Todos los años, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  (JUNAEB), es responsable de realizar uno de los procesos de licitación que más dinero contempla el Estado de Chile; la licitación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que permite entregar diariamente a sus beneficiarios, raciones alimenticias en desayunos, onces, almuerzos, cenas, colaciones, tercer servicio y raciones de emergencia. Es la entidad del Estado que dispone de la competencia,  los recursos financieros y  la supervisión de la eficacia de la política social, consistente en la alimentación de los niños y jóvenes del país en situación de desventaja social.

Sin embargo, en los últimos años hemos recibido en la Cámara de Diputados, una serie de denuncias respecto de la existencia de irregularidades en sus procesos de licitación, las que motivaron la constitución de una Comisión Investigadora el 2016, cuyos resultados  fueron  entregados a la Contraloría General de la República para que ejerciera sus funciones de control; generándose además la presentación por parte del Consejo de Defensa del Estado, de  una demanda por presunto fraude al Fisco.

Cada una de las entidades del Estado que han participado de estas acciones de fiscalización, han entregado una serie de indicaciones tendientes a mejorar las condiciones que influyen en estas  irregularidades, no sólo en los procesos de licitación de los servicios, sino que también en su provisión, tal como la propia Contraloría detectó en su fiscalización en terreno, que van desde problemas en el equipamiento hasta importantes pérdidas de alimentos.

A pesar de todas estas acciones de fiscalización y de las correcciones propuestas, hemos conocido algunos  antecedentes del actual proceso, donde se están repitiendo los mismos errores, lo que hace urgente  que sean tomadas  medidas  para que los actuales  procesos de licitación, efectivamente consideren no sólo lo que indican sus bases, sino que también el avance en la modernización y experiencia de las empresas con reconocimiento en el rubro.

Al parecer nuevamente estaríamos frente a  resultados que no se condicen con las bases y pareciera estar solamente primando el precio por sobre todos los demás factores. Existe preocupación por la concentración en pocas manos que nuevamente se estaría  produciendo, al igual que  años anteriores.

Hoy está  la posibilidad de que solo dos empresas controlen sobre el 60% de las raciones alimenticias en el país, considerando además que se repite  la estrategia por parte de algunas, de utilizar varios rut para postular a la misma licitación,  burlando lo establecido en las bases de licitación. A través de esta cuestionada fórmula,  postulan con distintas razones sociales para adjudicarse un mayor número de raciones.

Otro de los aspectos cuestionados, es la falta de cumplimiento en relación a la calidad de los procesos alimentarios y la distribución de las raciones. Nos preocupa que la variable precio y volumen concentrado, esté perjudicando la calidad de las materias primas; la logística; el respeto de la cadena de frío e influya en la flexibilización del control de las manipuladoras, entre otros temas.

Estimamos  que se trata de situaciones de carácter grave, en las cuales es necesario que una vez más la Contraloría General de la República  intervenga y pueda hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que se derivan de la repetición de estas irregularidades, con un criterio de mayor exigencia en relación a la fiscalización de organismos del Estado que manejan presupuestos tan altos como la JUNAEB.

Sergio Gahona – Diputado.