Un grupo de 36 eurodiputados presentó una carta donde manifiestan su preocupación por la celeridad que se le está imprimiendo a la actualización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile, algo que en el actual contexto de nuestro país resultaría “problemático”, afirman en el documento.

En la misiva sostienen que la información que disponen señala que los negociadores de ambas partes buscan sellar el nuevo tratado en noviembre de este año, “justo antes de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile”.

“Además del ciclo electoral, Chile también está emprendiendo una profunda revisión de su marco institucional y sus objetivos de políticas públicas. Desde nuestro punto de vista, llevar a su término un acuerdo antes que concluya este proceso democrático es algo muy serio y problemático”, agregan en la carta.

A eso agregaron que luego de las movilizaciones sociales de 2019, el país dio paso a una Convención Constituyente que está en pleno funcionamiento para reemplazar la constitución “heredada de la dictadura pinochetista” que presentará su propuesta de nueva Carta Magna en junio de 2022 y que deberá ser plebiscitada a más tardar en septiembre del mismo año.

“Una amplia y transversal mayoría de la convención constitucional está apuntando a integrar profundas reformas en áreas de políticas públicas que son altamente relevantes para las negociaciones en curso, tales como energía y materias primas; la protección de la inversión; el desarrollo sustentable; los servicios; los recursos hídricos; la agricultura; la pesca, y las contrataciones públicas, entre muchos otros temas”, sostienen en la misiva.

Por eso plantean que es “crucial que la Comisión no concluya las negociaciones en curso hasta que el proceso Constitucional chileno haya llegado a su fin. La Unión Europea tiene el deber de respetar la voluntad democrática y el proceso chileno, y actuar tomando en cuenta la prudencia y la certeza jurídica. Firmar un acuerdo con una administración, y dejar la firma y la ratificación a la próxima administración, no es el camino más apropiado y pragmático, independientemente del resultado del proceso electoral chileno”.

También recordaron que “se han levantado preocupaciones sobre la legitimidad democrática del actual gobierno en términos de su cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales de DDHH, a lo que recientemente se agregan las revelaciones contenidas en los Pandora Papers”.

Por ello llamaron a retrasar las negociaciones y demostrar así “el legado cultural común y los fuertes lazos históricos, políticos y económicos que unen a las dos partes”, así como para ajustar el proceso de actualización del acuerdo a las nuevas directrices establecidas por la propia UE.