La crisis sanitaria que enfrentamos plantea múltiples desafíos para las Universidades públicas y para las Humanidades. Quisiéramos compartir desde esa mirada algunas reflexiones con ustedes.

Parece claro que la propagación de la pandemia de coronavirus a nivel mundial y nacional, aparte su impacto profundo en la salud pública y la salud mental de las personas, impactará también en la economía mundial y la de nuestro país, especialmente en la situación de las capas medias y la clase trabajadora. También invita a pensar sobre las formas de vida que llevamos y la manera de organizar nuestra sociedad.

Este impacto económico brutal, que ya determina una recesión económica mundial en un sistema capitalista globalizado, va a ser también extraordinariamente fuerte en los sistemas educacionales y en los sistemas de educación superior y la universidad.

Creemos que para reaccionar ante esta situación la comunidad universitaria de la Universidad de Chile y en general, las universidades del Estado, como instituciones públicas, debe desarrollar una labor de reflexión profunda e inspiradora, que nos ayude a elaborar un enfoque político y un horizonte global frente a las tareas que se nos imponen. Ser capaces como universidades públicas desde sus distintos saberes y disciplinas de proponer orientaciones al país en este momento tan difícil y complejo.

En el país estamos presenciando ya la operacionalización de algunos enfoques globales que nos parecen irreflexivos y que sólo reproducen esquemas sobre la sociedad y la economía que la ciudadanía ha puesto en cuestión en los últimos meses, por inequitativos y segregadores, hasta el punto de que estamos ad portas de un cambio constitucional que seguramente va a descartar la impregnación neo-liberal de nuestras instituciones. Los ejemplos son varios, y van desde la indolencia que significa un alza de los cobros por las ISAPRES, hasta el dictamen de la Dirección del Trabajo sobre recortes laborales, y el uso de los seguros de cesantía para cubrir despidos o recortes impuestos por necesidades de salud pública externas a la voluntad de los/as trabajadores/as.

Uno podría pensar que se trata de soluciones pragmáticas frente a problemas reales y graves. Pero nos parece que hay más, en estas medidas, que un puro pragmatismo; es un pragmatismo sesgado y naturalizado, en que los costos de la catástrofe, que afectarán a todos y también ciertamente a los empresarios, terminan, sin embargo, afectando sobre todo a las capas medias y a los y las trabajadoras.

Nos parece que la universidad pública no puede respaldar o reproducir estos enfoques.  Y que tenemos que pensar en común la perspectiva, los fundamentos y el horizonte con los que deberemos enfrentar la crisis.  Por ejemplo, y en lo que nos toca de más cerca, no podemos considerar que una de las funciones claves de la educación y la universidad tiene que ver con la entrega de “capital humano” a los estudiantes en sus futuros trabajos, porque esto lleva a que cada uno tiene que financiarse por su cuenta para luego hacer fructificar este capital individualmente. Con este criterio, la salud debiéramos pensarla también, en términos consecuencialistas, como un capital central para la reconstrucción económica, lo que tiende a marginalizar a los que más necesitan cuidado, a los adultos mayores, por ejemplo. Esta visión de los adultos mayores como seres cuya mantención significa costos inaceptables para las economías apareció varias veces en declaraciones de ChristIne de Lagarde, la ex directora del FMI, ya antes de la pandemia.

Nos parece, más bien, que hay que entender la educación pública justamente como la salud pública, es decir como algo que nos beneficia colectivamente y que hay que enmarcar en la lógica del servicio público del Estado, como parte de las obligaciones positivas del Estado hacia los ciudadanos, es decir no como un favor o un aporte casi caritativo. Esta es una perspectiva que subrayan Christian Laval y Pierre Dardot en una columna de marzo del 2020, en donde recuerdan a Leon Duguit, un jurista fundamental para entender al servicio público. Duguit sostiene justamente que lo esencial del servicio público son los deberes de los gobernantes hacia los gobernados. A esto es lo que se llama “responsabilidad pública” y hay que entender a estos servicios como solidaridad social, lo que parece justamente vital en una catástrofe como la actual en la que todos dependemos de todos y en que la salud no es un costo que debemos asumir individualmente, sino una necesidad común.

Las universidades públicas deben plantear estas cuestiones al pensar como respondemos a la catástrofe. Ellas deben asumir en primer lugar,  su solidaridad con la situación sanitaria nacional, poniendo todas sus capacidades médicas y profesionales y como comunidad,  al servicio de las personas más afectadas, como por ejemplo,  los adultos mayores, recordando que esto incluye también -con los debidos cuidados contra el contagio -organizar a las personas  para llevar remedios, alimentos y contención psicológica y personal.

Esta lógica de servicio público podría llevarnos a considerar que este podría ser, por ejemplo, un momento en que es urgente también avanzar, y no desandar camino, en gratuidad, hasta cubrir a nuestros estudiantes que tengan – y van a tener – problemas con sus pagos, por lo menos hasta el fin de la catástrofe. Esta es la lógica del servicio público que debiera guiar la acción del Estado con sus universidades, para asegurar el funcionamiento de ellas como servicio al país, algo que pertenece a nuestro ADN institucional.

Algo muy parecido a lo que sostienen Laval y Dardot, propone el filósofo Jacques Ranciere en una alocución a los trabajadores de ferrocarriles en Francia, que son estatales, antes de la crisis sanitaria. Decía en esa ocasión que las jubilaciones de los obreros no son un privilegio arcaico sino “un elemento de una organización de un mundo común en la que las cosas esenciales para la vida de todos debían ser la propiedad  de todos”.  Y concluía que “ los poderosos de este mundo no quieren (colectivos solidarios). Lo que quieren es que no haya más propiedad común, ni colectivo de trabajadores, ni solidaridad que vaya de abajo hacia arriba. Quieren que haya sólo individuos que posean su fuerza de trabajo como un pequeño capital que harán fructificar arrendándolo a los grandes”. (Le Monde, 23 de enero de 2020)

También en educación superior tenemos que reafirmar una universidad en que la educación sea un servicio social y no una forma de capital. Si esto no es claro, si el estado y las universidades estatales no asumen esta idea de servicio público, los estudiantes y sus familias dialogarán con nosotros desde una lógica de clientes, todo lo contrario de lo que hemos visto en estos días en  los internos de Medicina de la U., que han puesto como su valor orientador central, la solidaridad con los enfermos de la pandemia, entendida como  un servicio que se debe a la sociedad, y no como una que los estudiantes eligen  individualmente.

En esta perspectiva es importante revisar unas concepciones que se presentan como verdades “suprahistóricas” para poner en el centro de la discusión aquello que, sin negar su carácter conflictivo, nos haga sentido como universidad al servicio del país en su conjunto. En este esfuerzo de revisión crítica, urgente, inacabado, plural, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile tiene- estoy convencido de ello -un papel muy importante que jugar.

El autor es  Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.