Hace pocos días terminó el proceso de recolección de firmas de las iniciativas populares de norma, uno de los mecanismos participativos de la Convención Constitucional. De las 2.495 iniciativas registradas, el 3% alcanzó el umbral de firmas solicitadas, es decir, 77 propuestas activadas por la población, entre ellas 60 fueron propuestas por organizaciones y 17 por personas. La mayoría de las iniciativas (60%) se inspiran en derechos fundamentales y tocan asuntos como derechos sexuales y reproductivos, educación, salud y libertades individuales.

Por primera vez en Chile se establece una institución de participación de este tipo y, a pesar del largo camino que queda para involucrar a la población en las decisiones públicas, un millón de personas se hizo parte apoyando alguna iniciativa. Por lo anterior, es posible comenzar a vislumbrar que los mecanismos de participación popular son de interés para la población y serán necesarios para las aspiraciones de las nuevas formas de hacer política. En esta línea parece fundamental destacar dos puntos:

1. Dado que la confianza sobre las instituciones de la democracia representativa vive un descenso notorio, los mecanismos de democracia directa pueden amortiguar la desafección en el sistema y activar el involucramiento de las personas en los asuntos públicos.

2. Este es un momento crítico para grupos que han sido marginados históricamente del poder político, como es el caso particular de las mujeres. En esta etapa se podrá observar cómo algunas demandas históricas, tales como el aborto legal, que han sido activadas desde la misma ciudadanía, podrán o no ser encauzadas a través de instituciones participativas. Una vez ingresadas las iniciativas populares a las comisiones correspondientes de la Convención Constitucional y se vean sus resultados, se abrirán preguntas sobre si estas formas de participación son suficientes para la ciudadanía. Esta es una oportunidad para evaluar si la acción política “desde abajo”, metabolizada por la institucionalidad, puede realmente incidir y significar un cambio sustancial en la vida de las personas y particularmente de las mujeres, lo que tendrá un impacto inevitable en su participación política posterior.

A pesar de que todavía existe una brecha de género importante en participación política, las mujeres se movilizaron en esta fase del proceso constituyente, presentando iniciativas de manera individual y como representantes de organizaciones, alcanzando el 37,6% de las iniciativas que obtuvieron las 15 mil firmas. Respecto a esto, aunque hay evidencia de que las herramientas de democracia directa pueden ser utilizadas por ciertos grupos para restringir los derechos de grupos excluidos, también la hay en relación a que estos mecanismos pueden producir comportamientos positivos en la participación de quienes han sido excluidos al posibilitar su incidencia en las decisiones políticas, generando un efecto sostenido y de largo plazo. Mucho depende del diseño y la ejecución de los mecanismos para obtener estos resultados y que refieren a una regulación clara; lo que es admisible y no,  quiénes pueden activarlas, los plazos para recolección y si son vinculantes o no, son algunos de los elementos principales.

Quedan desafíos para mejorar esta herramienta, como la generación de mecanismos para que las personas puedan informarse y participar de manera presencial, y especialmente, construir una visión de la participación popular donde el objetivo no solo sea la aplicación de un mecanismo y la obtención de insumos de la ciudadanía, sino que exista un proceso  virtuoso de aprendizaje, retroalimentación y avance hacia una cultura política con mayor participación y real incidencia de la ciudadanía en las decisiones políticas.