdadera camisa de fuerza que pretende imponer un modelo único de escuela, para lo cual se pretende suprimir hasta el más mínimo espacio de autonomía profesional de los docentes e institucional de las comunidades escolares.

Resulta irrisorio, prescindir de la voz de quienes se han tenido que hacer cargo de la gestión local de establecimientos educativos, en circunstancias muchas veces profundamente complejas, a la hora de elaborar políticas públicas que buscan modificar las culturas locales. En ese sentido, es innegable que su voz es una voz que no solo debe ser escuchada sino que debe participar activamente en los procesos de implementación de política educativa.

En segundo lugar, por ningún motivo la voz de los directores se haya en consultas que son utilizadas para defender determinadas tesis político/académicas, “para confirmar lo que los investigadores ya sabemos”. Y es que, sobre todo los estudios de opinión nos entregan los enunciados, pero difícilmente las explicaciones a los enunciados, prestándose para ser interpretados de forma ambigua o a conveniencia de quien quiera instrumentalizar dichas respuestas. No es casualidad que este estudio en particular se presente con una ficha metodológica especulando sobre su representatividad, como si hubiese sido concebida como una encuesta con muestra aleatoria, cuando en realidad fue una consulta tipo censo con solo un 8% de participación sobre el total encuestado.

En definitiva, creemos que más que capturar la voz de los docentes en encuestas, urge reconfigurar las formas en que las instituciones gubernamentales y los sostenedores se vinculan con a las comunidades escolares y sus directivos. Pues el proceso que vive el país, actualmente, nos plantea la invitación a repensar el papel que hemos cumplido los distintos actores del escenario educativo, que la injusticia y la desigualdad se pueden hallar en cada espacio institucional existente. Un primer paso para abordarlo es asumir que este país, y particularmente su sistema educativo, no se puede construir solo desde arriba. Que la Ley debe ser aún más profunda en impulsar la autonomía en materia presupuestaria de los liderazgos directivos y la capacidad resolutiva de las instancias locales, incluso en el marco de las relaciones con los sostenedores y las formas de financiamiento de la educación. Solo se pueden establecer cimientos sólidos en el sistema educativo si se construyen desde abajo y con todas y todos.

E autor es profesional del Núcleo de Liderazgo del Centro de Estudios SABERES DOCENTES, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.