La vocera de La Moneda, Mara Sedini, apuntó a “problemas de presupuesto y eficiencia” del organismo. Así, aseguró que el Ejecutivo maneja “otros estándares que son más elevados” para responder a la deuda con las víctimas.
Los comisionados presentaron una dimisión colectiva acusando que decisiones de la cartera de Justicia hacen “inviable” el mandato de esclarecer las violaciones a los derechos humanos bajo custodia estatal.
Pese a mejoras en algunos indicadores post pandemia, el organismo advierte que persisten señales críticas en salud mental adolescente, violencia sexual, explotación sexual, convivencia escolar y falta de acceso oportuno a la protección del Estado.
“Duplicar el tiempo de encierro sin una evidencia que dé cuenta de la efectividad puede ser riesgoso, pero además es muy costoso”, señaló Anuar Quesille. La iniciativa continuará su discusión en la Comisión de Constitución del Senado.
La institución denunció que la iniciativa —actualmente en segundo trámite constitucional— implica discriminación arbitraria incompatible con la Constitución, la Ley de Garantías de la Niñez y los tratados internacionales vigentes.
La institución hizo un llamado a asumir este fenómeno como una prioridad nacional: “Proteger a la niñez no es una tarea solo del Estado”. El Defensor Anuar Quesille advierte que “son hechos de la máxima gravedad y que no pueden ser relativizados”.
Tras un año de evaluaciones en la “Mesa por la Niñez”, la comisión un lapidario informe que revela listas de espera críticas, falta de cupos en residencias y un alarmante déficit habitacional que afecta a más de 200.000 hogares con menores.
El llamado está enfocado en quienes, entre 1979 y 2024, sufrieron estas vivencias en dependencias del Servicio Nacional de Menores u otros sistemas de cuidados alternativos privados.
La jefa de carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Chile expresó que es preferible que la iniciativa demore un poco más —e incluya elementos desde la dimensión pedagógica— a que se apruebe tal como está.
He escrito durante años que en Chile la infancia pobre no es protegida: es administrada. Lo sostuve cuando investigué la institucionalización y sus mecanismos de disciplinamiento, lo reiteré al analizar el neoliberalismo aplicado a la niñez y lo confirmo hoy cuando un lactante muere en la Casa Nacional del Niño bajo la responsabilidad estatal (Desprotección […]
“Este hecho vuelve a evidenciar la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, prevención y cuidado” advierten sus integrantes. Esto, luego del fallecimiento de un niño de tres años y ocho meses que permanecía en una casa de residencia.
El primer análisis consolidado del sistema revela que la mayoría de los casos responden a una historia de violencia intrafamiliar, abusos o lesiones. Del total de 57 mil 584 menores registrados durante 2025, solo el 22,7% ingresó por cometer delitos.
Para la organización de consumidores, esta presentación comercial no solo genera confusión en contextos familiares, sino que también instala una alerta concreta de seguridad en el consumo. “Basta un descuido para cometer un error grave” advierten.
La producción nacional —realizada por Gecko Animación y dirigida por César Cabezas y Jorge Ovando— invita a niñas y niños a explorar su entorno mediante música, imaginación y valores formativos.
La institución emitió una serie de recomendaciones insistiendo en que todos los NNA que se encuentren en territorio nacional tienen los mismos derechos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Con más de una década de seguimiento a miles de niños, niñas y adolescentes, la ELPI entregó datos que revelan importantes desafíos en salud mental, bienestar y equidad. La actividad contó con autoridades de Gobierno y expertos en infancia.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que los NNA víctimas de homicidio pasaron de 37 en 2018, a 76 en 2024. Además, lamentó que de las 27 querellas ingresadas por la institución en el último año el 63% fueron por delitos sexuales.
