Desde ya quiero adelantar que la pregunta que se plantea como encabezado de esta columna no será respondida en estas líneas. Más bien, se trata de una invitación a reflexionar sobre la urgente necesidad de establecer garantías mínimas, por parte del Estado, que permitan que niños, niñas y adolescentes superen las situaciones de vulneración que pudieren estar afectando sus derechos, en el contexto de la pandemia que nos azota.

Es que, efectivamente, la emergencia sanitaria nos ha afectado a todos y a todas, en cuanto ha supuesto la limitación de uno de nuestros derechos fundamentales, como es la libertad ambulatoria, todo lo cual, además, ha acarreado importantes consecuencias para nuestra salud mental.

Sin embargo, también hay que ser enfático en señalar que existe una parte de la sociedad que se ha visto más afectada, aspecto que coincide con la pertenencia a aquellos grupos que históricamente han enfrentado mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos, tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Un último antecedente: Tratándose específicamente de la niñez, la familia -entendiendo por tal, para el solo efecto de esta columna, al grupo de personas que habitan un mismo hogar- no siempre logra ser el ambiente propicio para su desarrollo, como plantea la Convención Sobre los Derechos del Niño, por cuanto, tal como muestran una serie de informes especializados en la materia, la mayoría de las situaciones de maltrato físico, psicológico y sexual vividas durante la niñez son cometidas por personas conocidas, siendo un gran porcentaje de agresores/as parte del grupo familiar (1).

Se da la paradoja que, existiendo un aumento en las situaciones de maltrato hacia la niñez durante la pandemia, ha disminuido la cantidad de denuncias recibidas por los operadores de justicia. ¿Qué está fallando?

Detección y alerta temprana de vulneraciones

Hay que tener en cuenta que, desde antes de la pandemia, el programa ‘Chile Crece Contigo’ constituye la base sobre la cual se pretende estructurar un Sistema de Protección Integral, tanto en el ámbito sanitario, como también en el fortalecimiento de la parentalidad de padres y madres, en su calidad de responsables principales del cuidado y la crianza de sus hijos/as. Este programa cumple una importante función en la detección de vulneraciones en la primera infancia: consumo de drogas de la madre durante el embarazo, incumplimiento de los controles de salud, falta de vacunación obligatoria, desnutrición, posibles situaciones de maltrato, entre otros indicadores. Lamentablemente, este subsistema ha sufrido una disminución en su presupuesto para este año de un 8,59% (2).

En el ámbito educativo, si bien desde el año 2019 se están estableciendo Sistemas de Alerta Temprana -SAT- para detectar indicadores de posible deserción escolar en la educación básica, la pandemia ha debilitado su efectividad, por cuanto niños y niñas no asisten a los establecimientos de manera presencial.

De hecho, aun cuando estos sistemas logren su cometido, el sistema educativo no cuenta con herramientas para hacerse cargo de las causas de base de la deserción escolar, como serían, entre otras, contar con dispositivos tecnológicos adecuados, buena conexión a internet, útiles escolares, alimentación sana y la existencia de ámbitos de recreación, ocio y tiempo libre, en contextos familiares caracterizados por el hacinamiento y la falta de espacios adecuados. De hecho, en la actualidad no existen permisos específicos para que la niñez pueda jugar o recrearse, o bien hacer deportes en espacios abiertos.

En condiciones normales, quiero decir, sin emergencia sanitaria, el rol principal en la detección de indicadores de posibles situaciones de vulneración corresponde a los equipos de convivencia escolar, o bien a las duplas psicosociales existentes en los establecimientos educacionales básicos y medios. Sin embargo, en el ámbito preescolar (tratándose de establecimientos JUNJI e INTEGRA), estos dispositivos solo se encuentran a nivel regional, siendo los demás miembros de la comunidad educativa los encargados de la prevención, detección y denuncia de posibles situaciones de vulneración. Es en este punto en que, creo, se puede trabajar fuertemente.

Sensibilización y corresponsabilización como garantes de derechos

En el caso de educadores/as y, en general, los/as adultos/as que componen una comunidad educativa, resulta fundamental que cuenten con herramientas adecuadas para la prevención, detección y denuncia de situaciones de vulneración de derechos. Además de las capacitaciones que el Estado ofrezca directamente a dichos profesionales, o bien a las cuales estos accedan particularmente,  la labor de sensibilización y corresponsabilización como garantes de derechos es desarrollada, en el nivel local, por las Oficinas de Protección de Derechos a través de su área de promoción o gestión local.

En consecuencia, esta labor de sensibilización dependerá, en gran medida, del despliegue que logren estas instancias en su territorio. Hay que tener en cuenta que, si bien las OPD’s actualmente se encuentran en casi todas las Municipalidades del país, siguen siendo programas licitados, por lo cual su financiamiento no está del todo garantizado.

