El mapa de conflictos medioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 118 conflictos en el país: 64 activos, 30 latentes y 24 cerrados.
Según el informe, 60 son en lugares de exploración o explotación, 17 de uso o contaminación de recursos naturales, y 41 de residuos, emisiones e inmisiones, afectando derechos fundamentales de las personas que habitan estos territorios, muchos de ellos indígenas o de situaciones sociales vulnerables.
Ante este escenario, el abordaje que dé la nueva Constitución a los temas medioambientales será central, no solo en lo que refiere al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también en cómo una nueva Carta Magna garantizará la protección de la naturaleza.
En este contexto, el debate podría avanzar un paso más, ya que en las discusiones y propuestas constituyentes ya se ha puesto sobre la mesa el deseo de establecer que la naturaleza sea sujeto de derechos en la nueva Constitución, acto con el que se dejaría de ver al medio ambiente como un objeto a simple merced del ser humano.
Países como Ecuador o Bolivia, en la región, ya han considerado esta perspectiva. Ecuador en su Constitución y Bolivia mediante la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Asimismo, mediante batallas judiciales otros países han establecido elementos de la naturaleza como sujetos de derecho.
Ahora ante el proceso constituyente, Chile tendrá la oportunidad de, al menos, debatir este enfoque.
En opinión de la abogada de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, este tema es relevante en el proceso constituyente, especialmente ante el trato que hasta ahora se ha dado a la naturaleza.
“En la nueva Constitución es super importante que esté reconocida la naturaleza como un sujeto de derechos en la medida en que esa naturaleza, hasta hoy día, ha sido considerada fuente de recursos, y ha sido tratada como un lugar ajeno desde el cual sacar recursos. Esto para beneficio de unos pocos seres humanos que ostentan el control, el poder político y económico generando con eso un menoscabo, no solamente en la naturaleza sino que también en la Humanidad y en las personas que tienen menos acceso a recursos económicos porque hay un incorrecto entendimiento, en el sentido de que la naturaleza estaría fuera”, expresó.
A ello agregó: “Del resguardo y de la salud de la naturaleza depende la salud de la humanidad, no son cosas diferentes. Estamos insertos en un mismo planeta, un mismo ecosistema”.
En tanto, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, apuntó en una misma dirección, expresando que el proceso que vivirá Chile debe reconocer el valor de la naturaleza.
“Me parece importante que reconozcamos el valor intrínseco de la naturaleza y la necesidad de protegerla por sí misma y, en ese sentido, hay distintas formas en que eso se puede hacer y una de ellas es los derechos de la naturaleza, que lo que significa en realidad es reconocernos a nosotros obligaciones respecto de la protección y el respeto por los ciclos, las estructuras, las funciones que tiene la naturaleza. Creo que eso es algo que tiene que estar en una nueva Constitución”, expresó.
En el proceso de candidaturas constituyentes de cara a la elección del 11 de abril, postulantes adherentes a la lucha medioambiental y representantes de los pueblos originarios ya han mencionado este tema como eje de sus propuestas, por lo que es altamente probable que la naturaleza y su protección se instale como un importante tema de discusión en los meses futuros.
La viabilidad del debate
En opinión de los expertos en temas vinculados a la defensa del medio ambiente, el debate que se dé en la Convención Constitucional respecto de los derechos de la naturaleza estará marcado por el apoyo que puedan dar las feministas y los pueblos indígenas, especialmente porque para estos últimos, dentro de su cosmovisión, la protección de los ecosistemas es fundamental.
“Son esos pueblos originarios quienes han permitido que hasta el día de hoy sostengamos los ecosistemas que aún quedan en el planeta. El 80 por ciento de la biodiversidad que aún perdura lo hace gracias a que son los pueblos originarios, las comunidades ancestrales, las que se han dedicado al cuidado, al respeto y resguardo de los ecosistemas que habitan. Esas son cosas, yo creo, que podrían orientar el debate hacia el reconocimiento de la naturaleza y sus derechos” comentó Alejandra Donoso.
En el punto opuesto, la abogada destacó que también será clave en el debate la posición que tomen quienes han ejercido hasta ahora poder y destrucción de la naturaleza: “Esos intereses que son minoritarios en números, son mayoritarios en poderío, son quienes han administrado hasta el día de hoy la economía, la política y el país al final del día, entonces eso también es un factor que va a determinar, a mi juicio, el debate que se va a producir”, indicó.
Por otra parte, el abogado Ezio Costa concordó con que el feminismo y los pueblos originarios en la convención constitucional serán claves en la discusión. Asimismo, expresó que dentro de los debates ambientales, los derechos de la naturaleza no serán lo más complejo, dado que seguramente la principal dificultad estará en el debate sobre el agua.
