Según cifras del Poder Judicial, el 60 por ciento de los demandados por pensión de alimentos no paga y solo el año 2018 la Corporación de Asistencia Judicial recibió 37 mil causas de este tipo que luego pasaron a los tribunales.

El tema es una constante entre muchos padres separados y, desde el Congreso, no son pocas las iniciativas que han buscado penalizar con mayores sanciones el incumplimiento de esta obligación con los hijos. Recientemente, salió de la Comisión de Familia un proyecto que refunde varios que estaban pendientes de tramitación, y que aumenta las sanciones a cuyos padres o madres no paguen la manutención de sus hijos al establecerlo como violencia intrafamiliar.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, la diputada RD Natalia Castillo, parte de la comisión de Familia y autora de un proyecto, señaló, respecto de la iniciativa, que “cuando esto es constante en el tiempo es un delito de maltrato habitual. Eso tiene dos efectos, uno que ya la sanción no es solamente civil, porque si no solamente hay una deuda con los niños y las niñas, sino que además se está cometiendo un delito”.

“Eso también tiene otra consecuencia que es que paralelamente a esta iniciativa se crea el Registro nacional de deudores de pensiones de alimentos donde estas personas van a estar ahí consignadas en este registro que va llevar el Registro Civil”, explicó.

El delito de maltrato habitual bajo el que quedará tipificado el no pago de pensión de forma reiterada tiene una pena asociada de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad donde se aplicará la pena correspondiente a este.

Además, la parlamentaria dijo que “aquí el sujeto de protección principal son los derechos de los niños, pero también no podemos desconocer que en la mayoría de los casos son las mujeres las que se hacen cargo de los hijos y son las mujeres las que ven perjudicado su patrimonio de manera importante cuando son los hombres los que no pagan esas pensiones”.

En esa línea, valoró que se cree un registro de deudores, pues dijo que permitirá tener una identificación más clara y, por lo tanto, establecer las circunstancias de no pago impidiendo que quienes evaden la responsabilidad sigan buscando mecanismos para eximirse de la deuda.

“Hay muchos casos de mujeres que terminan transformándose en verdades detectives privados para encontrar a los padres de sus hijos para poder cobrarles la pensión, y una vez que los encuentran desvían bienes, falsean antecedentes y ocupan cualquier artilugio para evadir su responsabilidad. Este proyecto lo que hace es que todos aquellos que sigan buscan mecanismos fraudulentos para poder eximirse o burlar su obligación van a quedar en este registro”.

Según indicó la diputada PPD, Carolina Marzán, autora de uno de los proyectos refundidos que dan paso a esta iniciativa que se revisará en Sala, el no pago de pensión “desgraciadamente es una acción que se repite cada día más con quienes están a cargo de los menores” cuando en realidad “debería ser una acción espontánea, de amor, justa” y no una en que se vulneren los derechos de los menores.

En esa línea, adelantó, al igual que la diputada Castillo, que el apoyo en la Sala será de todos los sectores: “Creo que va tener un apoyo transversal y así debería ser, porque sabemos que es la realidad de muchas mujeres en este país”.

“Entendamos que son las mujeres las que en su gran mayoría se hacen cargo de sus hijos o hijas una vez que los vínculos son por alguna razón disueltos, así que esperamos que sea considerado pronto un tipo de violencia que, sin duda, vulnera a los más pequeños y también le hacen un daño a la madre cuando es ella quien se queda a cargo de los menores, porque afecta en la parte emocional y por consecuencia en la parte física y en el entorno”, agregó.

En tanto, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la abogada Lorena Astudillo, comentó que el hecho de que “se reconozca siempre va ser algo positivo, ahora lo más importante de este tipo de legislaciones es que sean efectivas, que realmente cumplan con el objetivo que es que se pague la pensión, porque no sacamos nada con estimar que el no pago de la pensiones es violencia intrafamiliar, que lo es efectivamente, es un acto violento, si vamos a seguir con sanciones a la violencia intrafamiliar como si solamente fuera una falta”.

“Si no pagan la pensión no van a pagar la multa tampoco, entonces no va ser más que letra muerta”, indicó, agregando que en muchos casos en la violencia intrafamiliar se opta por otras sanciones como pagos, alejamiento o terapia y control de impulsos sin quedar en registros, por lo que si esto llegase a pasar en estas situaciones la situación seguiría siendo la misma.

Asimismo, explicó que una forma de garantizar el pago sería “terminar con los secretos bancarios, dar acceso a todo tipo de ingresos, y a pruebas de testigos, y permitir todos los medios de prueba del Código Civil para determinar los ingresos”, junto con hacerse efectivas las penas aflictivas con mayor facilidad sin que las mujeres deban estar presionado por ello.

“Tenemos sistemas en que los bancos saben del día uno que no se paga una cuota o una duda, por lo tanto, la pensión debería considerarse desde el día uno y deberían comenzar a tomarse todas las medidas de apremio y una es la reclusión nocturna, esa debería ser la más básica, partir desde ahí para quienes no paguen”.

El proyecto está listo para ser revisado en la Sala de la Cámara, sin embargo, ante la urgencia de algunos proyectos de la agenda social, es probable que su revisión se postergue hasta marzo, para luego pasar a su trámite en el Senado, donde también habría acuerdo para apoyar esta idea.