Indulgencia paraguaya con los agrotóxicos
Un hombre recoge agua roja del lago Limpio. ¿Por qué sus aguas se han tornado de ese color? Los pobladores aseguran que el fenómeno se debe a que desde una curtiduría cercana se arrojan, supuestamente, desechos químicos al lago, provocando que sus aguas, antes transparentes como su nombre lo indica, tomen aquel color bermejo. El hecho sucedió el 22 de agosto de 2020 en el nororiente de Paraguay, a 25 km. de Asunción.
Miércoles 13 de octubre 2021 15:48 hrs.
Un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conocido este miércoles afirma que la continua fumigación de tierras con fines agrícolas en una zona del este de Paraguay ha causado graves daños a la salud y el modo de vida de los indígenas guaraníes, violando su derecho a vivir en sus tierras ancestrales. A la letra, el Comité concluye que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas por parte de empresas agrícolas vecinas”.
Este es el primer dictamen del comité que interpreta de forma extendida el concepto de “domicilio” y engloba en ese concepto los cultivos, ganado y otras formas de vida ancestrales de un pueblo relacionadas con la caza, la recolección y la pesca.
La decisión del comité responde a una denuncia presentada por la comunidad indígena Campo Agua’e del pueblo Ava guaraní, formado por unas 200 personas que viven en el departamento de Canindeyú, al este de Paraguay. Esta comunidad está rodeada por empresas agrícolas que producen soya genéticamente modificada y que han fumigado sus cultivos durante más de 10 años con agroquímicos prohibidos, lo que ha causado, colateralmente, la muerte del ganado de los indígenas, afectando sus cultivos y frutales, amén de dañar su salud.
Del mismo modo, el perjuicio ocasionado al medioambiente también ha causado la desaparición de los recursos naturales que son necesarios para la caza, la pesca, la recolección de frutos y madera en el bosque, que forman parte de las prácticas tradicionales de la cultura guaraní. Incluso, tales daños han llevado a algunas familias a emigrar de la zona.
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamenta la lentitud de las autoridades paraguayas por atender las denuncias de los indígenas, las que fueran presentadas por la vía judicial hace ya más de 12 años, sin que en todo el tiempo transcurrido hayan cesado las fumigaciones con agrotóxicos.
Por estas razones, el dictamen del organismo internacional considera que el Estado paraguayo no controló adecuadamente la fumigación de esas empresas privadas, una omisión a su deber de salvaguardar la salud de su población, lo que significó la “destrucción de elementos constitutivos de la vida privada y familiar, así como el domicilio de la comunidad indígena afectada”.
De allí que Naciones Unidas recomiende al Estado paraguayo indemnizar integralmente a las víctimas por el daño sufrido y tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental en el territorio señalado, adoptando urgentes medidas para evitar que se sigan cometiendo tales transgresiones en el futuro.
Un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conocido este miércoles afirma que la continua fumigación de tierras con fines agrícolas en una zona del este de Paraguay ha causado graves daños a la salud y el modo de vida de los indígenas guaraníes, violando su derecho a vivir en sus tierras ancestrales. A la letra, el Comité concluye que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas por parte de empresas agrícolas vecinas”.
Este es el primer dictamen del comité que interpreta de forma extendida el concepto de “domicilio” y engloba en ese concepto los cultivos, ganado y otras formas de vida ancestrales de un pueblo relacionadas con la caza, la recolección y la pesca.
La decisión del comité responde a una denuncia presentada por la comunidad indígena Campo Agua’e del pueblo Ava guaraní, formado por unas 200 personas que viven en el departamento de Canindeyú, al este de Paraguay. Esta comunidad está rodeada por empresas agrícolas que producen soya genéticamente modificada y que han fumigado sus cultivos durante más de 10 años con agroquímicos prohibidos, lo que ha causado, colateralmente, la muerte del ganado de los indígenas, afectando sus cultivos y frutales, amén de dañar su salud.
Del mismo modo, el perjuicio ocasionado al medioambiente también ha causado la desaparición de los recursos naturales que son necesarios para la caza, la pesca, la recolección de frutos y madera en el bosque, que forman parte de las prácticas tradicionales de la cultura guaraní. Incluso, tales daños han llevado a algunas familias a emigrar de la zona.
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamenta la lentitud de las autoridades paraguayas por atender las denuncias de los indígenas, las que fueran presentadas por la vía judicial hace ya más de 12 años, sin que en todo el tiempo transcurrido hayan cesado las fumigaciones con agrotóxicos.
Por estas razones, el dictamen del organismo internacional considera que el Estado paraguayo no controló adecuadamente la fumigación de esas empresas privadas, una omisión a su deber de salvaguardar la salud de su población, lo que significó la “destrucción de elementos constitutivos de la vida privada y familiar, así como el domicilio de la comunidad indígena afectada”.
De allí que Naciones Unidas recomiende al Estado paraguayo indemnizar integralmente a las víctimas por el daño sufrido y tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental en el territorio señalado, adoptando urgentes medidas para evitar que se sigan cometiendo tales transgresiones en el futuro.
Un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conocido este miércoles afirma que la continua fumigación de tierras con fines agrícolas en una zona del este de Paraguay ha causado graves daños a la salud y el modo de vida de los indígenas guaraníes, violando su derecho a vivir en sus tierras ancestrales. A la letra, el Comité concluye que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras, causada por el uso intensivo de plaguicidas por parte de empresas agrícolas vecinas”.
Este es el primer dictamen del comité que interpreta de forma extendida el concepto de “domicilio” y engloba en ese concepto los cultivos, ganado y otras formas de vida ancestrales de un pueblo relacionadas con la caza, la recolección y la pesca.
La decisión del comité responde a una denuncia presentada por la comunidad indígena Campo Agua’e del pueblo Ava guaraní, formado por unas 200 personas que viven en el departamento de Canindeyú, al este de Paraguay. Esta comunidad está rodeada por empresas agrícolas que producen soya genéticamente modificada y que han fumigado sus cultivos durante más de 10 años con agroquímicos prohibidos, lo que ha causado, colateralmente, la muerte del ganado de los indígenas, afectando sus cultivos y frutales, amén de dañar su salud.
Del mismo modo, el perjuicio ocasionado al medioambiente también ha causado la desaparición de los recursos naturales que son necesarios para la caza, la pesca, la recolección de frutos y madera en el bosque, que forman parte de las prácticas tradicionales de la cultura guaraní. Incluso, tales daños han llevado a algunas familias a emigrar de la zona.
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamenta la lentitud de las autoridades paraguayas por atender las denuncias de los indígenas, las que fueran presentadas por la vía judicial hace ya más de 12 años, sin que en todo el tiempo transcurrido hayan cesado las fumigaciones con agrotóxicos.
Por estas razones, el dictamen del organismo internacional considera que el Estado paraguayo no controló adecuadamente la fumigación de esas empresas privadas, una omisión a su deber de salvaguardar la salud de su población, lo que significó la “destrucción de elementos constitutivos de la vida privada y familiar, así como el domicilio de la comunidad indígena afectada”.
De allí que Naciones Unidas recomiende al Estado paraguayo indemnizar integralmente a las víctimas por el daño sufrido y tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental en el territorio señalado, adoptando urgentes medidas para evitar que se sigan cometiendo tales transgresiones en el futuro.
