En medio de un proceso electoral cuya legitimidad ha sido puesta en duda, este domingo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelecto con el 75% de los votos, de acuerdo a información preliminar proporcionada por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Entre las principales críticas a los comicios destacó la escasa participación electoral y la ausencia de contendores, puesto que siete de los aspirantes a la presidencia de la oposición están en prisión, tras ser acusados de “traición a la patria”. Esta situación dejó en ventaja al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional para asumir un quinto mandato junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Según la presidenta del CSE, Brenda Rocha, con casi el 50% de las mesas escrutadas, quedó en segundo lugar el Partido Liberal Constitucionalista con el 14% de las preferencias, seguido de las coaliciones Camino Cristiano Nicaragüense, con un 3,44%; Alianza por la República, con un 2,2%, y el Partido Liberal Independiente, con un 1,7% de los votos.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la participación en el proceso, donde más de 4,4 millones de nicaragüenses están habilitados para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano.

Esto, porque el organismo electoral reportó que en la jornada electoral participó un 65,34%. No obstante, el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas fijó en 81,5% la abstención.

Con todo este panorama, distintos organismos internacionales han puesto en duda la legitimidad de las elecciones, debido a su falta de garantías sobre su transparencia, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y Human Rights Watch (RW), tildando esta última los comicios de una “farsa”.

Por su parte, países como Estados Unidos, Costa Rica, España, Alemania y Chile tampoco reconocieron los resultados presidenciales.

Al respecto, el analista internacional y profesor adjunto de la Universidad Alberto Hurtado, Francisco Vicencio, expresó que “claramente esta fue una elección ficticia (…) Los resultados eran muy predecibles, era totalmente esperable que Ortega se mantuviera en la presidencia y que sea su señora quien continúe tras este período”, agregando que “Nicaragua en este momento, como régimen político, está muy lejos de ser una democracia”.

En esa línea, Vicencio apuntó que “se está convirtiendo en un país de partido único, donde cualquier tipo de oposición es fuertemente reprimida, perseguida y que no cumple con ninguna característica de una democracia plena”.

En cuanto a las sanciones que esta situación pueda conllevar a nivel internacional, dijo esperar que “no pase más allá de lo declarativo y de denuncia (…) En Nicaragua hace bastante tiempo que se está vulnerando la separación de poderes y, en ese sentido, si bien se ha alertado sobre la persecución, sobre todo a los opositores, hay que ver si existe alguna medida más extrema para que pare con todas estas medidas que han atentado contra la democracia nicaragüense”.

El analista y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, planteó que “las elecciones nicaragüenses han estado en cuestionamiento desde mucho antes de la votación y tiene que ver con la acción desplegada por el gobierno de Ortega para poder anular cualquier posibilidad de adversarios políticos y minimizar cualquier opción de una oposición más consolidada para poder enfrentar este proceso de reelección”.

Asimismo, señaló una eventual reacción del sistema financiero internacional que podría complicar al nuevo período del mandatario, que a su juicio “no pasará desapercibido para la recuperación económica que requiere ese país y lo que significa el control de la pandemia”.

“Lo segundo es la reacción de grupos de países como la Unión Europea o de Estados Unidos, que van a ejercer una presión que tienen no solamente en los organismos internacionales, sino que en la relación bilateral directa. Nicaragua tiene un flujo de ayuda no menor de parte de EE.UU y uno debería suponer que, con las declaraciones de Biden, esa asistencia va a disminuir considerablemente a partir de cuando asuma nuevamente Ortega”.

Lo anterior, en referencia a los dichos del presidente estadounidense, quien calificó las elecciones de una “pantomima que no fue libre, ni justa”.

En tanto, el analista de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, consideró que los riesgos para la democracia provienen transversalmente tanto de tendencias de derecha como de izquierda.

Sin embargo, comentó que “el problema de esto es que una parte de la sociedad internacional que se encuentra divorciada de este tipo de propuestas de alguna manera no solo presentan reacciones, sino que contestan a través de una serie de sanciones que redundan en que el gran perdedor, al final del día, son las sociedades civiles, la ciudadanía”.

En concreto, Aranda señaló que “los países centroamericanos ciertamente tienen una serie de carestías que lo hacen extraordinariamente sensible en sus sociedades a cualquier tipo de sanción que se pueda esgrimir en lo económico” y agregó que “generalmente la apuesta ha sido pasar de las sanciones particulares, a las cúpulas en el poder, a bloqueos generales y eso en un contexto de pandemia y de precarización en general es letal para la población”.