Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 27 de mayo de 2022

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Vocera Plataforma Chile Mejor sin TPP Lucía Sepúlveda: “Las corporaciones tienen atribuciones que vulneran nuestra soberanía”

La representante de la Red de Acción en Plaguicidas-RAP Chile, comentó sobre la propuesta de norma constitucional que buscan colocar en debate de la Convención Constituyente denominada “Aseguremos la soberanía de los pueblos en los TLC”. La idea es evitar que los acuerdos comerciales se superpongan al Estado y sus integrantes.

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  Viernes 28 de enero 2022 13:01 hrs. 
El TPP-11 y su posible ratificación han generado el rechazo de diversas organizaciones sociales y medioambientales, pero también de parte de académicos y especialistas. Foto: Archivo.

Terminar con la imposición de los acuerdos de libre comercio sobre el Estado y los pueblos que lo integran es el objetivo de la propuesta de norma constitucional “Aseguremos la soberanía de los pueblos en los tratados de libre comercio” con el número 33.662 que se puede encontrar en la plataforma Chile Convención.

Para la vocera de la Plataforma Chile Mejor sin TPP, la periodista Lucía Sepúlveda, se trata de cambiar el eje que permite a las corporaciones trasnacionales imponer sus condiciones una vez que se firman estos contratos y que terminan por llevar a los países ante un sistema de resolución de controversia que siempre están del lado de las compañías.

Sepúlveda indicó en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, que “los TLC no deben ser como hasta ahora. Las corporaciones tienen atribuciones que vulneran nuestra soberanía. El TPP y otros tratados que denominamos de segunda generación, han incorporado un sistema de resolución de controversia que es el que vulnera la soberanía”.

La representante de la Red de Acción en Plaguicidas-RAP Chile explicó que “cuando un inversor tiene una disputa con el Estado en el que ha invertido, en vez de ir a un tribunal como haría cualquier compañía acá en Chile que tiene un problema y demandarnos y someterse a la legislación nacional, estas corporaciones van directamente a un sistema de justicia internacional que en realidad no es muy justicia porque no son jueces, son paneles especiales con abogados que muchas veces son de las mismas corporaciones que se van rotando”.

Sepúlveda agregó que este “es un sistema que se llama internacional de resolución de controversias que es un remedo de justicia en realidad cuyas sentencias en general, cuando se lleva a estos países a estas cortes, son muy lesivas para los intereses de los estados”.

Lucía Sepúlveda indica que muchas veces los parlamentarios desconocen los alcances de los acuerdos que deben aprobar y que son apurados por los gobiernos de turno.

Lucía Sepúlveda indica que muchas veces los parlamentarios desconocen los alcances de los acuerdos que deben aprobar y que son apurados por los gobiernos de turno.

La periodista recordó que a partir de los acuerdos comerciales suscritos con diferentes países y bloques, Chile ya enfrenta cuatro demandas en este tipo de paneles, una de ellas por los retiros de fondos de pensiones determinados durante el transcurso de la pandemia del Covid 19.

“Esto está pasando ya por los tratados bilaterales de inversión que son una modalidad de tratados de comercio”, comentó Lucía Sepúlveda.

Los ajustes del TPP 11 y la importancia de asegurar la soberanía en la nueva constitución

Durante los últimos años han sido variadas las críticas al Trans-Pacific Partership, acuerdo comercial que sella una “nueva generación” de acuerdos comerciales con socios (o países) con los cuales Chile ya tiene tratados de este tipo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de establecer un nuevo tratado que incluya a todas estas naciones/economías?

El economista José Gabriel Palma y varios movimientos sociales preocupados del tema, explican que se trata de reforzar el poder de las corporaciones para reclamar ante lo que el docente de la Universidad de Santiago y de Cambridge califica como los tribunales Mickey Mouse o “el remedo de justicia” como señaló Lucía Sepúlveda en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile.

Por ejemplo, si el Estado chileno decide subir el salario mínimo, las empresas extranjeras podrían denunciarlo por el cambio de las reglas del juego; o en el caso del consumo de alcohol y tabaco, las importadoras de estos productos se podrían quejar ante las instancias creadas para defender sus intereses. Es más: en caso que se aprobara el TPP 11 antes que el royalty minero, las mineras de capitales extranjeros podrían acusar a Chile y exigir el pago de compensaciones, provocando que el Estado reciba los recursos del gravamen, pero teniendo que restituirlos a las propias compañías que explotan los yacimientos.

“El TPP incorpora esa resolución de controversias basada en el sistema que nos lleva a tribunales. Nosotros pensamos que eso debe terminar y que cuando Chile se apreste a firmar tiene que revisar, ponerle una condición a las corporaciones que inviertan. Obviamente necesitamos que el país tenga inversión, pero quien tiene que resguardar eso es el país para que así nuestras leyes puedan salir adelante y no se vean obstaculizadas por estas corporaciones”, advirtió Lucía Sepúlveda.

La vocera explica además que “cuando se cambia un sistema y a ellos no les gustan los cambios de las reglas del juego, te llevan a este tipo de tribunales y le hacen pagar muy caro a los estados que osan cambiar su legislación. Lo que buscamos con esta iniciativa popular de norma es asegurar la soberanía, en qué sentido, en que podamos darnos las leyes que los pueblos decidan”.

La periodista indicó que si bien es necesario para el dinamismo de la economía la inversión interna como externa, esto debe hacerse además con información a la gente y también al Parlamento en donde sus integrantes muchas veces desconocían los alcances de los tratados que debían aprobar de manera acelerada por las urgencias legislativas que imponían desde los gobiernos de turno.

“Antes qué ocurría, era todo una especie de fast track, es decir que se votaban rápidamente y no había ocasión para que la gente supiera a qué nos estábamos comprometiendo y qué impacto iba a tener esto en el futuro. De manera que en todo el proceso esperamos información y cuando llegue el momento final de la ratificación (…), incorporamos una norma que la ley defina con cuántas firmas, pero con un número de firmas, un procedimiento de petición al Ejecutivo, se establezca un llamado a plebiscito ratificatorio para este tipo de tratados de comercio y de libre inversión”, subrayó Sepúlveda.

A esto se agrega la posibilidad de que en la próxima constitución se establezca el carácter plurinacional del Estado chileno, algo que obligará a que cada modificación que se haga de las normas deba pasar por una consulta a los pueblos originarios como establece el Convenio 169 de la OIT.

“Las reglas van a cambiar absolutamente y esto va a marcar las relaciones internacionales, va a marcar los tratados de libre comercio y de libre inversión”, precisó.

Hasta este viernes 28 de enero, la iniciativa de norma constitucional contaba con poco más de 4 mil 200 apoyos de los 15 mil que requiere para ser discutido en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constituyente que tiene abierto el proceso de respaldo hasta el próximo día martes 1 de febrero.