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Año XIV, 16 de agosto de 2022

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Ad portas de vencimiento de beneficio: alcaldes y parlamentarios piden extender Ley de Servicios Básicos

A días de que finalice el beneficio, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, distintos sectores acusan una falta de voluntad del Gobierno para destrabar el conflicto que tiene a miles de personas morosas, siendo una de las herencias que dejaría a la próxima administración.

Natalia Palma

  Domingo 12 de diciembre 2021 9:47 hrs. 
12 de Noviembre de 2020/SANTIAGO

, durante que en la comuna de La Florida otorga subsidios para que vecinos puedan repactar deudas con Enel y Aguas Andinas, en medio de la pandemia de COVID-19.

FOTO: JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

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Con motivo de la emergencia sanitaria en el país fue que el 8 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.249 que prohíbe el corte de suministros básicos a personas y establecimientos morosos.

En particular, la normativa en principio contemplaba que los usuarios finales de servicios sanitarios, agua, electricidad y gas de red, cuyas deudas se contrajeran entre el 18 de marzo de 2020 hasta después de 90 días, podían prorratear hasta un máximo de 12 cuotas mensuales, sin multas, intereses o gastos asociados.

Sin embargo, tras la aprobación de dos prórrogas tramitadas por el Congreso- la última publicada el pasado 22 de mayo (Ley 21.340)- el beneficio se extendió hasta este próximo 31 de diciembre y amplió el plazo para prorratear la deuda hasta en 48 meses. Asimismo, se determinó la extensión de la medida, pasando del 60% al 80% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

Con todo, la iniciativa no ha estado exenta de cuestionamientos, como por ejemplo el hecho de que se pueda aplicar en aquellas personas que sí tienen capacidad de pago.

En ese sentido, el pasado martes 7 de diciembre la empresa de electricidad ENEL comunicó que presentó nuevamente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de los preceptos de la ley de servicios básicos que impiden suspender el suministro a clientes no vulnerables de alto consumo.

Entre los argumentos, la compañía detalló que la aplicación de las reglas de la ley sin distinción alguna por la capacidad de pago de los clientes vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, “ya que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuentemente, diversas para aquellas que se encuentren en condiciones diferentes”.

Un planteamiento similar tuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien esa misma jornada en una sesión con las comisiones de Economía y Minería y Energía del Senado expresó que “uno de los problemas que hemos hecho ver respecto a esta ley es que no se ha enfocado suficiente el esfuerzo en aquellas personas que más lo necesitan”.

Según expuso la autoridad en la instancia, al 31 de octubre son 760 mil los clientes residenciales de empresas eléctricas con deuda de 45 días o mayor, equivalente a un 10,66% de clientes totales. La deuda total asciende a los $294.710 millones. Por lo que durante la pandemia la morosidad aumentó en $206.260 millones y en 254.915 clientes.

No obstante, el secretario de Estado puntualizó que, si bien el consumo no necesariamente implica vulnerabilidad, “es una buena aproximación a los números gruesos”, señalando por ejemplo que “el 80% de los clientes consumen menos de $40 mil (en electricidad), pero concentran solo el 50% de la deuda. O sea, hay un 20% de los clientes que consumen más de $40 mil mensuales y concentran la mitad de la deuda que se ha acumulado”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, consideró preocupante esta situación y destacó la necesidad de impulsar una nueva prórroga para poder “buscar mecanismos para poder subsidiar a las personas”.

En ese sentido, Calderón criticó que “no hay todavía ninguna luz por dónde va a ir la solución para este problema, porque si son 700 mil personas significa que estamos alrededor de tres millones de personas que quedarían sin servicios y no ha sido muy activo el Gobierno, ni el Parlamento para resolverlo a la brevedad y buscar una salida”.

Asimismo, el dirigente de la agrupación se refirió a las propuestas que ha elaborado la entidad para abordar este tema, tales como la creación de un subsidio permanente de electricidad orientado al 90% de la población más vulnerable- con la que, según dijo, ENEL estaría de acuerdo- y de un subsidio de agua potable que amplía la cobertura del 20% al 80% de las personas más vulnerable.

Por su parte, la diputada de Nuevo Trato, Natalia Castillo, acusó una falta de voluntad del Ejecutivo para resolver esta problemática, ante la cual mediante un proyecto de resolución se le instó en septiembre pasado a presentar un proyecto de ley para condonar las obligaciones de los deudores acogidos en la ley de servicios básicos.

De esta manera, la legisladora comentó que “después de eso en adelante no hemos tenido ninguna respuesta oficial por parte del Gobierno para encontrar una solución alternativa. Ellos ya nos dijeron en sesión de la comisión de Minería y Energía de la Cámara que no les gustaba esta propuesta; sin embargo, hasta el momento no han ofrecido un camino alternativo y en ese sentido nuestra propuesta es bastante clara que sí distingue a aquellas personas que pueden pagar y a aquellas que no, porque aplica los mismos criterios del IFE Universal para efectos de las personas que puedan ser susceptibles de este beneficio”.

Por lo que la legisladora dijo dudar de que el Gobierno se quiera hacer cargo a pocos días del vencimiento de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos, señalando que lo que ve más bien “es dejarle esta dificultad al próximo gobierno que, independiente cual sea el próximo presidente (…) va a ser un problema que va a ser heredado de esta administración y habiéndose advertido además que esta situación se va a generar, porque no podemos dejar a las personas sin servicios básicos, la pandemia no todavía no termina y es muy complejo dejar a la gente sin agua, sin luz o sin gas durante los próximos meses”.

En tanto, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, cuestionó que no se innove en la medida y sostuvo que “hemos estado escuchando estos últimos días que la situación de la economía chilena en el próximo año va a ser compleja, lo han dicho todos los especialistas y los candidatos presidenciales. Entonces, llama mucho la atención que en los momentos difíciles es donde los beneficios terminen, como por ejemplo el Ingreso Familiar de Emergencia”. Por lo que consideró el término de la medida como “poco solidaria” e “inentendible”.

Asimismo, el jefe comunal se refirió a la situación económica de los vecinos, donde dicen estar muy preocupados por el pago de los servicios básicos, apuntando que “ellos esperan que su municipio, municipios que también hoy día están complicados en términos de recursos vayan en apoyo de los suyos”.

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