Un caso ilustre de las profundas falencias que mantienen las instituciones del Estado en su obligación de dar garantías de seguridad a las mujeres, ha sido considerado el caso de Teresita Ponce, la joven de 28 años que resultó sin vida luego que Sebastián Vásquez, reo del penal de Puente Alto se fugara del recinto para perpetrar su secuestro en la comuna de La Granja. Hecho tras el cual la familia de la víctima interpuso una denuncia de presunta desgracia con lo que la PDI inició la persecución del captor.

El episodio culminó este miércoles en circunstancias que la policía interceptó al automóvil en que se trasladaba Vásquez en la ciudad de Copiapó, quien provocó una colisión. Los funcionarios hallaron a la joven de 28 años sin vida al interior del portaequipaje del vehículo mientras que el interno yacía en el asiento del conductor producto de un disparo que se auto infligió en la cabeza, lo que posteriormente le provocó la muerte en el hospital de la ciudad.

Según el relato de familiares de la víctima ambos llevaron una relación durante menos de cuatro meses sostenida principalmente por medio de redes sociales. Si bien Teresita sabía que el joven se encontraba privado de libertad, no tenía conocimiento que Vásquez cumplía una condena por homicidio calificado de su expareja, hecho ocurrido durante el 2012 cuando aún no estaba tipificado el delito de femicidio.

Por su buena conducta, al agresor se le había permitido desarrollar labores en el casino del personal de la unidad de Gendarmería y además contaba con el beneficio de salida desde julio de este año. Pese a ese diagnóstico, cercanos al joven dijeron haber advertido a la institución que Vásquez no estaba en condiciones de obtener permisos y que él además, celaba y hostigaba sistemáticamente a la víctima.

Tras el hecho, este miércoles Gendarmería informó sobre la destitución de uno de su funcionarios “dada la negligencia que implicó su actuar en el marco del trabajo de custodia que realizaba y que permitió la fuga de esta persona privada de libertad”. Lo anterior, sin perjuicio del sumario administrativo que se levantó para determinar otras responsabilidades, señalaron.

A raíz de este caso, este jueves la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, convocó a una reunión extraordinaria con representantes de todas las instituciones que conforman el Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) para efectos de “entender por qué tenemos que estar lamentando hoy día esta pérdida y para ver cómo podemos mejorar los protocolos y las herramientas que tenemos”, señaló.

“Hemos visto que hay espacio de mejora y nos hemos dado un plazo determinado para comenzar a incorporar herramientas que hoy día existen y que van a poder permitir mejorar los protocolos”, sostuvo, añadiendo que “en términos generales, se van a empezar a utilizar informes que tienen la perspectiva de género para analizar el perfil y la situación del agresor antes de poder definir si se le van a entregar permisos carcelarios“.

Mónica Zalaquett.

A eso agregó que solicitará una reunión con el Ministerio del Interior para avanzar en la entrega de información a familiares, policías y diferentes instituciones cuando personas “de estas características tengan libertad condicional o reciban permisos carcelarios”, para que así se puedan activar las instituciones correspondientes y se puedan adoptar las medidas de resguardo, explicó.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, agregó que la incorporación de nuevos instrumentos en la evaluación para el otorgamiento de permisos de salida, están específicamente vinculadas a riesgo de violencia contra parejas. “Vamos a profundizar en esos instrumentos y hacer las modificaciones pertinentes”, expuso al respecto.

Desde la vereda de las organizaciones sociales el caso da cuenta de la poca consideración que guardan las instituciones del Estado sobre la vida de las mujeres.

Así lo consideró Lorena Astudillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, condenó el hecho que Vásquez, siendo un femicida, haya tenido una serie de beneficios carcelarios tales como acceso a un celular con internet de forma permanente y permisos para salir durante los fines de semana, lo que sumado a la posesión del celular de la víctima y el porte del arma con la que se le encuentra, evidencia la absoluta vulnerabilidad en la que dejan las instituciones a las mujeres.

“Esto nos confirma y son más argumentos para lo que hemos dicho permanentemente, la vida de las mujeres en este país tiene muy poco valor para las instituciones. Se le dan beneficios a femicidas, a violadores y nosotros hemos insistido, los violadores y los femicidas no debieran tener ningún tipo de beneficio carcelario porque estamos hablando de delitos que nos afectan de una manera tremenda y luego viene el sistema, los condena pero además los premia porque tienen buena conducta, ese es el argumento ¿Buena conducta con quiénes? ¿Entre presos? a nosotras nos parece que tiene que instalarse de una vez por todas que la vida de las mujeres hay que darle el valor que corresponde”, aseveró.

Y es que los sujetos femicidas “son misóginos que piensan que las mujeres somos objeto”, indicó, lo que radica en un paradigma cultural que no es materia de rehabilitación al interior de los penales, recintos que además son lugares de permanente abuso a los derechos humanos que están lejos de cumplir alguna meta cercana a la re-educación, aseveró Astudillo.

“Nosotras esperamos que las políticas públicas apunten a que esos delitos no se comentan y no pensamos que la solución es encerrar a personas 20 años, 30 años, sino que la solución es que a las mujeres no nos maten y no nos violen y para eso se requieren otras políticas que son anteriores, que son educativas que tienen que ver con una educación no sexista, con la publicidad, con los medios de comunicación, con otras formas que tienen la institucionalidad y que podría comenzar a aplicar y estructurar de otra manera pero no lo hace”.

Lorena Astudillo. 

En este diagnóstico, la representante de la organización interpeló al Ministerio de la Mujer dado que la orientación y las medidas que orientan la administración hacen que sea absolutamente insuficiente en materia de derechos. En eso criticó la disposición reactiva de la cartera a los hechos de violencia de los que son víctimas las mujeres.

“A nosotras nos parece que el Ministerio de la Mujer en temas de violencia es una mala broma que se ríe en nuestras caras. Zalaquett sale dando declaraciones diciendo que las mujeres tenemos muchas expectativas en el ministerio, o sea, si no tenemos las expectativas ahí ¿Dónde? Cuando hay casos mediáticos salen después a dar apoyo pero ¿Qué han hecho ellas? ¿Qué políticas ha propuesto hacia los femicidas para prevenir? ¿Cuáles son políticas que han hecho? ¿Cómo han influido en los otros ministerios para que esto sea de una manera transversal? No hay nada, salvo una campaña ordinaria que todos los años dice: denuncia”.

En esa línea Astudillo aseveró que el ministerio debe tomarse en serio la vida de las mujeres, considerando que la respuesta de la cartera hacia los casos de suicidio femicida ha sido nula y que por otro lado en las eventualidades en que las mujeres se defienden y se salvan matando a de su agresor, son tratadas como delincuentes ante la completa enajenación de la secretaría de Estado.