Los representantes de la niña chilena de iniciales M. V. solicitaron esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado de Chile por avalar judicialmente el retiro de la cobertura del seguro de salud privado para la niña en situación de discapacidad.
Al final de la audiencia por este caso, los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de los representantes de las víctimas, de los agentes del Estado y de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano que presenta los casos a la corte.
Silvia Serrano, representante de la víctima, afirmó que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, pues puso en riesgo la vida de la niña, y aseguró que también faltó a su deber de regular, fiscalizar y supervisar a la empresa .
La demanda apunta a hechos que se remontan a 2010, y apunta a que la isapre MasVida puso término de manera “unilateral y arbitraria” el régimen de hospitalización domiciliaria en el que se encontraba la menor, diagnosticada con el síndrome de Leigh, trastorno clínicamente heterogéneo y poco frecuente en la edad pediátrica, que presenta una forma de herencia variable y que tiene un pronóstico poco favorable y carece de tratamiento eficaz.
La niña fue diagnosticada con este síndrome en 2007, momento en el cual la familia activó la cobertura para enfermedades catastróficas que incluía su plan de isapre, pero en octubre de 2010 MasVida decidió retirar la cobertura al calificar el caso como una enfermedad crónica y justificó su decisión en la normativa de la Superintendencia de Salud.
El 26 de enero de 2011, tras una serie de reclamos de la familia, la Corte Suprema de Justicia de Chile falló a favor de la aseguradora, pero el 27 de agosto de 2011 un arbitraje llevado a cabo por la Superintendencia de Salud resolvió a favor de la niña y su familia, ordenando el restablecimiento del seguro para continuar con su hospitalización domiciliaria.
En la audiencia del martes pasado, los representantes de la niña de ahora 14 años afirmaron que el Estado nunca ofreció hacerse cargo de la hospitalización domiciliaria y que durante los 15 meses que estuvo sin la cobertura privada, el padre logró mantener el tratamiento gracias al apoyo de la empresa en la cual trabajaba.
Karina Fernández, quien también representa a la ahora adolescente, aseguró que este caso evidencia “una crisis estructural del sistema público de salud sin universalidad y de un sistema privado excluyente y discriminador que se rige por cuestiones económicas”.
Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana una sentencia que garantice que la hospitalización domiciliaria de M.V., y se mantenga para proteger su derecho a la vida y la salud, pues consideran que en la actualidad las isapres continúan con la potestad de tomar decisiones de forma unilateral.
Por su parte, la representante del Estado de Chile, Constanza Richards, expresó su “consideración y empatía” hacia la niña y su familia, pero aseguró que el Estado no tiene responsabilidad alguna y que más bien actuó como correspondía al ordenar el restablecimiento de la cobertura médica por medio de un arbitraje, al mismo tiempo que destacó que a la familia de la menor le fueron reembolsados los gastos realizados en los 15 meses qu e estuvo sin la cobertura del seguro.
“El Estado solicita a la Corte que rechace las pretensiones y declare que el Estado no tiene responsabilidad internacional por este caso. Este es un acto de un particular que generó afectación y que el Estado intervino para remediarlo”, declaró.
Tanto la CIDH como los representantes de la víctima, afirmaron que la restitución de la cobertura se basó en cálculos económicos y no en los derechos de la menor
Los representantes de la niña chilena de iniciales M. V. solicitaron esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado de Chile por avalar judicialmente el retiro de la cobertura del seguro de salud privado para la niña en situación de discapacidad.
Al final de la audiencia por este caso, los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de los representantes de las víctimas, de los agentes del Estado y de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano que presenta los casos a la corte.
Silvia Serrano, representante de la víctima, afirmó que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, pues puso en riesgo la vida de la niña, y aseguró que también faltó a su deber de regular, fiscalizar y supervisar a la empresa .
La demanda apunta a hechos que se remontan a 2010, y apunta a que la isapre MasVida puso término de manera “unilateral y arbitraria” el régimen de hospitalización domiciliaria en el que se encontraba la menor, diagnosticada con el síndrome de Leigh, trastorno clínicamente heterogéneo y poco frecuente en la edad pediátrica, que presenta una forma de herencia variable y que tiene un pronóstico poco favorable y carece de tratamiento eficaz.
La niña fue diagnosticada con este síndrome en 2007, momento en el cual la familia activó la cobertura para enfermedades catastróficas que incluía su plan de isapre, pero en octubre de 2010 MasVida decidió retirar la cobertura al calificar el caso como una enfermedad crónica y justificó su decisión en la normativa de la Superintendencia de Salud.
El 26 de enero de 2011, tras una serie de reclamos de la familia, la Corte Suprema de Justicia de Chile falló a favor de la aseguradora, pero el 27 de agosto de 2011 un arbitraje llevado a cabo por la Superintendencia de Salud resolvió a favor de la niña y su familia, ordenando el restablecimiento del seguro para continuar con su hospitalización domiciliaria.
