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Desinformación y objeción de conciencia: Los traspiés de la ley de aborto en tres causales

La Asociación Chilena de Protección de la Familia y la Mesa de Acción por el Aborto han identificado problemas en la implementación de la ley.

Andrea Bustos C.

  Domingo 16 de febrero 2020 9:41 hrs. 
3 causales


 A través de un monitoreo social realizado en 2019 por la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa) sobre la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo en Tres Causales, la organización y la Mesa de Acción por el Aborto identificaron cuáles son los principales errores en su implementación, que dificultan el acceso de las mujeres a ésta.

Entre los reparos identificados están el poco acceso a la información, la despenalización social, la objeción de conciencia y la vigilancia al cumplimiento seguro de la ley.

Respecto del primer punto, a partir del monitoreo se detectó que el acceso a la información en el sector de la salud pública en nuestro país es mínimo, tanto en zonas rurales como urbanas. En concreto, según la información recabada en los servicios de salud, no se informa de manera adecuada ni oportuna, a pesar de que son varios los profesionales que intervienen en la implementación de esta ley: ginecobstetras, matronas, psicólogos y trabajadores sociales.

En esa línea, se informó desde Aprofa que en los Centros de Atención Primaria de Salud las mujeres reclaman ausencia de acciones de información a la comunidad, falta de conocimiento sobre las causales, cómo acceder y dónde orientarse, afectando así directamente la posibilidad de acceder al derecho y de transformar la penalización social del aborto.

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Débora Solís – Asociación Chilena de Protección de la Familia / Créditos: Aprofa.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Débora Solis, directora de Aprofa, indicó que la ley establece a través de su norma que es el Ministerio de Salud el encargado de hacer la difusión de la información, pero que hasta ahora eso no se ha hecho como corresponde.

“La primera gran barrera que existe tiene que ver con la desinformación en dos ámbitos fundamentales para la implementación: uno es el mundo de los proveedores de salud, la desconocen quienes la norma exige que estén en el quirófano y, por otro lado, desinformación en las mujeres en general”, añadió.

Asimismo, destacó que como Aprofa han trabajado en la importación de Mifepristona y Misoprostol, para que puedan estar a disposición de los servicios de salud en caso de que se requiera realizar el aborto con medicamentos, ya que otro error observado es que esta forma de proceder no se pone a disposición de las mujeres.

En tanto, Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, dijo que “no hay información real a la comunidad respecto de la existencia de esta prestación. Uno podría decir que se sabe que existe la ley, pero esa es una suposición demasiado fuerte en un país donde la información no es algo que esté todos los días, ni en todo lugar, ni accesible a todas las personas”.

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Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

Además, explicó, en la salud primaria en muchas ocasiones el personal de salud “no está informado ni sensibilizado sobre los contenidos de la ley sobre la decisión de las mujeres como detonador de la acción en salud y eso dificulta la acreditación de las causales. Si la causal no se acredita, la mujer no puede interrumpir el embarazo”.

Otro gran obstáculo para la implementación de la Ley de Aborto en Tres Causales es la objeción de conciencia. Según información de Corporación Humanas, al mes de junio de 2019 , de los 1.148 médicos obstetras contratados en los servicios públicos de salud, el 50,5 por ciento se ha acogido a la objeción de conciencia en la causal violación sexual; el 28,6 por ciento se declara objetor frente a la causal inviabilidad y el 20,7 por ciento lo hace en caso de riesgo vital.

De las cifras estudiadas por objeción de conciencia se concluyó que la decisión radicada en la usuaria, y no en el equipo médico. “colisiona con discursos y prácticas que ponen en primer lugar el saber médico. Las situaciones descritas muestran el poco peso que puede tener la posibilidad de decisión de la usuaria”.

Además, que “la negación a otorgar la prestación ha llevado a situaciones que afectan la dignidad e integridad física y psíquica de las mujeres” y que “los prejuicios y mitos asociados al aborto permanecen inalterados”.

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Cifras entregadas por el Minsal / Créditos infografía: Minsal.

De esta forma. se suma también como un problema ante la ley la penalización social que existe sobre el aborto, aunque se trate de una acción legal en las tres causales. Según señaló Débora Solís, directora de Aprofa, “sabemos perfectamente que una tarea fundamental tiene que ver con desatanizar la idea de que las mujeres que están en algunas de estas causales decidan interrumpir un embarazo, inclusive si somos coherentes con lo que pasa en la vida real, también hacerlo con aquellas mujeres que deciden interrumpir no estando en alguna de estas causales y que lo hacen en vías clandestinas”.

Por su parte, Gloria Maira, comentó que la despenalización social va de la mano con adecuadas campañas de información: “El trabajo de la información respecto de las  tres causales abona a la posibilidad de que el aborto empiece a ser visto como una circunstancia que puede suceder a nivel de salud sexual y reproductiva de las mujeres y que, por lo tanto, además debe ser una opción de nosotras de las mujeres o los cuerpos gestantes”, indicó.

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Cifras entregadas por el Minsal / Créditos infografía: Minsal.

Finalmente, respecto del rol que deben tener las autoridades para mejorar la implementación de la ley, Gloria Maira dijo que “al Minsal le corresponde desarrollar una política informativa mucho más efectiva de lo que está haciendo ahora y, además, corresponde hacer una capacitación de su personal a nivel de atención primaria y de los hospitales, que no impida que las mujeres tengan dificultades para acceder a la prestación”, dijo.

En tanto, Débora Solis indicó que “trabajamos para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde como Estado, independiente del gobierno que esté ejerciendo. Hay regulaciones internacionales, acuerdos internacionales, que obligan a este Estado en este caso específico a generar información que permita a las mujeres tomar decisiones adecuadas para sus vidas”.

Además, ambas aseguraron que mientras mejora la implementación de parte de la institucionalidad, las organizaciones sociales tienen un rol clave, desde su ejercicio y a pesar de las dificultades que se les puedan presentar, para acompañar e informar a las mujeres para que conozcan los derechos que esta ley les garantiza.

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