El Estado terceriza su responsabilidad como garante principal de los Derechos, en el ámbito de la sensibilización, situación que se verá profundizada con las nuevas Oficinas Locales de la Niñez, las cuales también dependerán de las Municipalidades -en la redacción actual del proyecto que se tramita en el Congreso (2)-. Las consecuencias de aquello son: Perpetuación de trabajos precarizados -en su mayoría ‘a honorarios’-, sueldos bajos que, en general, no atraen a profesionales idóneos, escasas instancias de capacitación y constantes cambios de profesionales motivados por decisiones político-partidistas, con la consecuente discontinuidad en los procesos.

Finalmente, niños, niñas y adolescentes, en cuanto agentes, no siempre cuentan con herramientas adecuadas para reconocer o detectar situaciones de maltrato físico, psicológico o bien de violencia sexual, ya sea respecto de sí mismos, como también de sus pares. En ese sentido, la educación sexual integral, en todas las etapas del ciclo educativo, es una necesidad más que urgente.

Pero si el mundo adulto, o bien, si niños y niñas logran detectar indicadores de una posible situación de vulneración de derechos ¿Cómo están funcionando en la actualidad los canales de denuncia?, ¿Se encuentra un niño o una niña en condiciones de develar una situación que está afectando su bienestar?

Operadores de justicia

En Chile, la centralidad de las decisiones sobre la aplicación de medidas de protección está puesta en los Tribunales de Familia. Con la retención del 10% de los fondos previsionales en razón de las deudas de pensiones de alimentos, hoy, dichos Tribunales se encuentran con una creciente carga laboral que sin duda ha ralentizado los procesos. Por otra parte, el tránsito hacia audiencias por vía remota ha supuesto una serie de dificultades técnicas las cuales, en definitiva, repercuten en el adecuado acceso a la justicia.

En cuanto a las audiencias reservadas de niños, niñas y adolescentes, las cuales son el principal mecanismo de participación que tienen en la judicatura de familia, entre colegas de distintas partes del país hemos conversado que, en la actualidad, no existe un estándar único para su realización. En algunos casos, las entrevistas se llevan a cabo en las instalaciones del Tribunal, o bien, en las dependencias de las OPD’s o en alguna otra repartición pública. Otros Tribunales llevan a cabo las entrevistas reservadas de forma remota, con un espejo dispuesto en la espalda del niño o niña, para cerciorarse que se encuentran solos en la pieza en donde se llevará a cabo la misma. Finalmente, existe otra cantidad de audiencias que simplemente se han suspendido o postergado en el tiempo. Demás está recordar que niños, niñas y adolescentes no tienen garantizado su derecho a contar con asesoría jurídica especializada y gratuita en todos los procesos administrativos y judiciales en que se ven involucrados.

Respecto de las policías, además de la falta de especialización en materias relativas a enfoque de derechos humanos y enfoque de género, en la actualidad se encuentran dedicadas, en gran medida, a la fiscalización del cumplimiento de las medidas sanitarias.

Todas y todos quienes constituimos una sociedad somos garantes de los derechos de la niñez; este mandato obliga principalmente al Estado, pero también involucra a las familias, en su carácter de responsables directos de la crianza y cuidado de sus hijos/as. En ese sentido, en la prevención, detección y denuncia de las vulneraciones, nadie está demás.

Por otra parte, urge una visión de sistema, en que niños, niñas y adolescentes son más que meros receptores de las decisiones del mundo adulto, más bien son agentes, partícipes e incidentes en todas aquellas instancias en las cuales se desenvuelven (familia, educación, salud, justicia, entre otras), sobre todo en ámbitos de ejercicio de poder y de toma de decisiones.

Por último, se hace necesario reforzar el rol de los operadores de justicia, reforzando con mayor dotación los Tribunales de Familia, mejorando los canales de denuncia y de juzgamiento ante situaciones de vulneración de derecho, además de la necesaria capacitación y sensibilización de las policías.

Referencias:

(1) Sobre este aspecto en particular, he reflexionado en una columna anterior publicada en este mismo diario en donde se pueden encuentran algunos datos sobre este fenómeno: https://radio.uchile.cl/2021/02/12/frente-al-abuso-sexual-infantil-es-realmente-la-mejor-solucion-el-encierro/

(2) Para un análisis del presupuesto destinado a la niñez, para el año 2021, ver: https://www.defensorianinez.cl/observatorio/wp-content/uploads/2021/02/nota_tecnica_1.pdf.

(3) Proyecto de ley: “Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez”. Boletín N° 10.315-18, actualmente en Comisión Mixta.