En la audiencia del martes pasado, los representantes de la niña de ahora 14 años afirmaron que el Estado nunca ofreció hacerse cargo de la hospitalización domiciliaria y que durante los 15 meses que estuvo sin la cobertura privada, el padre logró mantener el tratamiento gracias al apoyo de la empresa en la cual trabajaba.
Karina Fernández, quien también representa a la ahora adolescente, aseguró que este caso evidencia “una crisis estructural del sistema público de salud sin universalidad y de un sistema privado excluyente y discriminador que se rige por cuestiones económicas”.
Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana una sentencia que garantice que la hospitalización domiciliaria de M.V., y se mantenga para proteger su derecho a la vida y la salud, pues consideran que en la actualidad las isapres continúan con la potestad de tomar decisiones de forma unilateral.
Por su parte, la representante del Estado de Chile, Constanza Richards, expresó su “consideración y empatía” hacia la niña y su familia, pero aseguró que el Estado no tiene responsabilidad alguna y que más bien actuó como correspondía al ordenar el restablecimiento de la cobertura médica por medio de un arbitraje, al mismo tiempo que destacó que a la familia de la menor le fueron reembolsados los gastos realizados en los 15 meses qu e estuvo sin la cobertura del seguro.
“El Estado solicita a la Corte que rechace las pretensiones y declare que el Estado no tiene responsabilidad internacional por este caso. Este es un acto de un particular que generó afectación y que el Estado intervino para remediarlo”, declaró.
Tanto la CIDH como los representantes de la víctima, afirmaron que la restitución de la cobertura se basó en cálculos económicos y no en los derechos de la menor
Los representantes de la niña chilena de iniciales M. V. solicitaron esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado de Chile por avalar judicialmente el retiro de la cobertura del seguro de salud privado para la niña en situación de discapacidad.
Al final de la audiencia por este caso, los jueces de la CorteIDH escucharon los alegatos finales de los representantes de las víctimas, de los agentes del Estado y de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es el órgano que presenta los casos a la corte.
Silvia Serrano, representante de la víctima, afirmó que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la salud, pues puso en riesgo la vida de la niña, y aseguró que también faltó a su deber de regular, fiscalizar y supervisar a la empresa .
La demanda apunta a hechos que se remontan a 2010, y apunta a que la isapre MasVida puso término de manera “unilateral y arbitraria” el régimen de hospitalización domiciliaria en el que se encontraba la menor, diagnosticada con el síndrome de Leigh, trastorno clínicamente heterogéneo y poco frecuente en la edad pediátrica, que presenta una forma de herencia variable y que tiene un pronóstico poco favorable y carece de tratamiento eficaz.
La niña fue diagnosticada con este síndrome en 2007, momento en el cual la familia activó la cobertura para enfermedades catastróficas que incluía su plan de isapre, pero en octubre de 2010 MasVida decidió retirar la cobertura al calificar el caso como una enfermedad crónica y justificó su decisión en la normativa de la Superintendencia de Salud.
El 26 de enero de 2011, tras una serie de reclamos de la familia, la Corte Suprema de Justicia de Chile falló a favor de la aseguradora, pero el 27 de agosto de 2011 un arbitraje llevado a cabo por la Superintendencia de Salud resolvió a favor de la niña y su familia, ordenando el restablecimiento del seguro para continuar con su hospitalización domiciliaria.
En la audiencia del martes pasado, los representantes de la niña de ahora 14 años afirmaron que el Estado nunca ofreció hacerse cargo de la hospitalización domiciliaria y que durante los 15 meses que estuvo sin la cobertura privada, el padre logró mantener el tratamiento gracias al apoyo de la empresa en la cual trabajaba.
Karina Fernández, quien también representa a la ahora adolescente, aseguró que este caso evidencia “una crisis estructural del sistema público de salud sin universalidad y de un sistema privado excluyente y discriminador que se rige por cuestiones económicas”.
Los representantes solicitaron a la Corte Interamericana una sentencia que garantice que la hospitalización domiciliaria de M.V., y se mantenga para proteger su derecho a la vida y la salud, pues consideran que en la actualidad las isapres continúan con la potestad de tomar decisiones de forma unilateral.
Por su parte, la representante del Estado de Chile, Constanza Richards, expresó su “consideración y empatía” hacia la niña y su familia, pero aseguró que el Estado no tiene responsabilidad alguna y que más bien actuó como correspondía al ordenar el restablecimiento de la cobertura médica por medio de un arbitraje, al mismo tiempo que destacó que a la familia de la menor le fueron reembolsados los gastos realizados en los 15 meses qu e estuvo sin la cobertura del seguro.
“El Estado solicita a la Corte que rechace las pretensiones y declare que el Estado no tiene responsabilidad internacional por este caso. Este es un acto de un particular que generó afectación y que el Estado intervino para remediarlo”, declaró.
Tanto la CIDH como los representantes de la víctima, afirmaron que la restitución de la cobertura se basó en cálculos económicos y no en los derechos de la menor
