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Unión Europea abre procedimientos contra gobiernos de Polonia y Hungría por considerar que violan derechos fundamentales

La UE acusa a los regímenes de Budapest y Varsovia por lo que considera es una actitud homófoba luego de que en Hungría se prohibiera difundir contenido LGTBI en sectores donde haya menores de edad y por las denominadas "Zonas Libres de Ideología LGTBI" en Polonia.

Luis Hernán Schwaner

  Jueves 15 de julio 2021 17:19 hrs. 
lgtbi hungria


Después de varios desencuentros con el gobierno húngaro y su primer ministro, Viktor Orban, la Unión Europea determinó actuar ante lo que considera es una actitud homófoba de los regímenes ultraconservadores de Budapest y Varsovia. Por ello, el  jueves 15 de julio la Comisión Europea abrió expediente en contra de Hungría por la controvertida norma que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ámbitos donde haya menores de edad, pues con ella viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en cuanto a la libertad de expresión y a la no discriminación. El Ejecutivo comunitario también ha abierto un procedimiento infractor en contra de Polonia por las llamadas zonas libres de ideología LGTBI que se han creado en un centenar de municipios del país báltico. No obstante, el ejecutivo en Varsovia se ha negado hasta ahora a entregar información sobre la actuación de esos ayuntamientos, según se le solicitó. Otro motivo más para aplicarle sanciones, estima Bruselas.

La llamada “ley Orban”, inspirada en una norma rusa de 2013 y que es entendida como un hostigamiento a la comunidad LGTBI húngara, ha colmado la paciencia de Bruselas. Con la apertura de un expediente por infracción a la mencionada Carta de Derechos Fundamentales de la UE, se suspende la aprobación a Hungría del plan de recuperación de la pandemia por nada menos que 7.200 millones de euros, un primer  paso que puede acabar en un proceso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por la misma razón, se ha decidido cortar por lo sano en el caso de Polonia, que ha insinuado que también podría darse su propia “ley Orban”.

El meollo del asunto reside en que esa ley, aprobada por el Parlamento húngaro donde el ultramontano partido Fidesz de Orban tiene mayoría, prohíbe que se difundan contenidos LGTBI en escuelas y en los medios de comunicación, aunque organismos no gubernamentales temen que la prohibición ascienda en grado y tono, y también se aplique a otros ámbitos de la vida pública húngara. De ahí que la Unión Europea sostenga que la “ley Orban” vulnera cuatro normas comunitarias esenciales: Servicios Audiovisuales, Comercio Electrónico, Transparencia del Mercado Único y Protección de Datos, violando de ese modo la prestación de bienes y servicios por encima de las fronteras comunitarias. Como si lo anterior no fuera ya suficiente, Bruselas sostiene que las disposiciones húngaras violan, además, “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto a la vida privada y el derecho a la no discriminación”.

Pero no es todo. El Ejecutivo del bloque europeo, presidido por la alemana  Ursula von der Leyen, emplazó -en carta dirigida al gobierno de Hungría- por otra norma, aquella que obliga a los editores de libros a incluir en sus publicaciones una advertencia de “no responsabilidad” que indique con meridiana claridad que los libros que contengan cualquier tipo de contenido LGTBI recogen “comportamientos que se desvían de los roles de género tradicionales”, algo que restringe el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación consagrados en los artículos 11 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, según señala la carta.

La postura de Hungría y Polonia podría llegar a extenderse a otros países que también han retrocedido en materia de respeto a los derechos LGTBI durante el último tiempo, riesgo que la Comisión Europea no está dispuesta a correr. De allí que haya apurado el tranco para cortar cualquier intento en tal sentido y, como ejemplo de lo que podría sucederle a esos otros Estados miembros de la UE, también abrió finalmente expediente contra Varsovia, a la que hasta ahora sólo había congelado los fondos destinados a los mencionados municipios homófobos.

Desde luego, abrir esos expedientes profundiza aún más las diferencias con ambos gobiernos derechistas y reaccionarios, justo ahora que el Tribunal Constitucional de Polonia se ha negado a acatar las órdenes de la justicia europea. En el caso húngaro, la “ley Orban” no sólo irritó a la Comisión Europea, sino también a 17 de los 27 socios comunitarios, cuyos jefes de Estado y de gobierno suscribieron sendos documentos públicos en los que se declaraban dispuestos a proteger los derechos de la comunidad LGTBI en el viejo continente.

Así pues, Hungría y Polonia cuentas ahora con 60 días para elaborar sus respuestas a la demanda de la Unión Europea y contestar de acuerdo a sus planteamientos. De no satisfacer a Bruselas, el Ejecutivo comunitario puede enviar a Budapest y Varsovia lo que protocolarmente se denomina “una opinión razonada”, que no es ni más ni menos que el paso anterior a llevarles a proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Imagen: RFI – AP Szilard Koszticsak