“Otros grupos, personas, pensamientos políticos, en la medida en que entienden que cualquier actividad humana requiere de un ambiente suficientemente protegido y que éste es el legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras, entiendo yo que debieran tener una disposición al menos dialogante respecto de cosas como los derechos de la naturaleza”, comentó.
Agregó: “Espero que una convención constituyente los intereses empresariales, gremiales no estén tan representados como han estado en los congresos”.
En tanto, sobre la aplicación de una norma de este tipo, según explicaron los abogados medioambientales debe venir acompañada por un lado de una institucionalidad importante que entregue su garantía y por otro, a largo plazo, de un efectivo cambio de paradigma, conseguir un cambio cultural en la forma en que se entiende la relación con la naturaleza.
La visión internacional
Constitucionalmente Ecuador es el único país que consagra los derechos de la naturaleza en su Carta Magna. Otras naciones lo han hecho también, pero a través de leyes especiales o mediante fallos judiciales que han marcado hitos de protección.
Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) y coordinadora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, participó en el proceso constituyente de Ecuador en 2008, en concreto apoyando la discusión sobre el medioambiente.
En entrevista con Radio Universidad de Chile abordó la visión del proceso chileno y el debate que se debe dar en torno a la naturaleza. Al respecto aseguró que es una oportunidad que no se debe dejar pasar.
“El movimiento global de los derechos de la naturaleza está surgiendo por todas partes: en Francia, Nueva Zelanda, Colombia, Estados Unidos, en África, en muchísimas partes está surgiendo porque creo que es el momento en que la naturaleza tiene que ser reconocida, su voz y sus derechos. Y Chile tiene que aprovechar esa oportunidad”, dijo.
Además, Natalia Green reconoció que a pesar de que estos derechos son de suma importancia, van a paso lento, por lo nuevo que son para el debate medioambiental. Sin embargo, destacó que a la vez esta perspectiva es mucho más ambiciosa que lo que se ha tenido hasta ahora.
“El derecho ambiental, por más bueno que sea, sigue siendo un derecho hacia un objeto. Solamente te dice, por ejemplo, cuánto puedes contaminar el agua, y si es una buena ley te dice contamina con mercurio en X nivel pero no te dice no contamines el agua. Entonces, reconocer a la naturaleza como un sujeto y no como un objeto cambia completamente la percepción y la llegada que puedes tener para realmente exigir sus derechos. Entonces es importantísimo que se pueda aprovechar esta oportunidad en Chile”.
Por otra parte, respecto de su efectivo respeto, la integrante del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature, expresó que esta dependerá de la voluntad de los gobiernos, así como también de la independencia del Poder Judicial.
“Nosotros en Ecuador pudimos reconocer derechos de la naturaleza en 2008, pero tuvimos un presidente, el gobierno de Correa, que fue muy autoritario, que no apoyaba los derechos de la naturaleza y más bien violentó muchos de estos derechos constitucionales. Es ahora, que hay un poco más de independencia de la Justicia, que empezamos a ver casos interesantes donde, por ejemplo, dos especies endémicas de ranitas que están en peligro de extinción están logrando parar la explotación petrolera de la Codelco aquí en Ecuador”.
Finalmente, sobre su visión de Chile y su trato hacia la naturaleza, en base a sus experiencias de trabajo entre las que se cuenta ser secretaria de los Tribunales Internacionales de los Derechos de la Naturaleza, que sesionó el 2019 en Chile, Natalia Greene expresó que el principal problema que se aprecia es el del derecho al agua.
“Nosotros organizamos este Tribunal de la Naturaleza en Chile y con la gran preocupación especialmente de cómo Chile maneja el tema del agua. El agua en Chile es privatizada y eso un crimen que tiene que ser reivindicado en esta nueva Constitución. El agua debe dejar de ser privatizada, tiene que ser considerada un sujeto y tiene que considerarse el derecho no solo al acceso al agua, sino el derecho al agua, que es diferente. Eso es importantísimo porque en Chile se privatiza y se comercializa el agua, y obviamente no solo se afecta el agua, sino también a las personas más vulnerables que no tienen los recursos para acceder a ella”.
Finalmente, Greene explicó que, si bien Chile tiene una amplia biodiversidad, los gobiernos se han enfocado más en promover el extractivismo a través de diversas industrias como la minería o la deforestación, y que, aunque se han hecho normas medioambientales, éstas no son suficientes.
“Nosotros recomendamos altamente que se puedan reconocer los derechos de la naturaleza en este proceso constitucional”, finalizó.